Por SEBASTIÁN PREMICI

El Gobierno nacional publicó el nuevo esquema de financiamiento para el Fondo Estabilizador del Trigo, cuyo objetivo es subsidiar el precio de esta materia prima para los molinos y así contener los valores internos del pan y harinas de consumo familiar. El instrumento pasará a financiarse con recursos del Tesoro, con un importe equivalente a 1,3 puntos porcentuales de las retenciones a las exportaciones de todos los productos de soja. Desde Agricultura estiman un fondo de 120 millones de dólares. Más allá de su instrumentación, el fideicomiso no logró cumplir con su objetivo: desde el inicio de la guerra Rusia – Ucrania, el precio del trigo comercializado en el país aumentó un 61%, mientras que la harina que se vende en supermercados y comercios de barrio registró un alza del 115%.

El problema de fondo no era solamente el contexto internacional sino la fuerte concentración de mercado, que en un escenario de alta inflación, produjo un traslado de rentabilidad del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras hacia los balances de las principales empresas alimenticias. Tanto la molinería como la comercialización de los productos farináceos están manejados por un puñado de sociedades.

La guerra que no fue

Hasta el año pasado, el Fideicomiso triguero era un instrumento privado, administrado directamente por la industria sojera y los molinos. Se financiaba con la suba de dos puntos porcentuales de las retenciones a los subproductos de la oleaginosa (del 31 al 33%).

En su momento, el ex secretario de Comercio interior, Roberto Feletti, había propuesto aumentar también los derechos de exportación para el trigo, con la idea de contar con un mecanismo de política económica que pudiese generar recursos de manera permanente y así desacoplar precios con una herramienta redistributiva. Pero, como tal decisión debía pasar por el Congreso, la propuesta fue desestimada.

El Fideicomiso, implementado en marzo del año pasado, había reunido 34.000 millones de pesos que se agotaron para diciembre. A esto se le sumó que, al momento de lanzar el primer Dólar Soja, el ministro Sergio Massa reestableció el diferencial de retenciones a favor de la industria por lo que desfinanció el instrumento en cuestión.

Luego de seis meses de permanecer en un limbo, el Gobierno publicó un DNU para que esta herramienta sea financiada con recursos del Tesoro. Según estiman en la cartera de Agricultura, se podrían aportar 120 millones de dólares de las retenciones a la soja, aunque en el sector privado estimaron un potencial fondeo de 300 millones.

 

El esquema de subsidios cruzados no funcionó, ya que al observar la película de todo el país a lo largo del último año, los precios de los productos farináceos aumentaron mucho más que el valor del trigo.  

El FAS teórico de esta materia prima, es decir el precio de referencia para el mercado interno avalado por Agricultura, saltó de los 46.000 pesos la tonelada en mayo del año pasado a un promedio de 74.000 pesos para este año. El incremento fue del 61%. Incluso hubo un descenso del precio de exportación, de los 500 dólares a un promedio de 400 dólares.

En cambio, el valor de los alimentos que debían contenerse con el Fideicomiso aumentó mucho más que el trigo, y en algunos casos, más que la inflación promedio.  

“Hay que tener en cuenta que el trigo, en la Argentina, se incrementó muy por debajo de la inflación. Si tomamos el FAS teórico, que es un precio calculado por la secretaría de Agricultura, el alza interanual en pesos fue de 53% para abril de este año y de 57% para mayo, prácticamente a la mitad de la inflación acumulada. Esto demuestra la complejidad que hay en la cadena de valor de los productos farináceos donde intervienen otros elementos en la formación del precio”, explicó, en diálogo con El Destape, Javier Preciado Patiño, consultor y ex subsecretario de Mercados agropecuarios de la cartera de Agricultura durante la última gestión de Julián Domínguez.

En la comparación interanual, el pan francés un alza del 85% para abril, al pasar de los 295 pesos a los 545 pesos. En el caso de las harinas para consumo familiar, la suba fue del 115%.

En el mentado Fideicomiso ingresaron 22 molinos, de un total de 150. Molinos Cañuelas fue la que más recursos recibió. Así y todo, el esquema de subsidios cruzados se quedó más que corto, situación que volverá a reproducirse este año según la visión del presidente de la Cámara de Industriales Panaderos Agrupados del Norte (CIPAN), José Hernández.

“El fideicomiso, posiblemente, no alcance para todos, y tampoco se logrará mantener el precio pretendido para la harina. De todas maneras, sirve como un ancla para que las materias primas que van por fuera del subsidio no se disparen. La bolsa subsidiada para las panaderías vale 2500 pesos y llega hasta los 3500 para las que están afuera”, sostuvo el representante de los panaderos. La diferencia de valores llega al 30%.

“Nunca se pudo bajar el precio del pan”, afirmó Oscar Marino, director de la empresa molinera Carhue, ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires.  “Además se terminó distorsionando el mercado y se perjudicó a la Molinería pyme ya que hubo incluso mayoristas que vendían la harina con el sello de subsidiada pero la comercializaban a valores mucho más caros”, agregó.

Las 22 empresas que integran el fideicomiso representarían solamente el 25% del mercado. 

La suba de precios en los alimentos como el pan y las harinas obedece, también, a comportamientos especulativos que no parecen resolverse con acuerdos voluntarios de precios justos. La estructura de concentración es palpable, y ocurre desde el primer eslabón que es la producción primaria, seguida por la molinería.

Según un informe sectorial elaborado por el Ministerio de Economía, de uso interno, de los 37.425 productores de trigo que existen en el país, el 10 por ciento nuclea el 53,4% del área sembrada.

En el caso de la industrialización, el 4,7% de las empresas molineras concentra el 50,4% de la producción. De este total, una sola sociedad acapara el 23,7% del mercado: Molino Cañuelas (Grupo Navilli). Le siguen Molinos Río de la Plata (una de las grandes beneficiadas por el dólar soja y por haber aumentado exponencialmente el precio de los aceites) y Morixe.

La empresa de la familia Navilli colgó a diferentes bancos –privados y públicos como el Nación— con una deuda por 1.300 millones de dólares e ingresó a un concurso preventivo de acreedores, situación similar a la de Vicentin.