Federico González del Solar

La Corte Suprema rechazó este viernes un recurso de queja de Correo Argentino S.A -manejada por la familia del expresidente Mauricio Macri- con la que se intentaba apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo que alcanzó la firma con el gobierno de Cambiemos en 2016.

La decisión del máximo tribunal se dio una semana después de haber dejado firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad.

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El presidente de Correo Argentino S.A, Jaime Cibils Robirosa, y su representante legal, Jaime Kleidermacher, ambos imputados en el expediente, recusaron a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico al sostener que ambos magistrados guardan una “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri” y que la causa, en general, busca “poner de rodillas” al expresidente.

El juez Eduardo FarahArchivoEl camarista Roberto BoicoCaptura de Pantalla

El planteo fue primero rechazado por la Cámara de Casación con la decisión del juez Javier Carbajo, quien sostuvo que el temor de parcialidad no estaba fundado.

Tras ello, Robirosa y Kleidermacher fueron en queja ante la Corte Suprema, que se expidió ayer y rechazó el planteo por no referirse a una sentencia definitiva.

Una sucursal del Correo ArgentinoUnánime

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal; por ello, se desestima la presentación directa”, dice la resolución firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

En el expediente también están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, y al extitular de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Manuel Mocoroa, por participar ambos del acuerdo firmado en 2016, que incluía la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de una deuda que la firma acarreaba desde su estatización en 1997.

Oscar Aguad, con Mauricio MacriArchivo

El acuerdo de 2016 fue denunciado como “abusivo y ruinoso” por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, que debió revisar la propuesta de la firma que aceptó el ministerio de Comunicaciones.

La fiscal Gabriela BoquínNA

“La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”, sostuvo en su dictamen.

Y agregó: “La transacción aceptada -a más de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible– podría implicar un beneficio directo para la concursada [Correo Argentino], en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían indirectos intereses económicos directos o indirectos".

En el dictamen se detallaba que casi el 70% del paquete accionario de Correo Argentino S.A. pertenecía a Sideco Americana S.A.4, controlada a su vez por Socma Americana S.A, titular del 95,1% de las acciones.

El grupo de la familia Macri contó con la concesión del Correo entre 1997 -año en que fue privatizada- y 2003, cuando el expresidente Néstor Kirchner rescindió el contrato y la volvió a estatizar, al sostener que la empresa había incumplido de manera sistemática con el pago del canon desde poco después de iniciada su gestión.

Mauricio Macri y Néstor Kirchner, cuando se reunieron en la Casa RosadaArchivo

En el ínterin, en septiembre de 2001, la empresa entró en concurso preventivo. Casi 20 años después, la jueza Marta Cirulli, del fuero Comercial, declaró la quiebra de la empresa.

La causa por las irregularidades en el acuerdo alcanzado en 2016, presuntamente favorable para el grupo Macri y perjudicial para el Estado, tramita desde 2017 en el juzgado federal de Ariel Lijo. Sus decisiones son revisada por la Cámara Federal, una de cuyas salas integran los jueces que las autoridades de Correo Argentino intentaron correr sin éxito del caso.