Una de las tantas anomalías que tiene la Argentina es la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia federal: cada vez que un presidente deja el poder, resulta casi rutinario que termine deambulando por los pasillos de Comodoro Py para declarar como imputado en alguna causa. Y también es posible que el juez o la jueza que tome esa declaración sea alguien que haya sido propuesto por ese mismo presidente o presidenta. Le pasó a Carlos Menem, a Fernando de la Rúa y también a Cristina Kirchner. Los dos primeros, luego de que dejaron el poder, nunca más pudieron volver. Pero Cristina Kirchner sí. Y ahora tiene la experiencia acumulada de haber alimentado a jueces que luego se volvieron sus verdugos.

Ese apredizaje será crucial a la hora de definir la manera en que se refomará el sistema federal de Justicia, como lo anunció el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción del pasado 10 de diciembre. Ya existe un plan y el principal desafío de la nueva administración será lograr un sistema que, tras finalizar el mandato, no se le vuelva en contra, como sucede en cada cambio de ciclo. Desde 1983 a la actualidad, la política buscó colonizar los tribunales con hombres y mujeres leales que respondieran a sus padrinos, pero al mismo tiempo se trata de personas con intereses y ambiciones personales. Roberto Dromi, el ex ministro menemista, solía definir a los jueces de la siguiente manera: “Con el tiempo, los jueces dejan de responder a alguien y pasan a responder a ellos mismo”. 

Entre los posibles cambios en el sistema de Justicia se barajan distintas variantes: la principal es avanzar con el cambio hacia un sistema acusatorio, en el que los jueces dejan de ser quienes investigan y esa parte del proceso penal pasa a estar en manos de los fiscales. Si esto se confirma, el poder de los superjueces de Comodoro Py quedaría licuado y ya nada volverá a ser como antes. 

Otra opción era ampliar la cantidad de jueces del fuero, al fusionarse con el fuero Penal Económico, donde hay 11 magistrados de primera instancia. Con esta modificación dejarían de ser solo 12 jueces federales y pasarían a ser 23. Por otro lado, la Cámara Federal –instancia revisora– dejaría de tener 2 salas de 3 jueces cada una y pasaría a tener 4 salas, en total: 12 camaristas.

La otra posible modificación que observaban los jueces es la fallida “Reforma Beliz” de 2004, en la que se le daban facultades federales a los 63 juzgados criminales nacionales con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires.

Otra señal de las modificaciones es la implementación del nuevo Código Penal. Hace unas semanas, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se comunicó con Mariano Borinsky, el juez de Casación que lideró la reforma, para hablar sobre el tema. El actual código es de 1921 y a lo largo de estos 100 años hubo 900 leyes que lo reformaron y lo aggiornaron. El nuevo código está pensado para un sistema acusatorio.

Puestos. En caso de querer seguir la misma línea de sus antecesores, Fernández tendrá la oportunidad de nombrar jueces y fiscales en lugares clave. Uno de los más importantes es la Fiscalía General de la Cámara Federal de Apelaciones. Este lugar estuvo ocupado hasta hace pocos meses por Germán Moldes, uno de los embanderados –y primeros caídos– en la guerra de Comodoro Py contra CFK. Por problemas arteriales tuvo que dejar su cargo. Otro juzgado a ocupar es el Nº 12, que antes estaba en manos del juez Sergio Torres, quien pasó a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En los meses previos a su ascenso, Torres había sido mencionado en una causa de contrabando porque había presentado un espía a uno de los directores de la Aduana, Eduardo Bernardi. Así lo escribió el juez penal económico Diego Amarante.

La Sala 2 de la Cámara Federal, que hoy integra solo Martín Irurzun, tiene dos puestos vacantes. Irurzun es el autor del fallo que usaron otros jueces para respaldar pedidos de prisión preventiva a ex funcionarios. Se conoció como la “doctrina Irurzun”. En su discurso del lunes 16 de este mes en la cena de la Asociación de Magistrados, la ministra de Justicia Losardo, amiga de toda la vida de Alberto Fernández, afirmó que “la Constitución es y debe ser la referencia ineludible de cada funcionario público en el ejercicio de su cargo y no hay ni debe ‘haber razón de estado’, ‘doctrina’, ni ‘urgencia’ que nos aparte de ese compromiso”. La palabra “doctrina” tenía destinatario. 

En su primera movida judicial, Alberto Fernández tendrá un doble beneficio. Esta semana anunció que Daniel Rafecas será el candidato a Procurador General –jefe de los fiscales– que propondrá el oficialismo. Rafecas es el actual titular del juzgado Federal Nº 3 y ahora quedará ese cargo disponible para poner otro juez. Doble gol.

En 2004, cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete, había apadrinado la llegada a la Procuración de Esteban Righi, quien tenía como uno de sus secretarios más cercanos a Rafecas. Unos meses más tarde, Rafecas daría el salto a Comodoro Py impulsado por Fernández, quien también apadrinaría la llegada de Julián Ercolini al juzgado 10. Ercolini era profesor en la cátedra de Righi en la facultad de Derecho de la UBA, igual que Fernández. Estos dos jueces tuvieron caminos distintos: Rafecas mandó a juicio oral a César Milani, Julio De Vido y José López, pero desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.

Ercolini procesó a Cristina, sus hijos, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, Cristóbal López y determinó que Nisman había sido asesinado. En el caso Cristóbal López, durante 2017 y 2018, el propio Fernández intentó hacer gestiones a favor del empresario frente a su ahora ex amigo Ercolini. No tuvo suerte. Para ese entonces, Fernández no tenía el poder que tiene hoy y Ercolini era un rockstar cuyos fallos eran replicados en todos los medios del Grupo Clarín. 

Quienes le han consultado a Ercolini por su relación con Fernández dicen que él responde: “Está un poco tensa”. Para colmo de males, la vicepresidenta lo señaló hace pocas semanas en su declaración indagatoria en el juicio por desfalcos en obras viales en Santa Cruz. CFK dijo que Ercolini era el culpable del estado de salud de su hija.

Otros juzgados que se miran con deseo son el de Claudio Bonadio, a quien le extirparon un tumor cerebral, el de María Romilda Servini y el de Rodolfo Canicoba Corral, quienes por cuestiones biológicas no estarán mucho tiempo más como jueces. La primera acaba de cumplir 83 años y el segundo celebrará 75 primaveras en 2020.

Fernández tiene una ventaja: la imagen de la Justicia sigue en baja y sobre todo la de los jueces federales. Es decir que desde un sector de la sociedad está bien visto que se intente cortar con la supremacía de los jueces. No solo por la sensación de que son parte de un sistema que garantiza la impunidad o castiga sin medida con prisiones preventivas. En los pasillos de Comodoro Py, distintos abogados, jueces y fiscales coinciden en que las masivas detenciones de la causa de los cuadernos fue un exceso. No porque los sobornos no hayan existido, sino porque la investigación se hizo tarde y mal. Miradas. 

Las internas en el fuero federal no son las únicas, la disputa más atrapante es la que sucede en la Corte Suprema donde Carlos Rosenkrantz, el actual presidente, mantiene un enfrentamiento con Ricardo Lorenzetti, el anterior titular y aspirante a volver. El último episodio tuvo que ver con una nota publicada en el portal Infobae, propiedad de Daniel Hadad y de buena relación con Lorenzetti, que se tituló: “La Corte de Rosenkrantz, ¿último bastión de la mesa judicial del macrismo?”. La nota molestó a Rosenkrantz, quien le hizo saber su enojo al propio Lorenzetti. Las malas lenguas dicen que parte de su buen humor en la cena de la Asociación de Magistrados tenía que ver con eso.

Espías. Otro factor histórico atado a la Justicia es el rol de los servicios de Inteligencia. Alberto Fernández dijo en su discurso que terminaría con los juzgados contaminados por servicios de Inteligencia y que pondría un interventor al frente de la AFI. La situación suena ficticia porque el organismo siempre respondió cien por ciento a la administración de turno. La única vez que la AFI no respondió al gobierno fue cuando Cristina Kirchner se peleó con el ex todopoderoso director de Operaciones, Antonio Stiuso, y mandó a Oscar Parrilli a dirigir el organismo. Al cierre de esta edición se barajaba la posibilidad de que Nilda Garré y Cristina Caamaño sean las interventoras. Caamaño había estado hablando con el Presidente sobre el tema y es una conocedora del asunto, por un lado por su trabajo como fiscal y por el otro porque estuvo a cargo de la oficina de escuchas telefónicas cuando pasó a formar parte del Ministerio Público Fiscal. 

El trabajo de la intervención en la AFI será arduo. Por un lado tendrá superpoderes para hacer y deshacer, pero no tendrán dinero porque el Presidente ya anunció que utilizará los fondos reservados para el plan de combate al hambre.

Apenas el Gobierno tome control de la AFI, comenzará la búsqueda de arrepentidos que cuenten las trapisondas de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. No hará falta buscar demasiado profundo. La mayoría de las operaciones de la gestión macrista salieron en todos los medios. Bastará con leer los diarios o mirar el archivo televisivo, empezando por el día en que Natasha Jaitt afirmó conocer detalles de una red de prostitución infantil en el programa de Mirtha Legrand, mientras era acompañada por la agente Ana Polero, empleada del portal Infobae y contratada por el ex fiscal Eduardo Miragaya que en ese entonces era uno de los jefes de la AFI. Otro caso fue el auto que estuvo parado frente al Instituto Patria y que se descubrió que había espías dentro. La excusa fue que justo estaban haciendo un operativo a unos pocos metros de las oficinas de la Cristina Kirchner. Además, el caso D’Alessio, con los agentes Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi involucrados. Y siguen los éxitos…

Uno de los apuntados por estas operaciones, además de Arribas y Majdalani, es Daniel Angelici, sobre todo porque lo consideran el líder detrás del grupo de funcionarios que empujó las causas contra kirchneristas. Entre esas personas están Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción, y Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI. El enojo se extiende a Darío Richarte, amigo de Angelici y también a Javier Fernández, el auditor de la AGN. En el kirchnerismo veían a ese grupo como los tres mosqueteros. Fuentes de esta revista afirman que en la AFIP ya habrían encontrado que Angelici entró al blanqueo y estaría en el top 10 de los que más blanquearon. Sobre Arribas habrían detectado viajes a Emiratos Árabes durante noviembre de este año. Y sobre Majdalani siguen atentos la evolución de unas sociedades que crearon su esposo y su hijo en Miami. Devolución de gentilezas, le llaman.

El estado de la Inteligencia en Argentina padece hace tiempo el descontrol y por ende el descrédito, sobre todo frente a sus pares del resto del mundo. La actual administración necesita reducir el riesgo de que los jueces panquequeen cuando cambie el gobierno y al mismo tiempo ordenar la AFI. El desafío será ganar tiempo, porque se trata de cambios muy grandes sobre instituciones que son más perdurables que el poder político de turno, que puede permanecer cuatro u ocho años.

Cristina intentó reformar la justicia en 2013, en 2015 quiso reorganizar los servicios de Inteligencia y Macri en 2016 trató de reformular el fuero federal. Hasta ahora, todos fracasaron. ¿O será que es más fácil adaptarse que resolver el problema? Esta vez, la diferencia es que desde el macrismo ya avisaron que están dispuestos a acompañar si hay una decisión real de ir contra los jueces de Comodoro Py.