El juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió apartar este martes al fiscal Carlos Stornelli del caso de espionaje ilegal que involucra al expolicía Ariel Zanchetta, un expediente de alto volumen político en el que fue designado como acusador público en los últimos días luego de que su colega Gerardo Pollicita se corriera. Como publicó El Destape, Stornelli no se había excusado de intervenir a pesar de que había pedido ser querellante por considerar que fue una de las víctimas del sargento retirado devenido en periodista.

En una resolución de 3 páginas a la que accedió este medio, Martínez de Giorgi señaló que “el rol de querellante pretendido por el Dr. Stornelli resulta incompatible con la función de titular de la acción penal recientemente asignada a la Fiscalía a su cargo, contradicción que podría implicar una afectación al principio de imparcialidad en su actuación como fiscal en concreto en esta causa”.

El juez explicó que Stornelli ya había solicitado ser tenido por querellante “por considerar que en los dispositivos secuestrados al imputado Ariel Zanchetta había, presuntamente, informes de inteligencia vinculados a él”. Este lunes, el fiscal tuvo acceso al material que da cuenta del presunto espionaje en su contra y “sin efectuar mención alguna respecto al interés particular primeramente invocado, solicitó conocer la totalidad del contenido de los dispositivos secuestrados, en ejercicio de su función de representante del Ministerio Público, en reemplazo del Dr. Pollicita”. Es decir, a pesar de tener un interés personal en el caso Stornelli intentó avanzar con su rol de fiscal en la mima causa. Esto motivó que Martínez de Giorgi lo apartara.

“Sin adelantar criterio sobre su legitimación para asumir el rol de querellante, lo que pone en evidencia la situación descripta es la imposibilidad de que Carlos Stornelli pueda actuar en calidad de fiscal de la causa”, razonó con lógica el juez. Y resaltó que “las garantías de imparcialidad y objetividad que deben imperar durante todo el proceso respecto del ejercicio de funciones en representación del Ministerio Público Fiscal, podrían verse vulneradas”.

Stornelli no se quiso apartar aún luego de que se corroborara “el hallazgo de informes obrantes en los dispositivos pertenecientes al Sr. Zanchetta, en los que se lo menciona”. Martínez de Giorgi citó, entre otras cuestiones, los incisos 1,3 y 4 del artículo 55 del Código Procesal Penal (CPPN) y el artículo 59 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico para fundamentar su decisión.

El artículo 59 de la Ley Orgánica del MPF aborda la excusación y recusación de un fiscal y señala que se tendrán en cuenta “las causales que prevean las normas procesales y reglamentarias”. Por eso es clave para la decisión del magistrado lo que establece el artículo 55 del CPPN. De acuerdo a esa norma, un juez (lo que se hace extensivo a los fiscales) deberá inhibirse de conocer en una causa cuando: 1°) hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, defensor, denunciante, querellante o actor civil (…)”; 3°) Si fuere pariente, en los grados preindicados, con algún interesado. 4°) Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso. Por eso, el apartamiento era casi inevitable a pesar de la voluntad de Stornelli.

El Destape adelantó esta situación este lunes. Es que ya el 26 de octubre pasado, a través de su abogada Raquel Pérez Iglesias, Stornelli había pedido en otra causa, la conocida como “Operación Puf”, que se sume el material que hace referencia al supuesto espionaje en su contra por parte de Zanchetta. El pedido exponía que Stornelli no puede pasar a ser el fiscal de ese otro caso que tiene por protagonista al expolicía devenido en periodista porque es evidente que tiene un interés particular en esa causa.

En su resolución, Martínez de Giorgi ordenó que se remita su decisión a la Fiscalía General de la Cámara Federal porteña, a cargo de José Luis Agüero Iturbe, para que se sortee otro fiscal para el caso. Al cierre de esta nota el sorteo no se había concretado.

El caso

El espionaje masivo adjudicado a Zanchetta surgió de la causa en que se investiga un presunto espionaje a un grupo de jueces, entre los que se encuentran ministros de la Corte Suprema como el presidente supremo Horacio Rosatti y jueces de Casación y de tribunales de juicio como Mariano Borinsky o Andrés Basso, entre otros. Allí los delitos que se investigan son variados: Rosatti denunció que le sacaron líneas telefónicas a su nombre mientras que Borinsky da cuenta de que intentaron ingresar a su celular vía la técnica del sim swapping. En el marco de ese expediente, Martínez de Giorgio detuvo al expolicía Zanchetta y al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien reconoció que buscó información sobre algunos de los jueces así como de dirigentes políticos.

A la hora de analizar los dispositivos electrónicos y telefónicos de Zanchetta, el fiscal Gerardo Pollicita dio cuenta de que había algo más que una maniobra contra jueces. Para el fiscal había una red de espionaje ilegal mucho más grande. Zanchetta tenía más de mil informes con información sobre dirigentes políticos, empresarios, deportistas, periodistas y jueces, tomadas de distintas bases de datos y mantenía contacto con tres agentes de la AFI que cumplieron funciones en La Casa desde 1987 a 2017; de 2002 a 2020; y de 1991 a 2016. Es decir, tres agentes históricos, quienes le pedían información por mail sobre diversos “objetivos”. El juez está analizando toda esa información.

Pollicita también apuntó al exintegrante de la AFIP e histórico referente en cuestiones de medios de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez por un hecho puntual que lo vincula a Zanchetta y tuvo por víctima a Victoria Tolosa Paz. Llegó a pedir su detención lo que fue rechazado por Martínez de Giorgi.

Según pudo saber este medio, el expolicía, por ejemplo, también se vinculaba con periodistas de Clarín. Y en 2010, siendo policía, escribía notas en contra del kirchernismo para el Informador Público con pseudónimo. Lo que evidencia la amplitud “temática” del acusado. Desde el entorno legal de Zanchetta rechazan la denuncia en su contra, dicen que los informes que hay en su computadora son producto de su trabajo como periodista y que no tiene ninguna relación con el hacker misionero. Dicen que no lo conoce. Y advierten de que fue amenazado de muerte en el penal en el que está detenido, lo que provocó una presentación judicial. Martínez de Griogi ordenó que se extremen las medidas de seguridad para preservar su integridad. 

Por lo pronto, Pollicita dejó el caso que involucra Zanchetta luego de que se anexara a la causa principal un expediente abierto por una denuncia del exministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro contra Rodolfo Tailhade que tramitaba en otro juzgado. Pollicita se excusó porque lo hace en toda causa en que aparece involucrado el diputado kirchnerista ya que considera que Tailhade tiene animosidad en su contra y eso le hace perder su objetividad.

Así fue que Stornelli pasó a sucederlo, que fue quien imputó a Tailhade en el caso de la denuncia de D’Alessandro.

Desde los medios hegemónicos de comunicación buscaron de manera incesante involucrar a Tailhade en este caso. Lo señalaban como el posible jefe de una presunta red de espionaje ilegal que integraría Zanchetta. Pero este lunes esa operación recibió un fuerte golpe. El juez notificó a Tailhade de que Zanchetta había elaborado un informe sobre su persona: el “Informe reservado Tailhade”, de 64 páginas. Es decir, que él también fue una víctima del expolicía.

El diputado se hizo eco de ese informe en la red social X (exTwitter): “Martínez de Giorgi me permitió acceder a la data que juntó Zanchetta sobre mí, como el ‘Informe Reservado Tailhade’ de 64 páginas que escribió el 21-9-22, días después de contactarme por primera vez. Allí queda claro que yo no era su jefe. ¿A quién le envió ese informe entonces?”, se preguntó.

Tal como publicó este medio desde el momento que estalló el caso que involucra a Zanchettra, el listado de espiados que elaboró Pollicita no permite identificar una terminal política precisa. Aparecen como presuntos espiados desde Sergio Massa a Patricia Bullrich, desde Axel Kicillof hasta Javier Milei, desde Elisa Carrió a Máximo Kirchner. Hay jueces como Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli. También funcionarios macristas como Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Guillermo Dietrich y Alberto Abad junto a kirchneristas como Sergio Berni, Carlos Castagnetto, Juan Martín Mena y Nicolás Kreplak. Los periodistas espiados van de Roberto Navarro a Luis Novaresio, pasando por Jorge Fontevecchia, Baby Etchecopar, Pablo Duggan y Claudio Savoia. Hay empresarios como Ángel Calcaterra, Marcelo Tinelli y Alfredo Coto. También artistas de todas las ideologías, desde Teresa Parodi a Alfredo Casero. Fueron espiados Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón y el "Chiqui" Tapia y dirigentes sindicales como Hugo Moyano y Roberto Baradel. Varios de ellos se presentaron ante Martínez de Giorgi y pidieron ser querellantes. El juez resolvió que se le informe qué material había sobre cada pretenso querellante para definir si efectivamente fue espiado como considera Pollicita.

La hipótesis que trabaja el juez del caso es que Zanchetta habría sido un agente de inteligencia inorgánico que se abastecía de fuentes ilegales de información y la traficaba con distintos clientes.