Ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El gremio de empleados de AFIP afronta un nuevo proceso electoral. El próximo 14 de junio serán los comicios en las seccionales de la organización, para luego avanzar en la conformación de la nueva Mesa Directiva Nacional.
El organismo hizo una presentación penal contra Vicente Luis Magnaterra, un empleado jerárquico que entre 2017 y 2019 hizo 56.864 consultas a la base de datos donde constan todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos.
"He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos", expresó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
Los trabajadores del organismo logran reestablecer la alícuota de la Cuenta de Jerarquización de donde se fondea un adicional en los salarios.
Jimena de la Torre fue número dos de la AFIP de Macri y jefa de despacho de Ritondo. Se postula como consejera en plan independiente. Las causas en su contra.
Hay un rasgo común: parece que las investigaciones se mueven, que pasan cosas pero en el fondo pasa poco y nada. Algunas de ellas son las de Correo Argentino, Parques Eólicos, Peajes y Ausol, Espionaje, D'Alessiogate, FMI, Mesa Judicial, Odebrecht, FGS, aportantes truchos y Paseo el Bajo. El rol de la Corte.
El Tribunal Oral Federal 3 dará a conocer su veredicto el 16 de diciembre; minutos antes los acusados podrán decir sus últimas palabras
Las actuales autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos presentaron ante la Justicia correos electrónicos enviados por exfuncionarios de la entidad que muestran acciones persecutorias. En el texto al que accedió PáginaI12, el exsubdirector de Operaciones Impositivas Jaime Mecikovsky, denunciado por sus vínculos con Claudio Bonadio y Elisa Carrió, explicita su intención de coordinar con la UIF cómo involucrar a Florencia Kirchner en una causa por lavado de dinero.
Madre de Macri argumentó "únicamente cambio de contribuyente" para asumir titularidad del dinero, ingresado por Gianfranco. Liechtenstein aportó un documento que advierte que lo controlaba desde 2011. Esto tampoco le permitía declararlo amparada en decreto para familiares, lo que explicaría maniobra.
Favoreció ante la Justicia a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez; desarmó equipos que investigaban denuncias y otorgó más poder interno a empleados oficialistas
El titular de la Corte Suprema fue convocado como testigo en la causa en que el operador judicial de Mauricio Macri está imputado por amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo. Para evitar dar cuentas en ese expediente, Fabián Rodríguez Simón permanece prófugo en Uruguay. En la misma causa, la jueza Servini dictó el procesamiento de Sebastián Paladino, exsubidrector de Recaudación de la AFIP.
Hoy, Gobierno amplía denuncia: hay coincidencia de lotes comprados por Bullrich con los hallados en los depósitos de policía boliviana. Se forzó interpretación de norma para permitir "exportación temporaria" y evitar un decreto presidencial para sacar del país las municiones. Cómo fue la escala de responsabilidades.
Cree que lo persigue una mafia paraestatal, de la que Alberto Fernández o Cristina Kirchner son instrumentos. Desde Uruguay, cuenta los detalles que lo llevaron a solicitar refugio, algo sin antecedentes en la democracia. Niega haber sido parte de una mesa judicial macrista y tener relación con la salida de Gils Carbó. Afirma que tampoco tiene nada que ver con el intento de compra de C5N. Su simpatía por Grabois.
Dice que "Pepín" Rodríguez Simón es víctima de una invención porque el ahora fugitivo quiso cobrar impuestos. Es falso. La jueza Servini investiga "una asociación ilícita" para perseguir la Grupo Indalo.
Esta unidad de investigación de delitos financieros logró ser querellante para investigar si hubo lavado de dinero en las 950 cuentas de argentinos en el exterior que fueron descubiertas por la actual gestión de Mercedes Marcó del Pont.
Las pruebas y declaraciones de testigos en otras dos causas judiciales se unen con los hallazgos de Marcó del Pont sobre delitos cometidos por el organismo recaudador y dirigidos no sólo contra Cristina de Kirchner, sino sobre la petrolera del Grupo Indalo. Los sistemas informáticos, grupos creados especialmente, ascensos a quienes firmaban y los "borradores" que pedía la Justicia.
En un escrito presentado este mediodía en Comodoro Py da cuenta de que se armaron grupos especiales dentro de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos para planear y llevar adelante el “hostigamiento fiscal”, que ni siquiera se notificó a CFK de los cargos que se le formulaban, que se determinaron obligaciones tributarias excesivas e irregulares, fuera de toda normativa vigente.
El macrismo recibió teléfonos encriptados, comprados por la AFI. Pero no sólo fueron a funcionarios sino a varios dirigentes que ni siquiera estaban en el gobierno. La lista.
La jueza María Servini decidió reanudar un estudio sobre más de tres años de llamadas de Mauricio Macri en el marco de una causa promovida por Fabián De Sousa
Pese a ser irregular, lo reconoció en una demanda laboral contra el organismo recaudador.
Con Alberto Abad y Leandro Cuccioli al frente de la AFIP de Mauricio Macri, se licitaron trabajos por 110 millones y una firma se adjudicó la amplia mayoría.
El bloqueo de Camioneros suma un nuevo personaje a los detractores de Marcos Galperín. Respaldo de los Nuestra Voz y guerra con supermercados e industriales.
El ex presidente se presentó por primera vez como acusado en la causa que investiga la persecución de su Gobierno al Grupo Indalo.
Lo hacía a través de un funcionario de su confianza, ligado a Carrió, que está siendo investigado por diversos delitos tras su accionar dentro del organismo recaudador. Su existencia pone en tela de juicio la obtención de parte de la prueba.
El contador Jaime Leonardo Mecikovsky, desde su despacho en la AFIP en tiempos del macrismo, llevaba adelante un pormenorizado seguimiento de ciudadanos argentinos, algunos de ellos figuras públicas.
El exfuncionario del organismo asistió al homenaje póstumo al magistrado quien le aportaba información por canales informales. El juez lo sobreseyó de forma exprés en una causa por supuestas filtraciones.
El funcionario judicial presentó la denuncia el viernes, que tiene entre sus fuentes la investigación de Tiempo Argentino. El rol de Abad. La jueza cercana a Aneglici que debe investigar.
Alberto Abad y a Leandro Cuccioli serán investigados penalmente por posible encubrimiento de 950 titulares de cuentas por más de u$s1 millón cada una.
Los datos de OCDE estaban en poder de la AFIP en 2017, pero el organismo que dirigía Alberto Abad no pagó el canon del software para cruzarlos. Luego, borraron un usuario del sistema.
La actual gestión de AFiP levantó la feria fiscal para avanzar en fiscalización de 950 contribuyentes por encima de u$s 1 millón. Pero hay miles de cuentas más. La maniobra involucra directamente al extitular del organismo Alberto Abad. En 2018 se ordenó intervenir el sistema informático que procesaba datos. Reunión para extraer listados y borrado de registros