Pablo Dipierri

La Corte Suprema pareció hacer un ejercicio de equilibrio político luego de confirmar la condena contra Cristina Kirchner y emitió un fallo contra Mauricio Macri, a quien la ex presidenta acusa de ser quien influyó en los magistrados para que la condenen, impidiéndole ser candidata.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazó la recusación que planteó el ex presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, contra los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, miembros de la Cámara Federal porteña.

El vaciamiento del Correo es la causa que más preocupa a Macri y pese a los largos años que lleva de trámite, no ha tenido avances importantes, como todas las acusas que enfrenta el ex presidente, como el contrabando de autos, los parques eólicos o el capítulo de la causa cuadernos del Paseo del Bajo. Por eso, Cristina aduce que la Justicia se maneja con criterios políticos y recuerda la cercanía de Macri con jueces y fiscales federales.

De hecho, la Corte en un fallo de seis meses atrás favoreció a Macri al resolver que sea el Tribunal Superior de Justicia porteño el que defina la causa Correo. Ese tribunal está integrado  por cuatro jueces macristas y uno vinculada al viejo Frente Grande. "Esa es la parte comercial y esta decisión es la parte penal", argumentó una fuente judicial para distinguir ambos caminos.

Fuerte rechazo de la Cámara Civil al fallo de la Corte que benefició a Macri en la causa Correo

En efecto, los camaristas Farah y Boico deben resolver la causa Correo, que afecta directamente a la familia de Mauricio Macri, después que la fiscal Gabriela Boquín detectara que en su gobierno de Macri pretendió llegar a un acuerdo por la causa Correo para eludir la convocatoria de acreedores, con una cancelación de una deuda en la que el Estado aceptaba licuar el 98,87 por ciento del pasivo.

En su momento, la fiscal Gabriela Boquín detectó que en el gobierno de Macri se pretendió llegar a un acuerdo por la causa Correo para eludir la convocatoria de acreedores, con una cancelación de una deuda en la que el Estado aceptaba licuar el 98,87 por ciento del pasivo.

Los abogados de la familia Macri alegaron que Farah fue uno de los jueces que denunció presiones del gobierno macrista para sacarlo de la Cámara Federal después de haber firmado las excarcelaciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa en marzo de 2018. Las objeciones contra Boico fueron que antes de ser juez, fue defensor de Cristina Kirchner. La causa tiene "claro contenido político" y busca "poner de rodillas" a Macri, plantearon.

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron el planteo porque "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".

La Cámara Federal había desestimado el planteo de recusación en contra de dos de sus integrantes pero, luego, refrendó la misma postura la Cámara de Casación Penal, en un fallo unipersonal del juez Javier Carbajo. "Más allá de la señalada disparidad entre la pretensión incoada y la decisión en jaque, la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado", contestó Carbajo.

La causa penal tramitó en su momento ante el juzgado de Ariel Lijo y su negativa a cerrarla es uno de los motivos por los que Macri rechazó apoyar su postulación a la Corte Suprema.

Boquín señaló en febrero de 2017, en base a los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que el acuerdo que impulsaba Macri desde el poder, equivalía a "una quita de más de 4 mil millones de pesos en aquel momento y más de 70 mil millones a 2033". Y agregó que se trataba de "una condonación abusiva" de la deuda.

Además, planteó que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta "que directa o indirectamente beneficie" a familiares del presidente de la Nación.

La causa tramitó ante el juzgado de Ariel Lijo y su negativa a cerrarla es uno de los motivos por los que Macri rechazó apoyar su postulación a la Corte Suprema.

En esta causa están imputados el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, además de Cibils Robirosa y Kleidermacher.

Lijo indagó a los cuatro en marzo de 2019. Las presiones de Macri al juez quedaron bastante en evidencia. El diario La Nación publicó en noviembre de 2017 que Macri se reunió con su ministro de Justicia, Germán Garavano, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y el operador judicial Daniel Angelici para desactivar una citación del Consejo de la Magistratura al hermano de Lijo, como parte de una supuesta "tregua" que habían alcanzado con el juez. Pero lo cierto es que Lijo nunca cerró la causa como pretendía el ex presidente.

Ahora, los imputados en la causa Correo deberán atenerse a la resolución de Farah, Boico y Martín Irurzun, el tercero de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal porteña.