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FRANCO MIZRAHI

La persecución y hostigamiento contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien comanda al principal partido opositor al gobierno de Javier Milei y fue detenida y proscripta para toda su vida en una causa emblemática del lawfare, no cesa. Este lunes, el fiscal Diego Luciani y su adjunto Sergio Mola apelaron la prisión domiciliaria que el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 le concedió a CFK al ejecutar la condena en el caso Vialidad. ¿Qué pidieron Luciani y Mola? Que se envíe a la dos veces presidenta a una cárcel común algo que no piden ni para los genocidas. También cuestionaron la actividad política que está teniendo la actual presidenta del PJ y reclamaron que en caso de rechazar su planteo “se revea el lugar donde Fernández cumple la prisión domiciliaria, a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones”. Si esto no prospera pretenden que se le impongan “normas estrictas de control” donde actualmente cumple la pena a 6 años de prisión. Una muestra más del ensañamiento y falta de objetividad de estos dos fiscales.

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¿Quiénes deben resolver este pedido? Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de los dos magistrados que, como reveló El Destape, visitaban en secreto a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada cuando era el líder del PRO era mandatario (Borinsky se reunía a jugar al padel y Hornos reconoció ante sus colegas mantener con el expresidente una “relación social”). A ellos se suma Diego Barroetaveña, que fue designado en el máximo tribunal penal del país por Macri.

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La condena de CristinaLos fiscales Luciani y Mola pidieron revocar la domiciliaria de CFK

“Azares” de la vida político-judicial: Borinsky coincidió con el procurador general interino Eduardo Casal –el jefe de todos los fiscales-, en la fiesta que hizo la embajada de los Estados Unidos por el 249º aniversario de su independencia el pasado. De acuerdo a Infobae también fue parte del evento el fiscal Mola. Es decir, coincidieron en la fiesta el fiscal que pide cárcel para CFK y el juez de Casación que ahora debe analizar su planteo. Como si eso fuera poco también estuvieron el juez que instruyó el caso Vialidad, Julián Ercolini, y uno de los tres del TOF 2 que dictó sentencia contra CFK en el mismo proceso, Andrés Basso. Todo esto podría ser anecdótico si no fuera porque Estados Unidos es señalado como titiritero del lawfare en la región. Según el ex ministro de la Corte de Justicia y la Corte Interamericana de DDHH, Raúl Zaffaroni, las razones detrás de la condena de CFK hay que buscarlas en el país del norte.

Luciani y Mola piden cárcel para CFK: los insólitos argumentos

En un escrito que presentaron este lunes ante la Cámara de Casación, los fiscales Luciani y Mola apelaron la domiciliaria que el TOF 2 le otorgó a CFK y que la expresidenta cumple en el domicilio de San José 1111. Los representantes del Ministerio Público Fiscal buscan que la expresidenta sea trasladada a una cárcel común. Si eso no sucede pretenden que sea enviada a otra vivienda o sea mucho más controlada por la Justicia donde cumple la pena.

“Este Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”, utilizaron como fachada estos dos fiscales para seguir su persecución judicial contra CFK. Ni con los genocidas piden medidas semejantes.

Luciani y Mola agregaron, además, que a su criterio en el caso de la domiciliaria otorgada a Cristina “no se verifican las causales que habilitan el acceso a ese instituto”. Es decir, en el ensañamiento que tiene para con CFK consideran que no le corresponde. Poco les importa que haya sido 2 veces presidenta, haya sufrido un intento de asesinato y tenga más de 70 años. Eso sin mencionar que la condena es absolutamente ilegal, tal como lo definen prestigiosos juristas. Para Luciani y Mola, CFK podría cumplir su pena de 6 años de prisión en “un alojamiento individual”. El TOF consideró que es una medida que aísla a la expresidenta y es perjudicial. Luciani y Mola dicen que el alojamiento individual no es aislamiento y veneran esas modalidad: “El ‘alojamiento individual’, lejos de producirle un perjuicio al interno, constituye una condición beneficiosa respecto del resto de la población carcelaria. Además, en el caso concreto de Cristina Fernández, mitiga todo tipo de riesgo o vulneración de su entorno de seguridad, tal como lo indicó el Ministerio de Seguridad en su informe. Ciertamente, la persona alojada en condiciones semejantes goza de mayor seguridad, intimidad, privacidad y mejores condiciones de habitabilidad que las demás”, afirman sin temor al ridículo.

Para estos dos fiscales “la prisión domiciliaria concedida en la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal de ejecución desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia condenatoria”.

En el escrito de 33 páginas que suscribieron se cuestiona al TOF 2 también por haber otorgado 5 días hábiles a Cristina para presentarse en Comodoro Py para estar a Derecho y quedar detenida. “Este insólito plazo otorgado, dado que hubo un fin de semana y un feriado, se convirtieron en 8 días (algo nunca visto)”, aseguraron en una nueva sobreactuación de su parte.

En esa línea, cuestionaron la actividad política que está teniendo quien es presidenta actual del PJ:  “¿Qué expectativas reales de resocialización, readaptación o reinserción pueden esperarse, a la luz de los acontecimientos públicos y notorios (tumultos y afrentas a la jurisdicción perpetradas, incluso, por la propia persona condenada) que han tenido lugar desde el mismo momento en que se le concedió el beneficio excepcional de la prisión domiciliaria (al que esta fiscalía se opuso) y en el mismo lugar que el tribunal consideró idóneo para el cumplimiento de esa prisión morigerada (la vivienda de la calle San José 1111, piso segundo, departamento ‘d’ de esta ciudad)?”. Y se preguntaron: “¿Puede la pena, ejecutada bajo estas condiciones irregulares, considerarse como un instrumento estatal útil y eficaz para la consecución de los fines sociales que se propone?”. También sostuvieron que “la tranquilidad del barrio y de los vecinos” se vio “avasallada”. Por lo que piden que si se rechaza la cárcel común sea trasladada a otra vivienda o sea más controlada.

El posicionamiento de estos dos fiscales no debiera sorprender. Son los mismos que impulsaron la acusación de la expresidenta durante el juicio sin pruebas que la comprometieran y pidieron su detención inmediata apenas la Corte dejó firme la condena, unos días después de que Cristina anunciara que sería candidata en las elecciones legislativas de este año. La Corte no tenía plazos para expedirse sobre el caso pero decidió hacerlo inmediatamente después de que CFK hiciera su anuncio. Por la velocidad de su fallo en Vialidad, los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron denunciados en Comodoro Py por prevaricato. El caso quedó radicado en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, uno de los candidatos del gobierno para el Alto Tribunal cuyo pliego fue rechazado en el Senado.

El acusador y los jueces, de fiesta en la embajada

El pasado 25 de junio en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se realizó se realizó el encuentro “Causa Vialidad: la proscripción por vía judicial y sus implicancias para la democracia”. Allí disertaron prestigiosos juristas como Gustavo Ferreyra, Alejandro Alagia, Valeria Thus y Marisa Herrera . El cierre estuvo a cargo de Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de DD.HH.

Zaffaroni cerró el encuentro con una ponencia de análisis político-judicial. ¿Qué dijo sobre la condena de CFK en la causa Vialidad? “Esto no es local, esto no es Magnetto (CEO de Clarín), esto no es Milei, esto es el lawfare de toda nuestra región. Esto viene antecedido por Pedro Castillo preso en Perú, destituido irregularmente; esto viene precedido por la invasión a la embajada mexicana en Quito y el secuestro de Jorge Glas (entonces vicepresidente de Ecuador); esto viene precedido por lo que pasó con Evo Morales, incluso por la tentativa de homicidio a Evo; esto viene precedido por el antecedente de Lula en Brasil; y podría seguir. Esto es una cuestión regional, que responde a nuestra posición geopolítica subordinada en el mapa de poder de este colonialismo financiero que estamos sufriendo. Cada uno de estos hechos tendrá la particularidad de los pequeños datos folklóricos locales”, consideró. La referencias es a la influencia de los Estados Unidos en "su patio trasero".

Según Zaffaroni, en la Argentina se está agregando, a diferencia del resto de los casos, “que no tenemos Poder Judicial”. Para el prestigioso jurista en los tribunales argentinos para condenar a CFK “hubo obediencia a la Master’s voice que no era local, es regional. Nos estamos enfrentando en una disyuntiva claramente regional que es colonialismo o resistencia al colonialismo”, añadió el exministro cortesano. Y se refirió al caso “Cuadernos” que ocurrió en Ecuador también y es similar al que tramita en la Argentina. Zaffaroni sabe de lo que habla. Junto a  Gustavo Ferreyra –especialista en Derechos Constitucional y también disertante del panel que se realizó en la UBA- representó legalmente a Evo Morales en la avanzada que hubo en su contra.

No parecen casuales las palabras de Zaffaroni. El día anterior a su discurso en la Facultad de Derecho de la UBA se dio un evento que, a juzgar por quienes participaron, refuerza sus palabras: el 24 de junio en la embajada de los EE.UU en la Argentina se celebró un nuevo aniversario de la independencia estadounidense. Se adelantó el festejo, en el que como es habitual hubo muchos funcionarios del gobierno de Milei, empresarios, diplomáticos e integrantes del Poder Judicial. Pero no estuvieron todos los integrantes del tribunales sino un grupo bastante particular.

Según se desprende de la galería de fotografías que difundió la propia embajada y a otra que publicó Infobae, estuvieron, entre otros:

Julián Ercolini, el juez que instruyó el caso Vialidad y fue uno de los invitados de dos ejecutivos de Clarín a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido (el CEO del multimedios Clarín estuvo también en la celebración que realizó la embajada).

 Andrés Basso, el magistrado que integra el TOF 2 que condenó a Cristina en la causa Vialidad.

 Según publicó Infobae, también estuvo Sergio Mola, el fiscal adjunto del juicio que ahora pidió que la Cámara Federal de Casación Penal envíe a la expresidenta a una cárcel común.

 El procurador general interino Eduardo Casal, jefe de Mola, Luciani y todos los fiscales, quien pidió a la Corte que incluya el delito de asociación ilícita en la condena de Vialidad, lo que hubiera llevado la pena de Cristina de 6 años a 12 años de prisión.

 Mariano Borinsky, el juez que se reunía a escondidas con Macri en la quinta de Olivos antes y después de fallar en causas de lawfare –con la excusa de jugar al padel con el entonces Presidente-. Es quien confirmó la sentencia de Vialidad del TOF 2 junto a Hornos y Barroetaveña y quien debe ahora expedirse sobre el pedido de Luciani y Mola de revocar la prisión domiciliaria de CFK.

Esa misma sala de Casación también debe expedirse sobre el pedido de la defensa de Cristina, que realizan los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, de revocar la decisión del tribunal de obligar a CFK a pedir permiso para mantener una reunión que no sea de su círculo íntimo familiar o sus abogados. Y más temprano que tarde también tendrá que resolver si le quitan o no la tobillera electrónica a la expresidenta, un elemento innecesario que los jueces del juicio ordenaron colocar con el solo hecho de intentar humillar a Cristina. El trámite sobre ese elemento aún no fue elevado a Casación. Pero, como toda apelación de una u otra parte, pronto llegará. Y los jueces que se reunían con Macri deberán resolver. Lo que refleja el grado de obscenidad que reina en el caso Vialidad.