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El ministro Ginés González García abrió un período de consultas a obras sociales y prepagas para un rediseño de los mecanismos de financiamiento y gestión.

Así lo indicó Jorge Soria, el presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia de Buenos Aires: "No es un problema de recursos si no un problema de saber analizar este momento, ser solidarios y pensar que si los sanatorios van mal los médicos vamos mal y la gente no se va a poder atender como corresponde".

Los fondos serán para compensar la caída de la recaudación y adelantar los reintegros. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

La pandemia impacta en todos los sectores. Así como el turismo o el comercio, la medicina privada también padece el daño colateral del Covid-19. El Círculo Médico Zona Sur dio a conocer la crítica situación que atraviesa el sector privado, al punto de que profesionales se vieron obligados a cerrar sus consultorios. 

Un relevamiento muestra que existe “una amplia disponibilidad para la atención de emergencias, internación y terapia intensiva, con un bajo número de pacientes infectados (por coronavirus)" que contrasta con “la marcada disminución de consultas, estudios diagnósticos e intervenciones terapéuticas”. Los responsables del sector hacen su balance de la cuarentena.

La decisión forma parte de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. Los fondos se repartirán entre las prestadoras médicas de los gremios según la caída de su recaudación. En la CGT piden que la ayuda se repita en mayo y junio

Utilizarán unos $10.000 millones de un Fondo de Emergencia y Asistencia, que fue creado durante el macrismo y nunca había sido usado, para compensar la fuerte caída en la recaudación del sistema gremial de salud. El reparto se hará según los menores aportes acreditados por la AFIP

Desde el gobierno afirman que no hay riesgo de quiebra, pero el abultado pasivo generó un cruce entre el ministro de Defensa Agustín Rossi y su antecesor, Oscar Aguad

En diálogo con la FM De Las Misiones Pablo Adrián Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, denunció que en este tiempo de pandemia muchos seguros de salud niegan el pago del 100% de las prestaciones, queriendo además solicitar exigencias que no corresponden.

Es por la deuda que mantienen con el sector minorista. La entidad que reúne a esos comercios afirman que no pueden sostener la financiación de la seguridad social, y si no se paga la deuda acumulada a fin de meses se cortará el servicio. Algunas entidades de salud bajaron su recaudación un 70 por ciento, por lo que piden auxilio al Estado para evitar el colapso. Una interna gremial complica el reparto de recursos.

En las últimas horas, el Colegio de Odontólogos - Distrito l - , que dirige Natalia Weiler, clausuró el consultorio odontológico del Centro Médico de la obra social OSPEDYC por “precarización laboral”.

Omar Viviani, Secretario General del Sindicato de Peones de Taxis aseguró que están “atravesando la crisis más profunda en nuestra actividad, casi al borde de la extinción”.

Lo oficializó el Gobierno nacional. La medida alcanza a unas 265 obras sociales por un monto total de 3.969.603.912 pesos.

Reclaman el permiso para retomar la atención presencial, luego de que otras áreas de la Salud fueron autorizadas en la provincia. Si bien pueden continuar tratamientos de manera virtual, denuncian que muchas obras sociales continúan negando la cobertura.

Por segundo mes consecutivo, la distribución del dinero beneficiaba a Camioneros en desmedro de obras sociales de sindicatos más numerosos y también a entidades chicas que triangulan los aportes con las prepagas. Ahora se aceptó un criterio “equitativo” propuesto por la central obrera

Las empresas privadas de salud cargan el costo de la crisis sobre el personal médico en plena pandemia del coronavirus. Recortes salariales, demoras en los pagos y pedido de auxilio al Estado.

La central busca voltear la propuesta oficial y elabora una propia de cómo distribuir la plata entre las obras sociales.

El plan está a cargo del ministro de Salud, Ginés González García, que busca cómo subsidiar a esas prestadoras y evitar su quiebra a partir de una caída del 70% de su recaudación.

Médicos sostienen que les quieren pagar solo la mitad de las atenciones.

Lo que debía ser un alivio para el sindicalismo disparó la mayor controversia en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, además de agitar una disputa interna.

El ministro de Salud intervino en una reunión virtual de la CGT para ratificar que habrá un auxilio por decreto, tal como adelantó ayer este diario.

Se lo aseguró el ministro de Salud a los dirigentes de la central obrera, que piden $45.000 millones en tres cuotas para compensar la drástica caída de la recaudación por la paralización de la economía. A cada obra social se le darán en mayo, junio y julio los fondos para cubrir la pérdida registrada por la AFIP

Los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunieron por teleconferencia con autoridades de la CGT y de la UIA, en la que se analizaron "las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional para mantener la salud, los puestos de trabajo y la producción" del país, en medio de la pandemia por coronavirus.

El plan está a cargo de Ginés González García, que busca cómo subsidiar a esas prestadoras y evitar su quiebra a partir de una caída del 70% de su recaudación.

Difícil y dramática es la situación que están atravesando los profesionales de la odontología de todo el país al no poder atender a sus pacientes, hecho que se ve agravado por un lado por la demora en el pago de sus prestaciones ya realizadas a cuenta de distintas obras sociales , y ser esta una de las actividades más expuestas al contagio y transmisión del coronavirus al estar a 30 centímetros de quien recurre a sus pacientes. A eso se le suma el costo del Kit de seguridad que ronda entre los  1500 y 3000 pesos ( y que debe ser utilizado uno por cada atención)  y que las prestadoras de salud con quieren reconocer.

La CGT arrojó un comunicado en el que entre sus tópicos, le recuerda al Gobierno la creación del Consejo Económico y le pide organizar una mesa interministerial para que participen gremios y empresas.

El centro de rehabilitación “Darse Cuenta” de La Plata advirtió que las prestadoras de servicios de salud “no cumplen con sus afiliados”. En tanto, ni la Municipalidad ni la Gobernación bonaerense se hicieron eco de la situación crítica que pone en riesgo todos los tratamientos.

Lo hizo a través de la resolución 326/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Por primera vez en 90 años de historia de la central obrera se hará un encuentro a distancia de sus líderes.

Por módulo de aislamiento y diagnóstico, se reintegrarán hasta $10.000 pesos por día hasta un máximo de siete; por Módulo de Unidad de Cuidados Críticos por Covid-19 sin Asistencia Respiratoria Mécánica, hasta $19.400 diarios; y por la misma modalidad pero con ARM, hasta $23.640 por día, en ambos casos hasta un máximo de 14.

La medida incluye también a los tratamientos de casos sospechosos de COVID-19

La cúpula de la CGT evalúa pedir al Gobierno flexibilizar más la cuarentena a partir del 26 de abril próximo, con medidas especiales de protección sanitaria, para evitar un colapso del sistema de obras sociales en medio de la inactividad económica, ya que se produjo una caída del 70% en los aportes.

Así lo manifestó el director bioquímico del laboratorio privado que analiza las muestras. "Hoy, el 90% de los financiadores no está reconociendo esta práctica y eso para nosotros es crítico", afirmó.

El líder del gremio de la construcción reclamó una flexibilización gradual de la cuarentena. Propone poner en marcha un 20% de las obras. Críticas a Techint por los 1.450 despidos.

A pesar de que la Superintendencia de Salud de la Nación lo recomendó para situaciones en las que resulte "esencial", psicólogos y nutricionistas reclaman que las prestadoras de servicios de Salud continúan negándose a reconocer esta forma de atención a sus afiliados.

El fraude laboral cometido por el Estado y las obras sociales o centros terapéuticos afecta a los trabajadores registrados como monotributistas: no se trabaja, no se cobra. Miles de psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, psicomotricistas y maestras de apoyo se quedarían sin cobrar los días de Pandemia. Y niños y jóvenes sin las prestaciones que necesitan.

La Regional Mendoza de la CGT manifestó un fuerte rechazo hacia el proyecto de ley que propone eliminar aportes de los trabajadores a los sindicatos y obras sociales, y cuestionó con dureza al ex gobernador Alfredo Cornejo, uno de sus impulsores. Para el movimiento obrero mendocino se trata de una “perversa” iniciativa que pretende la “destrucción” de los gremios y del sistema de salud.

Así lo dispuso el gobierno nacional, con el objetivo de descongestionar el sistema sanitario frente al avance del COVID-19, ayudando a lidiar más rápidamente con consultas por patologías menores que necesiten ser atendidas. Estas medidas buscan a su vez garantizar el apropiado abastecimiento de medicamentos.

Los jueces remarcaron que las obras sociales deben actuar con más eficiencia, celeridad y empatía con sus afiliados.

Con la consigna de que los afiliados no salgan de sus casas, OSP cuenta con correo electrónico y WhatsApp con ampliación de horarios.