No es solo la oposición. También los legisladores del oficialismo –sobre todo las huestes de Cristina Kirchner– aguardan con ansias no sólo el detalle del acuerdo que el Gobierno se apresta a cerrar con el FMI sino, sobre todo, la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso. Quieren escuchar de su boca qué medidas de política económica –tarifas, tasas de interés, tipo de cambio– adoptará el Gobierno para cumplir con las metas pactadas y en qué medida éstas repercutirán en la reducción del gasto.

Desde la Casa Rosada se anticipó que esta semana –a más tardar la próxima– enviará al Congreso el texto con el detalle del acuerdo que en estos días ultima con el Fondo. Más allá de las reticencias y los condicionamientos de oficialistas y opositores, descuenta que será aprobado, pero eso no le basta al Gobierno: su objetivo es dotar al acuerdo de la mayor legitimidad política posible, esto es, de votos positivos que lo avalen. Un eventual aluvión de abstenciones podría obstaculizar su sanción en el Senado (no así en la Cámara baja) y, para peor, empañaría la imagen de apoyo que el presidente Alberto Fernández y Guzmán pretenden exhibir ante el FMI y el mundo.

De allí el interés del oficialismo de que el respaldo tibio que por ahora muestra la oposición se traduzca en votos afirmativos en el Congreso. También está empeñado en disuadir a sus socios kirchneristas, todavía renuentes, a que acompañen positivamente el acuerdo y que sus disidencias queden limitadas a un número simbólico y acotado.

Esto explica que en los últimos días el presidente se haya prodigado en gestos de acercamiento hacia algunos de sus principales referentes, como el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro –con quien se mantenía distanciado desde las últimas primarias– y la titular del PAMI, Luana Volnovich, sobre quien llovieron críticas por sus vacaciones al Caribe.

El kirchnerismo, por orden de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, se mantiene en silencio, disconforme con las negociaciones que lleva adelante Guzmán. Algunos en oficialismo celebran este mutismo; peor es que la vicepresidenta pateara el tablero con sus críticas, deslizan. Por ahora el voto del kirchnerismo sería el de la abstención: no toleran que esta renegociación avale, sin más, la deuda de U$S 45.000 millones –a su juicio ilegal– contraída durante el gobierno de Mauricio Macri y, mucho menos, que el país esté sujeto a monitoreos trimestrales del FMI.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, prometió que convocará los exfuncionarios del macrismo a que den cuentas de aquella decisión, un guiño destinado al kirchnerismo más duro y su sed por colocar contra las cuerdas a quienes cree responsables del actual endeudamiento. En la lista figuran los exministros de Economía Nicolás Dujovne, de Finanzas Luis Caputo y el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger.

Massa anticipó que dará rienda suelta al debate con la participación de expertos en materia de deuda pública. Se baraja invitar a Daniel Marx, exdirector del Banco Central, y Chris Marsh, analista financiero y exmiembro del FMI; Marsh planteó que el acuerdo stand by que se suscribió en 2018 entre la Argentina y el FMI debería considerarse nulo. Más guiños al kirchnerismo.

Expectativas por la llegada de Guzmán

Igualmente, el plato fuerte será la presentación del ministro Guzmán ante los legisladores. “Es importante que venga y que disipe las dudas de varios de los nuestros. Es importante para la cohesión del bloque a la hora de votar”, se sinceró un encumbrado miembro del bloque oficialista. Como un orfebre, Germán Martínez, jefe de los diputados del Frente de Todos tras la renuncia de Máximo Kirchner, está abocado a la fina tarea de enhebrar los votos de su bancada en la búsqueda de un respaldo contundente al acuerdo.

En la oposición también aguardan con expectativa la llegada de Guzmán. Juntos por el Cambio anticipó que facilitará la aprobación del acuerdo, pero no definió su estrategia legislativa. Mañana se reunirá la mesa federal del espacio, donde estarán representados, además de los socios principales de la coalición, los partidos provinciales aliados. Es probable que allí se avance hacia una definición.

En Juntos por el Cambio se cruzan distintas miradas sobre qué postura adoptar frente al acuerdo: algunos exigen conocer al detalle las medidas que prevé adoptar el Gobierno para cumplir con las metas de reducción del déficit y de emisión comprometidas con el FMI. Otros, en cambio, sostienen que el Congreso solo debería limitarse a discutir la autorización a un nuevo endeudamiento pues eso es lo que manda la ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública votada hace dos años.

“Yo no voy a votar la carta de intención ni el programa porque la política económica, en un régimen presidencial, es facultad del poder Ejecutivo. Lo único que hace el Congreso es aprobar la facultad de financiamiento y el presupuesto de la Nación. Lamentablemente, como no tenemos presupuesto, tendremos que aprobar este proyecto de renovar la deuda”, sostuvo el diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos.

En cambio, el bloque Evolución Radical, comandado por Rodrigo De Loredo, tiene otra mirada.

“El acuerdo incluirá una autorización al Parlamento para contraer una nueva deuda por US$45.000 millones que permita hacer frente a los vencimientos con el FMI. Pero aquí se trata de una colocación de deuda contingente, es decir, los desembolsos que hará el Fondo estarán condicionados al cumplimiento (o no) de las metas pactadas por parte del Estado argentino. Cada tres meses este cumplimiento será monitoreado por el Fondo. Por esa razón, si nosotros nos estamos comprometiendo a un acuerdo con desembolsos contingentes, los detalles de cómo se piensan alcanzar esas metas también tienen que formar parte de la discusión”, enfatizó el diputado y economista Martín Tetaz.

El espacio que lidera Martín Lousteau insistirá en la presencia no sólo de Guzmán al Congreso; también la del jefe del Banco Central, Miguel Pesce. “No debemos limitarnos a aprobar por sí o por no la autorización a un nuevo endeudamiento. La discusión debe ser integral”, enfatizó De Loredo.

Por su parte, el diputado de Pro Luciano Laspina cree que, más allá de los detalles que brinde Guzmán al Congreso, el acuerdo de por sí “es malo” porque no apunta a reformas estructurales de la economía. En Pro cunde el escepticismo: muchos están convencidos de que el acuerdo fracasará porque el Gobierno no podrá cumplir con las metas pactadas con el FMI; vaticinan que el país se encaminará a una nueva reestructuración de sus deudas con el nuevo gobierno que alumbre en 2023.