Por Facundo Chaves

La Corte Suprema se prepara para resolver una controversia nacida en Formosa, pero su decisión puede terminar teniendo consecuencias políticas a cientos de kilómetros de esa provincia y convertir al máximo tribunal, sin proponérselo, en un árbitro inesperado de la interna peronista.

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La discusión comenzó con Gildo Insfrán, pero ya excede al gobernador que conduce Formosa desde 1995. Raúl Jalil, en Catamarca; Gustavo Sáenz, en Salta; y Osvaldo Jaldo, en Tucumán, tienen por delante definiciones sobre su futuro político y mantienen abierta, con situaciones jurídicas diferentes, la posibilidad de continuar en el poder después de 2027.

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Hay un elemento adicional que convierte esas tres historias provinciales en una discusión nacional: Jalil, Sáenz y Jaldo integran el grupo de gobernadores de extracción peronista que eligieron mantener una relación de cooperación con Javier Milei. Los tres negociaron con la Casa Rosada, acompañaron iniciativas del oficialismo o aportaron gobernabilidad durante distintos momentos de la administración libertaria.

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Y esa condición empieza a tener otro costo dentro del peronismo.

En las últimas semanas, los principales sectores del PJ comenzaron a discutir una coordinación política más dura frente al Gobierno y una frontera hasta ahora difusa: qué lugar tendrán en la construcción opositora de 2027 aquellos dirigentes que durante los primeros años de Milei optaron por colaborar con la Casa Rosada.

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En medio de esa discusión apareció la Corte Suprema.

Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los tres jueces de la Corte Suprema

El máximo tribunal ya había declarado inconstitucional, en diciembre de 2024, el régimen que permitía la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador de Formosa. Después de aquel fallo, la provincia reformó su Constitución e incorporó un límite de dos períodos consecutivos.

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Pero la reforma incluyó una cláusula transitoria que abrió una nueva controversia. El mandato de las autoridades que estaban en funciones al momento de sancionarse el nuevo texto sería considerado como el primero bajo el régimen reformado. En los hechos, esa disposición deja a Insfrán en condiciones de intentar presentarse nuevamente en 2027.

La oposición volvió entonces a recurrir a la Corte. La Confederación Frente Amplio Formoseño, integrada por la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y otros espacios opositores, promovió una acción contra la cláusula transitoria cuarta. La semana pasada, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon la competencia originaria del tribunal para intervenir en el planteo.

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Si Insfrán fuera habilitado, se presentara y volviera a ganar, iniciaría su noveno mandato consecutivo.

El expediente tiene límites jurídicos precisos. Una eventual sentencia contra Insfrán no inhabilitará automáticamente a otros gobernadores ni resolverá controversias regidas por constituciones provinciales diferentes. Pero una nueva decisión de la Corte que ratifique una interpretación restrictiva sobre las reelecciones y, particularmente, sobre los mecanismos utilizados para comenzar a contar los mandatos hacia adelante tendría una inevitable repercusión política.

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Y por eso hay dirigentes que miran hacia Formosa.

Jalil, la sucesión y una alternativa en el SenadoEl gobernador Raúl Jalil, firmando un convenio con Diego Santilli y Luis Caputo

La situación políticamente más sensible es la de Raúl Jalil.

El gobernador de Catamarca llegó al poder en 2019 y fue reelegido en 2023. Durante su administración, la provincia terminó con el esquema que permitía las reelecciones indefinidas mediante una ley reglamentaria que estableció un máximo de dos períodos consecutivos para gobernador y vicegobernador.

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La norma fijó además un punto central: los mandatos que se encontraban en ejercicio cuando entró en vigencia serían considerados como primer período a los efectos del nuevo límite.

Jalil afirmó públicamente que no buscará otra reelección y sostuvo que dos períodos son suficientes. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones con dirigentes nacionales y provinciales del peronismo, la discusión sobre su futuro no está definitivamente cerrada.

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En el oficialismo catamarqueño circulan distintos escenarios.

Uno supone mantener abierta la discusión sobre las posibilidades de continuidad de Jalil. Otro contempla que el gobernador busque una banca en el Senado nacional y habilite una sucesión acordada dentro del peronismo provincial.

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Allí aparece Gustavo Saadi.

El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca tiene aspiraciones de suceder a Jalil y cuenta con el respaldo de una dirigente determinante en la política provincial: la exgobernadora y actual senadora nacional Lucía Corpacci.

Corpacci, además, mantiene una relación política y personal estrecha con Cristina Kirchner y no está convencida de acompañar una eventual nueva candidatura del actual gobernador. Un acuerdo alrededor de Saadi podría, por eso, ordenar una sucesión y, al mismo tiempo, recomponer los vínculos entre el peronismo catamarqueño y el sector nacional que responde a la expresidenta.

La discusión tiene un trasfondo inevitable.

Jalil es uno de los mandatarios peronistas que desarrolló una relación más pragmática con Milei. Mantuvo canales abiertos con la Casa Rosada y sus legisladores acompañaron al Gobierno en votaciones relevantes.

Lo que durante los primeros años de la administración libertaria fue presentado por esos gobernadores como una estrategia para preservar los intereses de sus provincias empieza ahora a ser utilizado en la interna del PJ como un elemento para cuestionar su pertenencia a una futura coalición opositora.

El dirigente político Diego Santilli sonríe durante un encuentro con gobernadores del Norte Grande en la provincia de Misiones.Sáenz, entre dos oposiciones

Gustavo Sáenz enfrenta una situación diferente y, políticamente, una paradoja todavía mayor.

Gobierna Salta desde 2019 y fue reelegido en 2023. Durante su primer mandato impulsó una reforma constitucional que redujo las posibilidades de reelección del gobernador y vicegobernador.

El debate se concentra en cómo debe computarse ese límite.

La interpretación favorable al gobernador considera que el período iniciado en 2023 es el primero bajo la Constitución reformada y que, por lo tanto, Sáenz podría competir nuevamente en 2027.

Sus adversarios plantean lo contrario y agregan un antecedente particularmente incómodo para el oficialismo provincial.

La misma reforma constitucional de 2021 estableció que los magistrados inferiores del Poder Judicial deben cesar indefinidamente al obtener la jubilación o el día en que cumplan 70 años, lo que ocurra primero.

La cuestión ya fue interpretada por la Justicia salteña. En febrero de 2025, la Corte de Justicia provincial determinó que el límite también alcanzaba a magistrados que ya estaban en ejercicio cuando se sancionó la reforma. Para ordenar la transición, dispuso que quienes ya hubieran alcanzado o alcanzaran los 70 años hasta el 30 de junio de ese año dejarían sus cargos en esa fecha; a partir de entonces, los jueces inferiores deben cesar al cumplir la edad establecida constitucionalmente.

El gobernador Gustavo Sáenz

Ese antecedente ofrece a los adversarios de Sáenz un argumento político y, eventualmente, jurídico: si una limitación incorporada por la Constitución de 2021 pudo alcanzar a magistrados cuyos cargos habían comenzado antes de la reforma, sostienen, deberá explicarse por qué el nuevo límite de mandatos tendría que computarse exclusivamente hacia adelante cuando se trata del gobernador.

No significa que ambas situaciones sean jurídicamente idénticas. Pero el contraste promete convertirse en uno de los ejes de cualquier controversia sobre una eventual candidatura de Sáenz en 2027.

La cuestión resulta todavía más significativa porque fue el propio gobernador quien presentó la reforma constitucional como una herramienta destinada a terminar con los “mandatos eternos” y garantizar la alternancia en los cargos políticos y judiciales.

Pero Sáenz tiene un problema que excede ampliamente la Constitución provincial.

El gobernador construyó una relación fluida con el Gobierno nacional y es uno de los interlocutores provinciales con los que la Casa Rosada pretende preservar el vínculo político. Al mismo tiempo, profundizó su enfrentamiento con Cristina Kirchner y cuestiona abiertamente al sector del peronismo que responde a la expresidenta.

Desde el kirchnerismo le reprochan exactamente lo contrario: su cooperación con Milei y su negativa a integrar una estrategia de confrontación sistemática con el Gobierno.

La paradoja es que Sáenz tampoco tiene una relación armónica con La Libertad Avanza de su propia provincia.

La senadora María Emilia Orozco y sectores libertarios vinculados con Alfredo Olmedo mantienen una confrontación abierta con el gobernador y sostienen una estrategia política muy diferente de la que la Casa Rosada desarrolla con él.

La tensión quedó expuesta esta semana durante la visita de Sandra Pettovello a Salta.

En una actividad en la que coincidieron el gobernador y dirigentes libertarios locales, militantes de La Libertad Avanza cuestionaron a Sáenz. La ministra de Capital Humano intervino para defenderlo y advirtió que quien maltratara al mandatario tendría que “vérselas” con ella.

La frase tuvo inmediata repercusión en la política provincial porque hizo visible una contradicción que hasta entonces se administraba con mayor discreción.

La ministra de Capital Humano visitó la provincia de Salta y pidió que los libertarios no lo traten mal. "Se las van a tener que ver conmigo", les dijo

El Gobierno nacional pretende sostener la interlocución con un gobernador que colaboró con Milei, pero no controla completamente a una estructura libertaria provincial que necesita enfrentarlo para construir una alternativa electoral propia.

Sáenz queda así encerrado entre dos oposiciones: el kirchnerismo cuestiona su lugar dentro del peronismo por su relación con Milei y los libertarios salteños lo combaten pese a la relación política que el mandatario mantiene con el Gobierno nacional.

Jaldo y el período que puede convertirse en un problema

El caso de Osvaldo Jaldo tiene un matiz jurídico diferente.

Antes de convertirse en gobernador electo de Tucumán fue vicegobernador de Juan Manzur. Cuando Manzur dejó la provincia en septiembre de 2021 para asumir como jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Jaldo quedó al frente del Poder Ejecutivo.

Ejerció la gobernación hasta febrero de 2023, cuando Manzur regresó al cargo. Meses después, Jaldo encabezó la fórmula oficialista, ganó las elecciones y asumió como gobernador constitucional.

Los registros institucionales tucumanos diferencian ambas situaciones. Durante el reemplazo de Manzur, Jaldo aparece como vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo. Desde 2023, como gobernador constitucional.

Esa distinción puede transformarse en el centro de una futura controversia.

Si Jaldo avanza con su intención de buscar un nuevo mandato en 2027, sus adversarios internos podrían intentar que aquel período durante el cual ejerció efectivamente la gobernación sea considerado a los efectos de computar los límites constitucionales.

No existe hasta ahora una equiparación automática entre aquella situación y un mandato obtenido como cabeza de una fórmula electoral. Por eso, de los tres gobernadores, el suyo es probablemente el caso que exige mayor cautela jurídica.

Pero también allí la discusión legal se superpone con una pelea política.

Jaldo y Manzur atravesaron durante los últimos años alianzas, enfrentamientos y reconciliaciones. Ahora vuelven a diferenciarse por la relación con Milei.

Osvaldo Jaldo y el presidente Milei

Manzur, actualmente senador nacional, se encuentra más cerca del peronismo que promueve una oposición frontal a la Casa Rosada. Jaldo tomó el camino contrario: fue uno de los primeros gobernadores del PJ en establecer una política explícita de cooperación con el nuevo Gobierno y sus legisladores resultaron importantes para el oficialismo en el Congreso.

Si finalmente hubiera una disputa sobre su habilitación para 2027, resultaría difícil separar el debate constitucional de la pelea por el control político del peronismo tucumano.

Los intendentes y la construcción presidencial de Kicillof

El problema de las reelecciones no termina en los gobernadores.

En la provincia de Buenos Aires, decenas de intendentes quedarán impedidos de buscar otro mandato en 2027 si no cambia la legislación vigente. Una mayoría pertenece al peronismo.

La senadora provincial Ayelén Durán, alineada con Axel Kicillof, presentó un proyecto para eliminar las restricciones que actualmente alcanzan a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

La presión sobre el gobernador bonaerense tiene una explicación que excede los municipios.

Los intendentes constituyen uno de los principales soportes territoriales de la construcción con la que Kicillof pretende proyectarse nacionalmente en 2027. Muchos de ellos reclaman modificar el régimen de reelecciones y consideran que la resolución de ese problema debe formar parte de los acuerdos políticos que sostengan una eventual candidatura presidencial del gobernador.

La relación es delicada.

Kicillof necesita de los intendentes para su proyecto nacional. Los intendentes necesitan de Kicillof para modificar una legislación que puede terminar con las carreras ejecutivas de muchos de ellos.

Las reelecciones se convierten así en moneda de negociación dentro de una interna que ya no discute solamente candidaturas sino también las reglas bajo las cuales esas candidaturas podrán existir.

La frontera que el PJ quiere trazar frente a Milei

Toda esa discusión ocurre mientras el peronismo intenta resolver otro problema: cómo volver a construir una estrategia nacional después de años de fragmentación.

Hace dos semanas, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof participaron de una reunión en el Hotel Emperador junto con gobernadores y referentes parlamentarios, entre ellos Gerardo Zamora y los presidentes de los bloques peronistas del Senado y Diputados, José Mayans y Germán Martínez.

El encuentro buscó avanzar en una coordinación política y parlamentaria frente al Gobierno.

Pero las conversaciones dejaron también una discusión que será decisiva hacia 2027.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones con dirigentes de distintos sectores del peronismo, existe una decisión de comenzar a establecer una frontera más clara entre quienes confrontan con Milei y aquellos gobernadores que durante estos años mantuvieron una política de cooperación con la Casa Rosada.

Esa búsqueda de unidad tiene, además, un objetivo político-electoral inmediato: impedir que el Gobierno consiga eliminar las PASO, una de las principales reformas que la Casa Rosada pretende concretar este año. La resistencia a esa modificación aparece como uno de los primeros puntos capaces de alinear a sectores que mantienen diferencias profundas sobre liderazgos, candidaturas y estrategias para 2027.

No se trata necesariamente de expulsar a los gobernadores dialoguistas del universo peronista. La discusión es otra: si podrán integrar en las mismas condiciones una coalición electoral construida precisamente para derrotar al Gobierno con el que cooperaron en votaciones y negociaciones relevantes.

Jalil, Sáenz y Jaldo están en el centro de esa discusión.

Los tres conservan estructuras territoriales, legisladores y capacidad electoral. Los tres pueden ser necesarios para cualquier proyecto nacional que pretenda reconstruir una mayoría peronista. Pero los tres eligieron también una estrategia frente a Milei que los distancia del núcleo que intenta organizar una oposición más homogénea.

Y allí aparece la paradoja.

Mientras el peronismo busca resolver políticamente qué hacer con sus gobernadores dialoguistas, una decisión originada en una controversia constitucional de Formosa puede terminar despejando —o complicando todavía más— parte de esa discusión.

La Corte no decidirá quién debe conducir el PJ, quién integrará la coalición opositora ni quién será candidato presidencial en 2027. Tampoco una sentencia sobre Insfrán puede trasladarse automáticamente a las situaciones de Jalil en Catamarca, Sáenz en Salta o Jaldo en Tucumán. Mucho menos resolverá la situación de los intendentes bonaerenses que buscan recuperar la posibilidad de competir por nuevos mandatos, una discusión que depende de la Legislatura provincial y que forma parte de la negociación política alrededor del proyecto presidencial de Kicillof.

Pero si el máximo tribunal vuelve a establecer un criterio restrictivo frente a los mecanismos que permiten prolongar mandatos o comenzar a computarlos hacia adelante, las consecuencias políticas excederán inevitablemente a Formosa.

El peronismo discute hoy dos cuestiones que empiezan a superponerse: quiénes pueden seguir gobernando y quiénes podrán formar parte del proyecto que pretende volver al poder nacional.

Sin buscarlo, la Corte puede terminar convertida en el árbitro inesperado de una parte de esa pelea.