A la caza del voto militar, otra visita de Peña y la interna pampeana por el aborto

A la caza del voto militar, otra visita de Peña y la interna pampeana por el aborto

La elección de 2019 sigue tiñendo los pasos del Ejecutivo y Congreso. El jefe de Gabinete va el miércoles a Diputados.

Pichetto se enteró antes que los aliados de Cambiemos del recorte de asignaciones

El decreto Michetti de modificación del régimen de asignaciones familiares volvió a poner a prueba las relaciones internas en el oficialismo. Desde aquel episodio en febrero de 2017, de la "readecuación" del cálculo aritmético del aumento de las jubilaciones, medida que se conoció en medio de una sesión de Diputados, el Gobierno avanzó en una lenta recomposición de un sistema de información interna de las medidas, de manera de que los aliados de Cambiemos las conociesen antes.

El peronista Miguel Pichetto, la semana pasada, durante un debate sobre el aborto.

Los jefes legislativos se quejaban de que se enteraban por los diarios de esas medidas, que después estaban obligados a defender, asumiendo ellos un costo intolerable para el formato de su responsabilidad en acuerdos, alianzas, etcétera. Esta vez ocurrió lo mismo: en pleno receso de las cámaras y sin decir agua va, se enteraron de un recorte sobre el mapa de las asignaciones familiares, que despertó la queja de la oposición, pero también de los propios. Hubo interminables reuniones entre ministros, diputados y senadores, cafés en Olivos para consultas del estribo con Macri antes de viajar a Sudáfrica, reuniones de mesas informales, de manera de entender un poco de qué se trataba. Ahora van al recinto el miércoles a escuchar las quejas de la oposición, que pide la derogación de ese decreto, a través de un proyecto de ley que presentó el viernes Miguel Pichetto.

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El pleito es más que resbaladizo, porque acá se contó en su momento de la bronca del rionegrino en la recordada cena de San Isidro con el Gobierno, cuando escuchó de la boca de Marcos Peña el aviso de que se derogarían los suplementos por zonas desfavorables. Pichetto se sintió destratado: justo a mí, que le peleo a Cristina en la Patagonia, y que represento a esa región en el Congreso y en el peronismo, me tiran en la cara este proyecto. La medida es motivo, además, de otra mancha venenosa en el Gobierno. Nadie asume la responsabilidad final y termina todo en el grupo "ojazos" -los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui-, que parecían haber pasado a la clandestinidad, después de la exaltación de Nicolás Dujovne y Luis Caputo a la suma del poder. Les atribuyen a ellos el recorte para bajar el gasto entre $ 3.500 y 5.000 millones el gasto en el rubro.

El tema animará la primera reunión del interbloque Cambiemos de Diputados, disperso desde antes de la votación del aborto, es decir hace un mes y medio. Mario Negri no lo pudo volver a reunir por la crisis que produjo en sus filas un asunto tan disputado. Como lo es éste de las asignaciones familiares.

Empresarios, de nuevo en la mira

Este entuerto será el blanco de las quejas de la oposición ante Peña, que va el miércoles a Diputados a rendir el informe mensual. La explicación estándar del Gobierno se basa sobre la necesidad del gasto en aquellas partidas grises y empapadas de desprolijidad, como son las que sostienen el sistema de las asignaciones familiares. Un informe del Cippec -think tank amigo del Gobierno y que presume de haber señalado la hoja de ruta para esa decisión- afirma que "este esquema, previo a los cambios del 27 de julio de 2018, resultaba inequitativo y fragmentado. Con respecto a la cobertura, de los 13 millones de niños y niñas menores de 18 años, el 29% de ellos reciben AUH (Asignación Universal por Hijo), el 39% Asignación Familiar y un 5% reciben apoyo monetario a través de la deducción del impuesto a las Ganancias. Del 27% restante, 13% se encuentra cubierto por AFH (Asignación Familiar por Hijo), contributivas provinciales y 3% por pensiones no contributivas. Pero todavía hay un millón y medio de niños (11% del total) que no reciben ningún tipo de transferencia: ya sea porque están excluidos por la normativa u otras razones (8%), o porque aun cumpliendo con los requisitos para percibir la AUH, no lo hacen (3%). En su mayoría, se trata de niños en los sectores de menores ingresos".

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Eso hace que el sistema sea regresivo e inequitativo. Difícil que la oposición comparta, en medio de una campaña electoral, esta explicación, propia de la vanguardia iluminada. Sería más rentable que en el debate alguien reparase en argumentos más prosaicos, pero más conducentes, como los que justifican el decreto y que señalan al sistema en su anterior formato, una canaleta para la distracción de recursos a través de la evasión o la elusión de aportes. "El Sistema de Asignaciones Familiares, en su faz contributiva, tiene como fuente primordial de financiamiento a las contribuciones patronales y está fundado en los principios de reparto", dice uno de los considerandos que redactaron los abogados de Jorge Triaca. "Dicha adecuación, deviene necesaria con el fin de evitar la eventual captación indebida de prestaciones de la seguridad social cuando los importes de las remuneraciones son declarados por el empleador en forma ilegítima, por un monto inferior al citado mínimo (...) desalentando aquellas conductas de los empleadores que impliquen una sustracción a sus obligaciones y en consecuencia un perjuicio para el régimen y sus beneficiarios".

O sea, que los empresarios están de nuevo en la mira. Esta confrontación opera como un terreno a prueba, un ensayo para la gran guerra que es la del presupuesto 2019. El Gobierno la plantea como la puja principal en la que se juega su suerte, porque contiene la panacea, o sea el programa del FMI y los compromisos con las provincias, para llegar a una baja del déficit al 1,3% del PBI para el próximo ejercicio. Esto justifica todas las acciones, desde el meneo de esta semana junto al CEO de los gobernadores, Juan Schiaretti, anfitrión este lunes del presidente en Córdoba, y huésped en algún día de la semana, del dúo dinámico que negocia por el Gobierno, Dujovne y Rogelio Frigerio -que viene de una inmersión de varios días en Salta, con trato frecuente con Juan Manuel Urtubey-.

Aborto: del No del Senado al Sí de los Diputados

Lo que aparece en la superficie como más urgente es el test match del aborto, issue en el cual este domingo festejaban los partidarios de la No despenalización, después de que se conoció el No del senador por La Pampa Juan Carlos Marino. La novedad pone el torneo en manos de una negociación entre los partidarios del Sí con los senadores por Córdoba, que proponen cambios en el proyecto que: 1) aseguren la descriminalización del médico que rechace el aborto; 2) adecue los plazos para que las provincias asuman los gastos de los procedimientos; 3) habilite la objeción de conciencia de las clínicas antiabortistas.

Senador Juan Carlos Marino. Anunció que votará contra la legalización del aborto.

Lo que parece claro es que el proyecto votado por los Diputados ya no será aprobado. El gesto de Marino es una señal, porque no es un senador suelto, sino que tiene predicamento entre los suyos. El gesto zanja además una pelea provincial: el peronista Carlos Verna se atribuye haber volcado los votos en Diputados para que ganase el Sí en la mañana del 14 de junio. Despertó ese día, lo llamó al diputado peronista Sergio Ziliotto y le preguntó: "¿Cómo va la cosa?". Pareja. "¿Si les digo a los nuestros qué tienen que votar, me van a dar bola?", preguntó el gobernador. "Sí", le contestaron. "Entonces deciles que voten por el Sí”. Ziliotto y sus comprovincianos Ariel Rauschenberger y Melina Delú -que antes militaban por el No- volcaron al Sí, que ganó por 5 bancas.

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El voto de los diputados pampeanos se explica por el objetivo de perjudicar al Gobierno, algo que es el deber de la oposición. Vieron que el comando superior del PRO –Macri, Larreta, Vidal, Stanley, Esteban Bullrich, Massot, Tonelli, sumados a Carrió-, defendían el No. Estaban obligados a ponerse en contra. Lo mismo habrá pensado Marino, más allá de sus compromisos de conciencia o con su partido, para apoyar ahora el No. Es una manera de contrariarlo a Verna, que ganó por un pelo las elecciones legislativas del año pasado. Macri les ha dicho a sus visitantes sobre el pampeano, que ha sido el primero en dinamitar acuerdos para el Presupuesto: “Verna es un tipo muy complicado”. El Gobierno, que se arrepiente de haberse metido en este tema, sólo les pide a sus legisladores que "hagan lo que crean conveniente, pero que no se divida más nuestra gente" (Peña Dixit).

Clave: conservar el millón de votos de la familia militar

Otra prueba para oficialismo y oposición es el informe que rendirá Peña en Diputados el miércoles. No en los términos que se espera de confrontación con el gobierno, sino por la división que provocará el cuestionamiento diversificado del peronismo, por el decreto de intervención militar. El peronismo racional no puede decir mucho porque siempre abogó por esa intervención. Quería, como ocurrió con el proyecto de baja del impuesto a las Ganancias o con las tarifas, que lo discutiera el Congreso para poder compartir el rédito político. El oficialismo tiene previsto una artillería de videos y audios de campaña del massismo, y de otros sectores de peronismo moderado, pidiendo lo mismo que ahora dispuso Macri. Esa tribu querrá diferenciarse del cristinismo, que también va por la impugnación del decreto, pero con culpa, porque ensayó, cuando era Gobierno, autorizaciones igualmente resbaladizas, que le quitan autoridad para el pataleo.

El Gobierno, como le ocurre con el aborto, dirá que ellos se han animado a firmar lo que otros pedían, pero no se atrevían a concretar. Lo que no dirá el Gobierno es la razón de fondo de una medida que parece sólo dirigida a halagar al público, que pide más medidas de seguridad. Nadie cree en serio que en el año y medio de gestión que le queda a este Gobierno vaya a aumentar la seguridad porque se sumen las fuerza armadas a los operativos. Si eso fuera posible, lo hubieran ensayado hace siglos. El valor de fondo de la medida es aferrar para el oficialismo al millón de votos que se presume que aporta la "familia uniformada" en cada elección. Este cálculo suma a uniformados de seguridad, policiales, militares y sus parientes. Esa familia tiene reclamos hacia el Gobierno, que se manifiestan discretamente a través de los foros de retirados, que sesionan periódicamente para contener y trasmitir reclamos. El principal es el tratamiento de los detenidos por delitos de lesa humanidad, y que están en la edad para cumplir sus penas en sus domicilios.

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El Gobierno conoce ese reclamo y, aunque nunca lo confiese, alentó el fallo de la Corte del 2x1 -un tiro por la culata-. Con este decreto hay un reconocimiento a la existencia de las Fuerzas Armadas, les dan un destino institucional y una función que les puede levantar el ánimo. Pero lo principal es asegurar por esa vía que ese voto uniformado se mantenga dentro del corralito de Cambiemos, como ocurrió en 2015 y 2017. Nadie imagina que, desencantado, pueda irse a la oposición, pero el silencio del Gobierno sobre el reclamo de los detenidos puede alentar la indiferencia. Este factor electoral de la familia militar, dicho sea de paso, modera los ánimos de todos porque en tiempos de campaña no hay que pelearse mucho con nadie.

Procurando una procuradora, sin acuerdo, a suerte o verdad

El primer choque de la semana de la rentré de la temporada es la audiencia del martes de la candidata a procuradora Inés Weinberg de Roca, ante los senadores de la Comisión de Acuerdos. La dama va con un acuerdo de dos pasos, como dicen los chefs gourmets. Uno ya está cerrado y es el compromiso con la bancada peronista de los federales, de que no habrá agresiones ni tampoco un examen que comprometa su destino. Por ejemplo, usar en contra de ella las impugnaciones que le han hecho por sus opiniones sobre los juicios de lesa humanidad. Le aseguran que será un paseo, y aun la aprobación del dictamen, para que sea la reemplazante de Alejandra Gils. El segundo paso del acuerdo sigue abierto: necesita los 2/3 de los votos de la Cámara y eso no lo junta nadie hasta ahora. El bloque de los federales de Miguel Pichetto niega cualquier pacto que vaya más allá de la comisión. “No hay nada acordado”, confían de la oficina de Federico Pinedo.

Inés Weinberg de Roca, candidata para la Procuración General de la Nación, cuando se reunió con Macri en marzo.

El road map puede aclararse este lunes en la reunión que mantendrán los caciques del Senado –Pichetto, Pinedo, Rodolfo Urtubey, Humberto Schiavoni– sobre Weinberg, aborto y extinción de dominio. Si no hay progresos, esto puede dejar a Weinberg en la sala de espera por un rato. Está acostumbrada, porque le pasó lo mismo cuando Macri la propuso para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y debió esperar un tiempo para que los otros se pusieran de acuerdo. En el oficialismo de Cambiemos creen que podrán imponerla con el argumento de que es la candidata del Presidente y que, si no hay ninguna objeción grave, el peronismo debería aportar a la gobernabilidad dándole los votos, que se pueden alcanzar con los de otros senadores amigos, como Juan Carlos Romero, Carlos Reutemann, etcétera. Es otra prueba de amor que se toman oficialistas y opositores antes de la gran guerra por la plata.

El fantasma del doctor Carlés

Esa confianza contrasta con posiciones más firmes, como la de los fiscales, que han opinado a través de uno de los más populares, Ricardo Sáenz, quien ha dicho: "No estoy contra Weinberg de Roca, porque su currículum es impecable, pero muchos estábamos preparados para el cargo. Pensé que iba a haber un reconocimiento a los fiscales que pusimos el cuerpo. Debía recaer en algún fiscal… se desperdició una generación de fiscales". Macri mantuvo, después del anuncio de la nominación, una reunión a solas con Raúl Pleé, fiscal de la Casación y a quien el Senado escucha mucho sobre proyectos en estudio. Se informó que Pleé permanecería en el cargo, pese a su anuncio de jubilación para ser el chaperón, con su experiencia, de una eventual gestión de Weinberg. Pleé circuló como candidato al cargo con el apoyo del peronismo. Ha pasado mucho tiempo y ese acuerdo pudo ya prescribir. La cita del martes sirve para probar el circuito, analizar quienes son más amigos, o no tanto.

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¿Por qué el peronismo graciosamente le daría el cargo, cuando tenía también otro postulante, el senador Urtubey, que preside la Comisión de Acuerdos y que ya fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que es un veterano en la materia? Es importante para peleas de más gravedad, y no tanto por el resultado del trámite. Porque al final, si Weinberg no logra los votos, seguirá el Procurador adjunto Eduardo Casal, que está a cargo de la Procuración y su actuación es vista con simpatía por el Gobierno. Si Weinberg logra el dictamen, pero no los votos, puede correr el mismo destino de Roberto Carlés. Cristina de Kirchner lo propuso en enero de 2015 para ocupar una silla en la Suprema Corte que dejaba Eugenio Zaffaroni. Tuvo el dictamen, pero nunca se aprobó en el recinto, y quedó en una especie de limbo, pese a que contaba con un voto decisivo, el del Papa Francisco. Cristina retiró el pliego en diciembre de 2015, entre la primera vuelta y el balotaje presidencial, para nominar a otros dos jueces que tampoco pudieron asumir, porque Macri ganó esa segunda vuelta el 22 de diciembre. Carles se fue como quien se desangra, como dice la frase final de Don Segundo Sombra

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