Juez federal porteño. Actualmente, investiga al vicepresidente Amado Boudou en la causa de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y lleva adelante su causa.
En 2004 se convirtió en juez federal tras pasar el primer concurso que hizo el Consejo de la Magistratura con el objetivo de renovar los tribunales que tramitan causas de corrupción.
En septiembre de 2004 Lijo juró ante el entonces presidente Néstor Kirchner como magistrado junto al hoy desplazado de la causa Ciccone, Daniel Rafecas; Julián Ercolini (uno de los que hoy podía haber sido elegido sucesor de Rafecas) y al actual ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro. En esa jura también se convirtió en camarista federal Eduardo Freiler, entonces fiscal y hoy uno de los magistrados que separó a Rafecas de la causa Ciccone.
Es padre de dos hijos y está casado en segundas nupcias. Encabeza el juzgado federal 4 de la Capital Federal.
La Cámara Federal realizó hoy un sorteo manual para la subrogancia del tribunal que durante dos décadas estuvo bajo la órbita de Canicoba Corral. Asume el 5 de octubre
Un total de 49 legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, por no aceptar la ruinosa oferta del Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri, para saldar su multimillonaria deuda con el Estado Nacional. La presentación lleva las firmas de Jorge Enríquez, Fernando Iglesias, Esteban Bullirch, Waldo Wolff, Humberto Schiavoni, Paula Oliveto y otros. La respuesta de Zannini.
La Cámara Federal habilitó a la Procuración General del Tesoro, presidida por Carlos Zannini a acceder a la pericia clave de la causa para determinar las responsabilidades de los acusados en la causa penal de Correo.
Se trata de un relevamiento técnico solicitado a expertos de la Facultad de Ciencias Económicas que le permitirá al juez Ariel Lijo comenzar a definir la situación procesal de los ya indagados en el caso, entre ellos el exministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad.
Se trata de un segundo informe clave incorporado a la causa penal del Correo. La pericia coincide con la estimación de la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín, que había advertido en su momento que el acuerdo perjudicaba al Estado.
El ex presidente difundió una carta repleta de argumentos muy parecidos a los que agita su archienemiga Cristina Kirchner, cada vez que la Justicia toma una decisión que no le gusta. Por Ernesto Tenembaum.
Pese a que Macri dijo que no intervino en la causa hubo al menos una reunión en la Casa Rosada con Clusellas, el secretario Legal y Técnico. No figura en los registros públicos. Fue justo cuando armaban la condonación de más de $70.000 millones a la familia Macri.
Martín Sabbatella fue condenado por la Cámara de Casación, acusado de “abuso de autoridad” por haber intentado que el grupo Clarín se adecuara a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Distintas organizaciones políticas y gremiales de la zona expresaron su apoyo al ex titular de la AFSCA y repudiaron que continúe la persecución a dirigentes del kirchnerismo.
La sentencia en contra del exfuncionario fue confirmada por la Cámara de Casación.
Hubo quien llegó a afirmar que había dos mesas: “la de los martes”, que era meramente para conversar sobre estrategias jurídicas y “la de los jueves”, que tenía fines non sanctos.
Hace 4 años que el juez Lijo tiene la denuncia penal contra Macri y ni siquiera lo llamó a indagatoria. Insiste en hacer y revisar peritajes para demorar el expediente. Mientras Macri presiona a la jueza Cirulli, pronta a decretar la quiebra de la empresa.
Ocho personas, entre ellas varios niños, fueron rescatados de talleres clandestinos situados en el barrio porteño de Parque Chacabuco, en donde realizaban jornadas laborales de 12 horas, en condiciones insalubres, de hacinamiento y falta de higiene.
La Policía Federal encontró en Mar del Plata un laboratorio clandestino en donde se producía dióxido de cloro como “solución mágica” contra el coronavirus.
Alos jueces de Comodoro Py, en el entorno del expresidente Mauricio Macri, los llaman "los equilibristas". Con la llegada del Frente de Todos al poder, algunas decisiones de la Justicia son leídas por la política como mensajes de inusual dureza contra el Gobierno y, en cambio, el avance de las causas que complican a la gestión anterior se ven como ataques que buscan destruir a la oposición.
La directora del Pami, Luana Volnovich, aseguró hoy que no quiere creer que la exclusión de la obra social de los jubilados en el operativo de vacunación contra el coronavirus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haya debido a "razones políticas".
Desde el entorno del jefe de Gobierno aseguraron que fue un buen gesto para la campaña de vacunación. Otros, más alejados, lo vieron como una marcada de cancha.
El juez federal Ariel Lijo, que quedó a cargo de la investigación de las denuncias contra el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós.
La imputación también se extiende al ministro Quirós. El requerimiento lo hizo el procesado fiscal Stornelli, que también pidió allanamientos en el Ministerio de Salud porteño.
La denunciante Natalia Salvo también incluyó en el texto a Fernán Quirós. La práctica que facilitar vacunaciones de privilegio infringe el artículo 248 del Código Penal, que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario público si es condenado.
La presentación apunta a que el jefe de Gobierno firmó convenios con establecimientos privados para privilegiar a sus socios por sobre los grupos prioritarios.
El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri
Un sector pide ir a fondo contra Comodoro Py pero choca contra otro que pide trabajar en acuerdos para hacer cambios en la Justicia.
La bicameral se lo entregará el miércoles. La versión final sumó al caso Maldonado y un convenio de Bullrich con Israel. Cruce entre Parrilli y Cano.
La bicameral de fiscalización de inteligencia presentará la auditoría este lunes. El ex presidente del máximo Tribunal podría ser acusado por exceso de atribuciones y adulteración de documentos.
Por: Carlos Pagni
Se trata de la ex gerente de Recursos Humanos del PAMI, María Alejandrina Arrouzet, quien es investigada junto al ex titular del organismo, Luciano Di Cesare, por la presunta liquidación ilícita de 1.300.000 al primero, en concepto de vacaciones no gozadas.
A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:
Es de unos $420.000 mensuales. En la Justicia consideran que la condena por Ciccone no influye en que pueda seguir cobrándola.
El actual mandatario enumeró las “mentiras” con las que “pretendió defenderse” el exvicepresidente de Cristina Kirchner en una columna publicada en La Nación.
