El congelamiento transitorio de precios no apunta a solucionar el problema estructural de la inflación elevada. El objetivo explícito es intervenir en una puja distributiva donde los sectores de ingresos fijos no pueden mejorar su débil posición relativa, mientras una parte del sector empresario se queda con toda la mejora de la recuperación económica luego del derrumbe de la pandemia. Y lo hace a través de aumentos de precios.
La batalla por los precios las puso en el centro del ring, pero también lo están por el proyecto de ley de etiquetado frontal que se discutirá el martes en la Cámara de Diputados. El Gobierno apuntó contra Molinos, Arcor y Ledesma, pero el pelotón de contendientes incluye una veintena de grandes empresas nacionales y extranjeras como Unilever, Quilmes, Molino Cañuelas, Molfino, Coca-Cola, Nestlé, CCU y Danone.
20 empresas concentran el 75% de las ventas de los artículos de primera necesidad. En rubros como gaseosas, detergente para ropa o pañales, el peso de una o dos empresas es superlativo.
Techint, Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra son protagonistas principales de la pulseada por los precios. En el primer semestre del año lograron subas significativas en su nivel de utilidades. El debate sobre las causas de la inflación: ¿el gasto público o la rentabilidad empresaria?
El comportamiento por parte de algunos empresarios argentinos llama la atención, principalmente la incoherencia de su posicionamiento, contrario a un gobierno que los favoreció. Los números no mienten, entonces ¿qué será lo que está mal?
La medida tuvo consenso de multinacionales que dependen de otras negociaciones con el Gobierno, pero se rebelaron algunos locales, que le pusieron letra a un comunicado incendiario para marcar la cancha.
Mientras una de cada cuatro personas come en comedores comunitarios, los monopolios dueños de las comida llegaron a quintuplicar en un trimestre sus ganancias.
El presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja, salió con todo contra la Ley de Etiquetado luego del rechazo del macrismo a debatir en el Congreso. Aliados para defender a las alimenticias.
El CEO de Morixe Hermanos, que produce en 14 plantas y da trabajo a 600 operarios, analizó el papel del empresario en la Argentina. Hace pocos días, anunció la inversion de 250 millones de dólares en tres nuevos proyectos. Criticó a los dueños de Molino Cañuelas y Garbarino.
Molinos Cañuelas dio a conocer mediante un comunicado, que la empresa de la familia Navilli entraba en concurso preventivo de acreedores. La noticia sacudió al mundo de los negocios y la política.
El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación desmintió a la exgobernadora bonaerense y repasó las medidas dispuestas por el Gobierno nacional en defensa de la producción y el trabajo durante la pandemia.
Molino Cañuelas, una de las alimenticias más grandes del país, presentó un concurso preventivo de acreedores. La situación financiera que atraviesa la empresa preocupa a los miles de trabajadoras y trabajadores, que, de forma directa o indirecta, dependen de la compañía.
Molino Cañuelas, una de las grandes agroexportadoras del país, se declaró en concurso preventivo de acreedores. La seccional Cañuelas y Ezeiza de la Unión Obrera Molinera Argentina encabezada por Mario Villalba fue informada por la misma empresa, que le garantizó que no habrá despidos.
El ministro de Desarrollo Productivo resaltó que la empresa alimenticia entró en crisis financiera en 2018. Este jueves, la firma se presentó en concurso preventivo de acreedores por una deuda de 1.300 millones de dólares
Las empresas alimenticias aceleraron la suba generalizada de precios también en el mes de agosto según lo que registraron las principales consultoras privadas. Más pobreza por la suba en Alimentos y Bebidas.
La presentación del último balance de Molinos generó preocupación tras conocerse un déficit pronunciado por parte de la empresa de los Pérez Companc.
En reclamo por un bono, la UOCRA bloqueó la mayoría de las aceiteras del cordón y a última hora se dictó una conciliación obligatoria. Las patronales aceiteras dicen que es un conflicto ajeno, pero son quienes más ganaron en la pandemia y sostienen la precarización laboral en sus fábricas.
La delegación San Lorenzo del gremio Uocra impidió el ingreso de trabajadores a la planta de Molinos Agro. Los exportadores adviertieron que si esta situación se extiende, peligra el ingreso de dólares del campo.
La patronal de La Salteña, empresa de Molinos, mantiene su intransigencia en la suba de salarios. Los trabajadores profundizan el plan de lucha.
Las trabajadoras y trabajadores decidieron extender la medida de fuerza iniciada el viernes por otras 24 horas. Reclaman una recomposición salarial del 10% y reapertura del diálogo.
Cayó mal en la Casa Rosada que, después de haber pasado las fábricas por una crisis histórica con Macri, las primeras declaraciones hayan sido reclamos sin ponderar medidas de ayuda.
Los representantes de las pequeñas y medianas industrias también se posicionaron a favor de limitar «la presión inflacionaria» que generan las empresas alimenticias, y respaldaron la Ley de Góndolas. Así se sumaron a los sectores que piden controlar a las gigantes del sector.
A pesar del Covid y las restricciones del gobierno finalizó el año con una ganancia de $ 1746 millones. Hubo fuerte recorte en los gastos generando un ahorro de $ 1169 millones
Este jueves será la priemra reunión de Kulfas con representantes de los sectores. Quiénes estarán presentes.
La Secretaría de Comercio de la Nación imputó a una decena de empresas alimenticias por desabastecimiento de productos en las góndolas. La patronal del sector presiona para aumentar, y la COPAL se victimiza.
Las cinco alimenticias, Molinos, Danone Unilever, P&G, Paladini y más empresas fueron señaladas por la Secretaría de Comercio por desabastecimiento de productos alimenticios.
La Secretaría de Comercio Interior imputó a Fargo, Mastellone, Aceitera General Deheza (AGD), Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter & Gamble (P&G), Paladini y Potigian por desabastecimiento al retener su producción o no entregar algunos productos para vender.
El Gobierno imputó a grandes empresas por no abastecer a los comercios, mientras afina la convocatoria a mesas sectoriales por los precios de los alimentos.
Varias tienen sus plantas en Pilar, como Unilever, P&G o Fargo. Es por retener sus volúmenes de producción o no entregar productos de consumo masivo para su venta. Provocaban faltantes en las góndolas.
Los trabajadores de la alimenticia Molinos de Esteban Echeverría anunciaron un plenario de delegados para el próximo lunes 5 de febrero para reclamar por los despidos en la planta.
La implementación de la Ley de Góndolas a nivel nacional depende de la decisión de cada jurisdicción. Por ello el Gobierno salió a pedir que las provincias implementen la norma que busca frenar los abusos de alimenticias y comercios.
Por Daniel Catalano · José Cruz Campagnoli · Roberto Pianelli
Molinos, la compañía de los Pérez Companc, presentó un balance positivo por $1.680 millones.
Columbus asesora a los bancos acreedores y recibe cuestionamientos porque no logra darle una salida al concurso.
En 2011 la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI determinó el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2004 a 2009 a la empresa. El ajuste resultó novedoso desde lo técnico.
La alimenticia Molinos reconoció que durante el primer semestre tuvo ganancias en el orden de los 608 millones, sin embargo, pidió al Gobierno poder aumentar precios.
La alimenticia no pudo compensar una suba de costos "exponencial". Y sus beneficios bajaron pese al incremento de 10,4% en sus ventas.
Tras un brote con 54 infectados que obligó a frenar las máquinas por dos semanas, trabajadores de la fábrica de tapas para empanadas de Molinos Río de la Plata denuncian que los quieren obligar a cumplir con turnos de 12 horas. Dicen que eso los obligaría a amontonarse todos los días en el comedor y los vestuarios.
El estudio que representa a sus acreedores reveló mismas maniobras y hasta mismos actores que en el caso de Vicentin. El BICE le siguió prestando pese a estar en cesación de pagos.