Fiscál General.
Con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, el tribunal de apelaciones dispuso profundizar la investigación sobre la vicepresidenta, que seguirá a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
El bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura denunció que la intromisión de los supremos –quienes consideran jubilada a la jueza– es una "contravención al orden público". Hubo reunión en el máximo tribunal penal, pero no se habló de la vuelta de Figueroa.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi aceptaron a través de una resolución incluir como querellante a la Asociación Civil Bases Republicanas, integrada por exfuncionarios de Macri. El voto en disidencia de Eduardo Farah.
Los organismos que actúan como querellantes en la parte de la investigación aún en instrucción respondieron en sintonía con el fiscal Guillermo Marijuan que la Vicepresidenta debe ser desvinculada de manera definitiva en esta investigación.
El ex titular de la UIF aseguró que había presentado indicios para mantener la acusación contra la Vicepresidenta en la ruta del dinero
Por: Mario Wainfeld. El mensaje de Cristina. La muchedumbre como protagonista. República y alternancia: debates y falacias. Las intromisiones de la Corte. Jaque al federalismo en Formosa. Democracias degradadas en el vecindario. Respuestas de las fuerzas populares en Brasil, Bolivia y Argentina: participar en desventaja. La necesidad de militar, de convocar, de crecer.
Es una escalada del conflicto menos pensado. Ayer la UTEP realizó una masiva asamblea en el Obelisco Porteño y anunciaron un “plan de Lucha”. La ministra Victoria Tolosa Paz recibirá a los dirigentes que pertenecen al Frente de Todos la próxima semana
Tras conocerse la decisión, Unidad Piquetera levantó la protesta frente al ministerio por el retraso en el pago que debió comenzar este lunes y exigir un bono de fin de año y que el programa no se desenganche del Salario Mínimo. Las organizaciones sociales de izquierda y cercanas al oficialismo cuestionan ciertos parámetros tomados por la cartera para las bajas y se podría tensar la relación con el Gobierno.
La disputa entre los funcionarios y las organizaciones sociales. Demoras en la liquidación del programa Potenciar Trabajo y debate sobre su alcance. Unidad Piquetera se moviliza este martes y la UTEP, el miércoles.
La medida está supeditada a una posterior auditoría sobre las irregularidades detectadas por la AFIP. La ministra Victoria Tolosa Paz solicitó la autorización a la justicia para evitar medidas de fuerza por parte de los movimientos sociales oficialistas. La última palabra la tiene el juez Ariel Lijo
La Justicia expuso el desmanejo por los planes sociales. Quedaron en la mira dirigentes sociales. El informe de la AFIP que no dice lo que dice.
El jefe de Gabinete debía presentarse hoy, pero lo hará recién el miércoles por temas vinculados a su agenda política. El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, sí prestará hoy declaración testimonial
Tanto el Ministerio como la Justicia debieran poder demostrar dos cosas muy distintas. Por un lado, si hay beneficiarios que cobran un plan cuando no lo necesitan; y, en la medida de lo posible, quién autorizó su ingreso.
Emilio Pérsico, el funcionario y dirigente social que maneja ese programa, fue el más beneficiado. El reparto de la “cajas” entre La Cámpora y los movimientos oficialistas
Realizó una investigación preliminar sobre los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y pide que se investigue a los que cometieron delitos. Alguno de ellos tenían hasta servicio de prepaga
Victoria Tolosa Paz puso fin a las auditorias presenciales que se realizaban sobre el programa dispuestas por su antecesor Juan Zabaleta. Las reemplazará por una “validación virtual personal”. Trabajan a destajo para responder un oficio de la Justicia para conocer la identidad de los beneficiarios que habrían comprado dólares
En el kirchnerismo y tribunales se habla de la posible exhibición de documentos con la firma de Máximo y Lázaro Báez como una manera de empujar un fallo de Casación que reabra Hotesur.
El ministro del Interior aseguró que el gobierno trabaja en un proyecto para que las provincias y municipios administren los planes. De esa forma, se eliminan a los “intermediarios”.
El ex secretario de Transporte recibió una pena de ocho años de prisión, mientras que al ex ministro le correspondió una de cuatro años. Las sentencias corresponden a varios juicios, entre los que se destacan la investigación de la compra de trenes a España y Portugal
Hoy se cumple un nuevo aniversario del incendio del depósito en Barracas, donde se quemaron documentos de empresas investigadas por lavado de dinero, incluidas firmas de la familia Macri.
La ex secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008 fue encontrada culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por haber utilizado fondos del Estado para gastos personales. Fue inhabilitada para ejercer cargos públicos
La jueza María Servini citó a Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a declarar como testigo en la causa en la que se investiga a una asociación ilícita que se dedicó a hostigar a los accionistas del Grupo Indalo. Se trata de la causa en la que está prófugo y con un pedido de extradición el operador del macrismo Fabián "Pepín" Simón.
El dato se desprende de una ampliación de denuncia que formularon los diputados Tailhade, Moreau y Valdés.
Había sido impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, por una disposición de Oscar Parrilli para dar con el paradero de Antonio "Jaime" Stiuso, cuando el actual senador era el titular de la Agencia Federal de Inteligencia.
El canciller dijo que "nadie tiene la información precisa de qué pasó". La empresa ahora promete cumplir con la entrega en el primer semestre.
Fue primicia de LPO. La causa está radicada en el juzgado de Ercolini. Analizan la figura de "defraudación al Estado". Por la vacuna de AstraZeneca habrían cobrado 60 millones de dólares y no llegó ni una.
La denuncia presentada en la justicia federal incluye datos sobre el contrato que firmó el Gobierno, por el que habrían pagado unos 60 millones de dólares.
El juez Sebastián Casanello descartó la existencia de delito al sostener que no hubo irregularidad en las contrataciones de las empresas y que los precios correspondían al valor medio de mercados mayoristas. También fueron exonerados Gonzalo Calvo y los demás funcionarios que renunciaron a raíz del escándalo.
Victoria Donda fue imputada por la Justicia Federal, quien la investiga por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta debido a que fue denunciada por intentar darle un puesto en el INADI a la empleada doméstica que trabajaba en su casa.
Su defensa deberá depositar una caución de $632.500.000. También le colocarán una tobillera electrónica y se deberá presentar en Tribunales cada 15 días