La oposición le arrancó el velo a una tramoya que urdió el oficialismo. La de mantener inmune al ajuste a los regímenes de jubilaciones de privilegio.

Alberto Fernández podrá estar satisfecho por haber pasado su bautismo de fuego como presidente. Logró la aprobación de la Ley de Emergencia –cuyo eufemismo es Ley de Solidaridad y Reactivación-- que persigue un difícil equilibrio entre la defensa de las cuentas fiscales para renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la atención de los sectores sociales postergados. Sólo la urgencia de alejarse un poco del abismo explicaría que un proyecto de semejante envergadura haya sido liquidado en apenas 48 horas por Diputados y el Senado.

Cambiemos tampoco debe recriminarse cosas en el regreso a su papel de oposición. Forzó al Gobierno a declinar la cesión de facultades especiales que pretendían convertir al Presidente en un todopoderoso. Permitió que se habilitara el debate en ambas Cámaras, con matices, pero votó en contra del proyecto. Se colocó en defensa de los jubilados. Variable de ajuste que propone la ley oficial. Simple devolución de favores: la coalición opositora nunca perdonó el salvaje desafío kirchnerista de diciembre del 2017 –con batallas callejeras—cuando varió la fórmula de cálculo para el aumento a la clase pasiva. Pagó por esa aprobación un alto costo. El mismo que pretende cobrarle ahora al Gobierno por gambetear el incremento real que corresponde a los jubilados.

También la oposición le arrancó el velo a una tramoya que urdió el oficialismo. La de mantener inmune al ajuste a los regímenes de jubilaciones de privilegio. Jueces, diplomáticos y, por supuesto, los políticos. El Gobierno debió improvisar una respuesta. Alberto dijo que se enviará un proyecto de ley para considerar aquellos privilegios. Será engorroso. Por la amenaza de una gigantesca judicialización.

Ambos bandos ocultaron las razones reales de sus decisiones. Porque oprimir a la clase pasiva resulta siempre indecoroso ante la mirada popular. Cambiemos varió en su época la fórmula de los aumentos conjeturando un importante ahorro fiscal. El desmadre de la inflación y la caída económica destruyeron esos cálculos. El kirchnerismo se amparó ahora como excusa en los dos bonos de $ 5 mil que dará a los jubilados más sumergidos. Aunque apunta, en realidad, a encoger medio punto el déficit fiscal para ensayar algún orden de la macroeconomía.

Tampoco se dejaron permear otras verdades. El Gobierno acusó a Cambiemos de querer boicotear el debate en el Congreso por impedir, supuestamente, la jura de los diputados del oficialismo que reemplazaron a aquellos que recalaron en sillones del poder. Esos legisladores debieron haber asumido el jueves 11. Nadie entiende por qué motivo Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, canceló la sesión. El kirchnerismo, sobre todo, cargó contra la resolución opositora de no facilitar quórum. Olvidó la doctrina que, como jefe de bloque, impuso el ahora ministro de Defensa, Agustín Rossi: ese quórum en las sesiones especiales –como fueron las de los últimos días—sería sólo responsabilidad oficialista.

También enardecieron a los K la presunta audacia de dirigentes opositores que criticaron la Emergencia. Adujeron que carecían de autoridad moral por la crisis económica que dejaron en el país. Y que Alberto tenía menos de dos semanas en su cargo. Esos dirigentes del oficialismo olvidan, sin candidez, las durísimas críticas que hicieron a Mauricio Macri cuando a poco de asumir comenzó a corregir el cuadro de tarifas energéticas, descalabrado en la pésima herencia general que recibió.

Aquel paisaje de careo mutuo no podría inquietar en cualquier teatro político de naturaleza más o menos normal. Esa calificación no aplica a la Argentina. La anomalía estructural, en todos los órdenes, denuncia su fragilidad. Acaba de hacerse un traspaso de Gobierno pero no está claro todavía si hay en ciernes una posible modificación de la naturaleza política. Alberto F., en ese sentido, mechó gestos contradictorios.

Convocó, camino a la Emergencia, a 23 gobernadores. Lo había prometido en campaña. También a los radicales de Cambiemos cuya presencia en la Casa Rosada produjo escozores. Macri machacó con su teléfono a Gerardo Morales, de Jujuy. Buscó además al titular del partido, el mendocino Alfredo Cornejo. El ex presidente sigue activo en las primeras semanas de su retorno al llano. Pretende que la discusión sobre su liderazgo en la coalición no amanezca tan temprano.

Tal vez, le faltó al Presidente el llamado a todos los jefes de los bloque parlamentarios. Por supuesto, en especial los de la oposición. Fueron ellos los protagonistas de la batalla. Lo seguirán siendo si Alberto F. cumple con dos enunciados de su mensaje inaugural. Sostuvo que su objetivo central sería terminar con la grieta. Dijo que los males de la democracia se curarían sólo con más democracia.

¿Por qué razón, entonces, pretendió someter a debate un proyecto que le concedía facultades delegadas que ni siquiera tuvo el matrimonio Kirchner? ¿Por qué haber intentado ahuecar al Congreso que en un sistema democrático representa el corazón de la política? ¿Por qué, además, haber querido apañar privilegios de jueces, políticos y diplomáticos? Son interrogantes que no tienen respuesta. Amenazan con convertir este ciclo que recién despunta en más de lo mismo. Lejos de la recreación de expectativas.

Aquellos superpoderes se moderaron. Igual rige un estado de excepcionalidad. Con la vigencia de once emergencias. Que recaen sobre sectores (jubilados, el campo y una franja ancha de clase media) que no han solido tener buena sintonía con el kirchnerismo. La grieta seguiría latiendo. Habrá que ver si la excepcionalidad se circunscribe, como se aprobó, a un año. O si la historia vuelve a repetirse. Eduardo Duhalde la impuso, con lógica, en el 2002. Macri recién decidió no renovarla en su segundo año de mandato.

Las interpelaciones sobre el futuro poseen bifurcaciones. Rebasan a la crisis económico-social. El Presidente planteó con fundamento la necesidad de una reforma en el Poder Judicial y en Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Encara la tarea en soledad. Con una sombra imposible de ahuyentar. Hay dudas acerca del origen genuino de la iniciativa. ¿Será para mejorar la calidad institucional? ¿O sólo para permitirle a Cristina y su familia zafar de las numerosos causas de corrupción?

Aquella reforma representa todavía una hipótesis. Pero resulta imposible no divisar huellas. La ex presidenta sigue colocando piezas clave en el mecanismo judicial. Juan Martín Mena, en el escalón inferior de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Julio Alak en el manejo de la Justicia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof. Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro de Interior, Eduardo De Pedro, en el Consejo de la Magistratura. Félix Crous en la Oficina Anticorrupción. Es un abogado integrante de Justicia Legítima. Confeso militante del kirchnerismo. Esa afición nunca se cansó de objetar el papel de la antecesora, Laura Alonso, por su pertenencia al macrismo. Decían que era incapaz de investigar la gestión del gobierno de Macri por esa afinidad política. ¿Qué dirán ahora sobre el abogado Crous?

Alberto F. tenía desde hace diez días en su agenda el nombre de Cristina Caamaño, la titular de Justicia Legítima, para ocuparse de la depuración del espionaje. Aunque ese nombre también asoma indisolublemente ligado a la vicepresidenta. Caamaño tuvo una gestión cerca de la ex procuradora general K, Alejandra Gils Carbó.

La realidad empieza a tener asociación con esos trazos. La Justicia desanda el camino de épocas precedentes. Cantidad de detenidos salen en libertad, con el argumento de la mala aplicación de las prisiones preventivas. Julio De Vido volvió a considerarse un perseguido. Dejó la cárcel pero mantiene el arresto domiciliario. Tuvo la misma suerte el ex interventor del Yacimiento de Río Turbio, Atanasio Perez Osuna. Ricardo Echegaray se considera víctima del “lawfare”. Pidió que le devuelvan el sueldo y el cargo en la AFIP. El ex sindicalista del SOMU, Omar Suarez, recuperó la libertad condicional pese a estar acusado de ser jefe de una asociación ilícita. Hay para otros gustos: el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a Carlos Stornelli como presunto responsable de una asociación ilícita dedicada al espionaje y la inteligencia. Se trata del fiscal que investigó el escándalo de los Cuadernos de las coimas que enchastra al kirchnerismo. También a poderosos empresarios.

Aquella descripción explicaría un déficit que se va ahondando en la democracia: la falta de confianza. Sin ella, resulta difícil imaginar una remontada. La Emergencia sería otra demostración: se vuelven a tocar jubilaciones, se refuerza la carga tributaria, se afecta a los pocos sectores productivos aún de pie, se castiga la reposición de crédito de miles de ciudadanos que apostaron por el blanqueo de sus bienes, también durante la gestión de Macri.

Los arquitectos de la solidaridad, vista las cosas, han incurrido en parcialidad. Demandan un esfuerzo colectivo. Para atender a los millones sumidos en la pobreza. Pero no involucran nunca a la política. Reparemos en una cifra. El funcionamiento del Congreso Nacional demanda anualmente $ 31 mil millones. ¿Nada se podría recortar?

Convendría un repaso a la crisis que estremece a Chile. Resulta bastante menos grave, en su raíz, respecto de lo que ocurre aquí. El gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto para achicar el Congreso. Reducir 35 diputados (sobre 155) y 3 senadores (sobre 43). A la par, se bajaron un 50% los sueldos de todos ellos. Un espejo incómodo, sin dudas, para la dirigencia argentina