Por

Ari Lijalad

Hay un dato poco tenido en cuenta al analizar la ley de Regresión Laboral que impulsa Javier Milei y es que, a diferencia de lo que dicen desde el Gobierno y repiten sus comunicadores paraoficiales, va a aumentar la litigiosidad y la judicialización. La industria del juicio, como la llaman mediáticamente, será la única que crezca en la era Milei. El texto que trata el Congreso incluye un artículo para crear un fuero del Trabajo porteño de cero, con jueces y fiscales alineados con el discurso libertario y empresarial que bloqueen los juicios que se van a multiplicar si Milei logra imponer su proyecto.

Los libertarios y sus empresarios amigos saben que tendrán más juicios y, de hecho, no pretenden evitarlo sino encauzarlo a su medida. Y mientras el gobierno ensaya una fe de erratas poco creíble con el artículo 44 que reduce los salarios por enfermedad para que sea el árbol que tape el bosque de 213 artículos que (todos) eliminan derechos, hay uno que salió del foco: el 91, que avanza en el traspaso del fuero Laboral Nacional a la ciudad de Buenos Aires. Es el complemento necesario de la reforma: eliminar derechos y tener jueces y fiscales adictos que lo ratifiquen mientras se cargan el derecho a huelga.

Si Milei logra convertir este proyecto en ley se va a judicializar de inmediato. En general, ya que viola el principio de progresividad de derechos que rige desde 1994; en lo particular, en cada uno de los artículos que pasa la motosierra a derechos laborales, uno por uno. Tiene algo a su favor: a finales del año pasado la Corte Suprema firmó un fallo que estableció la constitucionalidad de la Reforma Previsional de Mauricio Macri. ¿Cuál es la relación? Aquella ley de Macri de 2017 bajó las jubilaciones, es decir, retrocedió en términos de derechos. Que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostengan que eso es constitucional es un visto bueno desde la cúpula judicial para que Milei proceda a revertir derechos, algo que desde 1994 es inconstitucional. Y la creación de un fuero del Trabajo nuevo muestra que no quieren tener que llegar a esta Corte alineada con el deseo empresarial sino que esperan que la desprotección de los trabajadores se garantice desde el inicio de cada pleito judicial. 

La postergación desde finales del año pasado del tratamiento de la Regresión Laboral le dio tiempo al gobierno para firmar un acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a CABA. El documento lo rubricaron el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia el 9 de febrero de este año, apenas 3 días antes de que la Regresión Laboral se tratara en el Senado. El texto del acuerdo llegó a la oficina de Victoria Villarruel apenas 48 antes del inicio de la sesión y, por lo tanto, no fue parte de las discusiones en comisión y fue agregado en alguna de las innumerables versiones de la ley.

¿Qué dice el acuerdo entre Nación y CABA? Que a partir de ahora los juicios laborales se resolverán en la Justicia del Trabajo porteña que, sorpresa….aún no existe. De los 80 juzgados de primera instancia y 10 salas de 3 camaristas cada una a nivel Nacional la intención es pasar a 10 jueces y 2 salas laborales en CABA que van a surgir de concursos exprés que se comprometieron a terminar en menos de 6 meses. Los concursos ya están en marcha, con listas de inscriptos pero aún sin resultados, aunque todos saben que prácticamente todos los cargos judiciales en la ciudad dependen más de negociaciones y repartos de espacios entre padrinazgos radicales y peronistas que del mérito.

Actualmente, en la Justicia Nacional hay 80 juzgados del Trabajo de primera instancia y una Cámara de Apelaciones con 10 salas de 3 jueces cada una. Hay 30 juzgados y una sala completa vacantes. ¿Como van a hacer para que 10 jueces reemplacen a 80 y 2 salas a 10? Aunque se traspasen solo los juicios laborales será un cuello de botella. Parece que es el objetivo.

El acuerdo que pretenden legitimar con la ley de Regresión Laboral da por hecho que puede haber un gran “volumen de causas que se inicien en el Fuero de Trabajo” porteño y prometen tomar “todas las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para asegurar la adecuada prestación del servicio de justicia”. O sea, reconocen que se van a multiplicar los juicios laborales, solo que ahora manejados por todo un fuero creado rápido y a medida.

La transferencia del fuero laboral nacional a CABA establece que el Estado Nacional se compromete a “no promover nuevas designaciones -ni impulsar aquellas que se encuentren en trámite-”. En otras palabras, a vaciar la Justicia Nacional e ir cerrando los juzgados que ya no tengan causas. Es, de hecho, la destitución de jueces que concursaron y fueron designados por el Congreso (de acuerdo al procedimiento que manda la Constitución Nacional), con base a un acuerdo entre Nación y CABA, entre Milei y Jorge Macri, algo que a todas luces es ilegal.

En el desguace de la Justicia Laboral Nacional hay muchas cuestiones que pasan al fuero federal, distinto del nacional, entre ellas las negociaciones colectivas y las medidas de acción sindical, todo lo vinculado a los sindicatos, los pleitos sobre inspecciones laborales y aplicación de multas y cuando el Estado Nacional sea partes. De nuevo, todo lleva a disolver un fuero entero.

Macri en su momento apuntaba contra la “mafia de los abogados laboralistas” con Héctor Recalde a la cabeza y, valga la redundancia, pedía la cabeza de jueces como Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por homologar una paritaria de los bancarios. Milei va directamente por eliminar el fuero Laboral Nacional, crear uno propio y que los abogados laboralistas se las arreglen.

El empuje para esta maniobra lo da otra vez la Corte. El acuerdo Milei-Macri cita el fallo Levinas de la Corte como fundamento. Tal como informó El Destape, es el fallo por el cual Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda (en su último día como cortesano) salvaron a otro Macri, a Mauricio, en el caso Correo. Ese fallo establece que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño será la instancia de apelación de los casos de la Justicia Nacional asentada en CABA. Fue a medida del caso Correo pero para que no se notara tanto tomaron el caso del periodista y marchand Gabriel Levinas, que le robó unos cuadros al artista León Ferrari, perdió en todas las instancias judiciales nacionales y entonces apostó a que el caso pase a la Justicia porteña. La Corte le dio la razón y atrás dijo que el caso Correo, que también tenía resoluciones en contra en la Justicia Nacional, siguiera el mismo camino.

Ahora, con este acuerdo, pretenden también que el TSJ porteño sea la máxima instancia en temas laborales. Pasan por alto que el fallo Levinas desató una rebelión en jueces de todos los fueros que se negaron a cumplirlo y, algo más que extraño, pusieron sus críticas y objeciones por escrito y con su firma en contra del máximo tribunal con frases como esta: “La Corte Suprema decidió dictar una decisión que trastoca por completo el sistema constitucional argentino”. Hasta el procurador interino Eduardo Casal planteó sus objeciones, ya que si una causa nacional pasa a instancia de revisión al TSJ porteño, no pueden intervenir los fiscales nacionales y, por ende, el interés público queda sin representación. Otra vez el caso Correo es el ejemplo: al pasar el caso a la Justicia porteña consiguieron que dejara de intervenir la fiscala Gabriela Boquin, que fue la que logró frenar la autocondonación de la deuda por parte de Macri y desnudó el entramado de vaciamiento de la empresa. Si eso pasó con un caso del fuero Comercial, no es difícil imaginar el destino de los casos laborales.

El TSJ porteño lo preside Inés Weinberg, que fue la candidata de Macri para ocupar la Procuración General de la Nación una vez que la alianza entre Cambiemos, Clarín, Comodoro Py y los estudios de abogados de la city porteña forzaron la renuncia de Alejandra Gils Carbó. También lo integra Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en la era Macri y alfil del lawfare. Lo completan Luis Lozano, el más alineado con la derecha local y tejedor en las sombras de los rumbos del TSJ porteño, Alicia Ruiz, acaso la más disidente del grupo, y Marcela De Langhe, designada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pero con el padrinazgo del radical Daniel “Tano” Angelici, uno de los hombres que controlan hasta el último escribiente que ingresa a la Justicia porteña en equilibrio con otros operadores peronistas. No importó que tuviera una denuncia por cobrar como jueza y como funcionaria de Larreta a la vez, algo incompatible.

El fiscal general de la ciudad es Juan Bautista Mahiques, el armador del lawfare durante la presidencia de Macri que cuenta también con sólidos puentes con sectores de kirchnerismo. Fue uno de los viajeros a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. La ley de Regresión Laboral incluye la eliminación del Estatuto del Periodista, que si esto avanza dependerá de un invitado de los interesados en que los trabajadores de prensa no tengan derechos.