El Gobierno apuesta a cambiar el orden judicial legado por Macri de la mano de estructuras de Inteligencia que pueden entrar en colisión y ponen en guardia a estamentos que apoyan el “cambio” ultra. Stiuso y Yofre, antiguas enemistades. El fracaso de la operación negacionista.
Por: Joaquín Morales Solá. Pudo haber sido una casualidad. O pudo haber sido simplemente lo que parece: que la dirigencia política (dejémosle el apelativo de “casta” a Javier Milei) haya decidido resguardar una de las cajas negras que usa para financiarse.
La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, en una denuncia que presentó el fiscal Carlos Stornelli a raíz de declaraciones periodísticas en relación a la posible privatización de Aerolíneas Argentinas.
En el expediente de la causa Cuadernos consta un documento que prueba que que las declaraciones de los supuestos arrepentidos del caso, instruido por el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, fueron obtenidas bajo coerción. El empresario Mario Rovella consignó ante un escribano público, antes de ser indagado en la causa, que iba a decir que había pagado coimas vinculadas con obras públicas porque, si no lo hacía, sería privado de su libertad. El Tribunal Oral Federal 7 tenía el acta desde hace un año, pero recién ahora la hizo pública.
Por: Joaquín Morales Solá. La ideología pintarrajea con trazos dramáticos la realidad. Que el oficialismo se quiere llevar puesta la Constitución. Que también se propone cerrar el Congreso. O que tal vez el gobierno de Javier Milei no pueda cumplir su mandato.
El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a líder de los Pilotos (APLA), Pablo Biró, por la denuncia que le abrió el fiscal Carlos Stornelli. Lo había denunciado por «coacción agravada, instigación de cometer delitos, intimidación pública». El dirigente había asegurado en una entrevista radial que si el Gobierno «se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar».
El juez Marcelo Martínez de Giorgi corrió al fiscal del caso de espionaje ilegal que involucra al expolicía Ariel Zanchetta, un expediente de alto volumen político en el que Stornelli fue designado como acusador público luego de que su colega Gerardo Pollicita se excusara. Había pedido ser querellante por considerar que fue víctima del sargento retirado.
Por: Joaquín Morales Solá. Cuando el jueves pasado, el último día hábil de la gestión del dueto Alberto Fernández-Cristina Kirchner, la Corte Suprema de Justicia incorporó al Consejo de la Magistratura al senador Luis Juez y expulsó al kirchnerista Martín Doñate, le asestó una definitiva derrota a la aristocracia política que gobernó el país durante 20 años.
Las cinco causas más importantes que afronta la expresidenta. La persecución política, las chances de una prisión domiciliaria y el antecedente de Lula.
Por: Joaquín Morales Solá. Ya es hora de pedirle a la Justicia que rinda cuentas. Por ejemplo: ¿qué espera el juez Marcelo Martínez de Giorgi para secuestrarle el teléfono al diputado Rodolfo Tailhade? ¿Qué espera, en todo caso, para pedirle a la Cámara de Diputados que autorice ese secuestro?
Como lo hizo antes de la elección general, cuando polarizó con el líder de LLA, el candidato de UP profundiza la confrontación de ideas y planes de gestión, más allá de la emocionalidad o la gestualidad. Apunta a un examen de idoneidad del libertario
Rechazó un recurso de De Vido en el caso de los “cuadernos”; es un fallo clave porque respalda las declaraciones de los funcionarios kirchneristas que admitieron haber recibido sobornos
Un informe de 569 páginas que comenzó a elaborarse en 2018 a pedido del gobierno macrista echa por tierra uno de los pilares de la acusación. Asegura que no hay indicio del supuesto reparto de licitaciones entre las empresas investigadas. Los testimonios de Iguacel y el "arrepentido" Clarens, descartados.
A cuatro meses del fin del mandato, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de Economía, clausuró la pesquisa abierta a partir de las revelaciones de la causa de los cuadernos: afirmó no haber encontrado evidencias contundentes
El magistrado convocó a Jorge Bacigalupo, cercano al ex chofer del Ministerio de Planificación Federal, en la investigación sobre probables adulteraciones o reescritos por una mano distinta a la de Centeno, tal como denunció el empresario Armando Loson.
Es en la causa por espionaje ilegal y extorsiones en la que estaba acusado junto al falso abogado Marcelo D'Alessio.
El magistrado federal, vinculado a Marcelo D'Alessandro a través de los chats filtrados, no solo rechazó el recurso de la IGJ sino que también ordenó un allanamiento en las oficinas que investigan la asociación civil de Bullrich.
La investigación sobre el uso irregular del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que preside Bullrich para financiar la campaña de la precandidata comenzó con un allanamiento ordenado por Stornelli a la Inspección General de Justicia, denunciante en la causa. La IGJ había recusado tanto al fiscal como al juez, Sebastián Ramos, a quienes vinculó con el PRO.
Denuncian que la precandidata del PRO cobraba millonarios honorarios de su fundación
La precandidata presidencial del PRO fue acusada por posibles infracciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, a raíz del presunto manejo irregular del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES).
Por: Joaquín Morales Solá. Aníbal Fernández forzó los límites del espacio en el que la política respeta normas de convivencia más o menos pacífica.
El pago por la filtración se realizó a través de la plataforma Binance, donde las cuentas suelen tener nombres falsos. La demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Estados Unidos. Las maniobras del PRO para tapar el escándalo de las conversaciones.
Durante la madrugada Policía de la Ciudad allanó empresas de colectivos y las viviendas de los detenidos.
"No se advierten motivos válidos y razonables, que habiliten la procedencia del planteo realizado por la defensa de Bacigalupo", amigo de de Centeno, dijo el juez.
El proceso mediante el cual se busca destituir a los miembros de la Corte Suprema se focalizará esta semana en el fallo que le otorgó el beneficio del 2x1 a los genocidas. Ex funcionarios macristas, empleados judiciales y víctimas de la dictadura, se encuentran entre los citados por el Frente de Todos.
El CEO de la empresa ítalo-argentina negoció el pago millonario con un grupo de inversores para evitar que avance una demanda civil colectiva en la que les reclamaban por los pagos ilegales realizados durante el primer gobierno de CFK y por haber ocultado la información sobre los hechos a los inversionistas en Nueva York.
El fiscal federal informó a la Procuración General de la Nación que no concurrirá este martes. El kirchnerismo amenazó con reclamar su desafuero para llevarlo por la fuerza pública
A un mes y medio del inicio del proceso para intentar destituir a los ministros del tribunal, el oficialismo evitó profundizar sobre el manejo de fondos millonarios, la obra social de los judiciales y supuestos conflictos de intereses. Mientras, concentra su agenda en los affairs del vocero de Rosatti. En esa línea, deben declarar este martes Stornelli y otros testigos. El fiscal insistió con responder por escrito y podrían pedir su desafuero.
Por: Eduardo van der Kooy. Los fundamentos del fallo del TOF2 contra Cristina por la obra pública golpearon núcleos del relato kirchnerista: inocencia, lawfare y proscripción.Cristina Fernández. Como nunca, la vicepresidenta necesita un escape político.
La Comisión de Juicio Político convocó a 6 testigos para el próximo martes a las 13 en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. Además del fiscal procesado, que ya cuenta con un faltazo, se citó a Juan Manuel Olima Espel, mano derecha del procurador interino Eduardo Casal, y al abogado Marcelo Mazzeo, quienes reconocieron públicamente la veracidad de los chats que intercambiaron con el ministro Marcelo D’Alessandro.