La ansiedad de quienes están del lado de afuera por algo que se define internamente en Tribunales siempre desemboca en un mismo resultado, en términos históricos: desilusión para los ansiosos. Ese es el recorrido que comienza a tener el proyecto de ley ingresado al Congreso para definir de forma estática la presidencia de la Corte Suprema, un trámite al que, en condiciones normales, le quedaría poco más de 30 días y para el que hay un final abierto donde solo cinco votos contaban. La política hizo su irrupción con un mensaje que tuvo múltiples lecturas pero que dejó una estela de apoyos y un único beneficiario concreto. Lo que importa no son solo sus efectos prácticos, algo de casi imposible ocurrencia. Sino sus efectos simbólicos que comenzaron a tener réplicas desde su silencioso ingreso a Diputados, el 9 de agosto pasado. ¿Un Caballo de Troya para luego ir por una ampliación del máximo Tribunal? Hasta esa lectura estuvo incluida. Como suele ocurrir con estos temas espinosos, la Corte se convierte en un erizo y se cierra sobre sí misma. “Silenzio Stampa”.

Con las firmas del radical Emiliano Yacobitti y coautoría de Cristian Ritondo el proyecto no tiene nombre. Simplemente, se propone en su artículo primero la sustitución del “artículo 21 del decreto Ley 1285/58”, reafirmando que la Corte está integrada por 5 miembros (detalle no menor) pero que su Presidente “será designado en orden de precedencia por antigüedad en el cargo. Durará tres años en el ejercicio de sus funciones y será reemplazado sucesivamente en ese orden”. Elimina el cargo de vicepresidente –el que hoy tiene Elena Highton de Nolasco- y postula a cualquier ministro en reemplazo de la presidencia ante una eventualidad (según el reglamento interno).

El artículo 2 es más jugoso como “disposición complementaria” ya que se vuelve imperativo: “El presente será de aplicación inmediata a partir del día de su publicación, derogándose toda disposición que regule igual o similar materia, contradiga o se oponga a su plena implementación. Automáticamente y sin dilaciones asumirá el ministro de la Corte Suprema de mayor antigüedad, y si este no aceptara, se seguirá en el orden de precedencia dispuesto en esta norma”. Es decir, si se sanciona, cuando ocurra, no necesariamente antes de que la Corte vote al sucesor de Carlos Rosenkrantz (o lo reelija), su promulgación dará de baja “automáticamente” cualquier “disposición”, como puede ser una Acordada con la que el máximo Tribunal deja asentado su proceso electoral. Vote lo que vote sería el Congreso quien nombre a un sucesor que deja afuera del primer turno tanto a Rosenkrantz como a Horacio Rosatti.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales –con los anteojos de mirar de lejos- ya la catalogaron como inconstitucional por ir de bruces contra el artículo 113 que fija que la Corte dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados. Pero el contexto volvió más interesante saber por qué se gestó, no si tendrá futuro. El ministro más “antiguo” es Juan Carlos Maqueda, cuyo perfil escapa de ocupar ese rol, incluso pese a que algunos de sus compañeros lo han animado a ser como un broche de oro a un ciclo que en tres años lo dejaría al límite de los 75 años que prevén su retiro. Le sigue Highton de Nolasco, cuyo papelerío para continuar más allá de ese plazo estuvo envuelto en una gran polémica durante el gobierno anterior, lo que podría dejarla muy expuesta.

El tercero, entonces, y a quien se dirigieron todas las miradas es Ricardo Lorenzetti, quien no solo contó con un operativo clamor desde tribunales inferiores (especialmente Comodoro Py e Interior), sino también desde la política. Si como adelantó Ámbito, había sido el propio Alberto Fernández el que deslizó a colaboradores que prefería un retorno a la presidencia del rafaelino, ese apoyo también se había extendido del otro lado de la grieta. Y con los empresarios de AEA que, en reuniones reservadas, escucharon las bondades de volver a dotar de “previsibilidad” a la Corte. El proyecto de ley representa eso: no es solo el oficialismo, es “la política” la que propicia un “segundo tiempo”, tras la abrupta interrupción ocurrida en 2018, cuando en tan solo cuatro días se gestó el “golpe de Palacio” que lo devolvió a la llanura tras 11 años de liderazgo.

Las cinco carillas de fundamentos del proyecto Yacobitti-Ritondo son más ricos: es el Congreso el que se propone como una suerte de “normalizador” ante las “rencillas internas” que genera la disputa por la presidencia de la Corte (y que no logra resolver, generando “caos y descrédito a sí mismos”, tal vez sin darse cuenta según la óptica del legislativo). Con una síntesis de “tradición legal consolidada”, concluyen que “la facultad de nombrar al presidente de la Corte es eminentemente legislativa” por lo que el objetivo declamado es establecer con fuerza de ley “un criterio funcional que aporte estabilidad, regularidad y previsibilidad en la elección de la conducción”, destaca. Y hace referencia a las “grandes dificultades” que se generaron en los últimos años, adelantando la fecha de elección o “acordadas que cambiaron sustancialmente el rol de la presidencia sustituyéndola por un sistema colegiado”.

A riesgo de sonar contradictorio, más adelante se señala que la Corte tiene “naturaleza colegiada”. No está escrito si la modificación también podría eventualmente restituir las facultades que tenía la presidencia en la era Lorenzetti y que ahora fueron partidas en 5 trozos idénticos: la superintendencia y el manejo de la agenda. Esa era la fuente de poder más importante que tenía ese rol. El problema es que ahora cada ministro se acostumbró a tener su propia cuota de poder que invariablemente requiere colaboración de sus pares para concretarse. Más o menos alarmados, hubo diálogos inter-vocalías. El denominador común era averiguar por qué Poder Legislativo y Poder Ejecutivo (con una eventual promulgación) saltarían sobre la forma de elegir autoridades del tercer poder. ¿Es posible leerlo como un pedido a medida? ¿Es un camino de salida a los problemas judiciales en torno a integrantes de las dos coaliciones mayoritarias? ¿Por qué es tan gravitante definir quien ocupa un sillón que no garantiza mayorías a la hora de los votos? ¿Es una prueba piloto de intromisión? Preguntas surgidas de conversaciones subterráneas.

La genealogía de Yacobitti lo ubica de forma inequívoca junto a Enrique “Coti” Nosiglia, mientras que la de Ritondo lleva la línea punteada hasta Horacio Rodríguez Larreta que con ensayo y error va fogueándose en las lides que están en el inventario de un candidato presidencial. La redacción, en el Palacio, se la atribuyen a Gustavo Ferrari, el exministro de Justicia de María Eugenia Vidal y uno de los trajinadores por un sector de Juntos de los pasillos tribunalicios. Pero el impulso cuenta con otros actores de mayor peso, inclusive. El aliento para esta iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, un “player” de amplio espectro, no sorprendió. Algunos diputados cruzaron mensajes y llamados hacia el cuarto piso de Talcahuano 550 para desmarcarse. Más intriga generaba la posición de Cristina de Kirchner, quien se habría mostrado desinteresada sobre el tema. Esa señal podría marcar el termómetro de lo que ocurriría con la Cámara revisora que es el Senado. Eso no excluiría el “ruido” interno que podría tener hacia adentro cada una de las fuerzas que dejen su marca de agua en el tema.

En los fundamentos, básicamente se le dice a la Corte que como no sabe resolver sus problemas genera “inestabilidad”, algo que debe revertir el Congreso a través de garantizar una “sucesión” y no una elección. Llamó la atención que incluyan entre las desviaciones a evitar la de “prácticas preselectivas riesgosas a una politización inadecuada”. Un eufemismo largo para denominar al lobby.

La reciente visita del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Jake Sullivan tuvo para con la Argentina un elogio poco publicitado. Comparado con los vecinos de la región, este país goza de niveles de institucionalidad más o menos estables. Esa mirada parece lejana y poco influyente hasta que deja de serlo. Maxime en un contexto de elecciones como será Septiembre: PASO, Corte y conducción de CGT en el mismo mes. Algunos vislumbran que el combo se completa con la aprobación en Diputados de la reforma al Ministerio Público Fiscal para designar procurador. Nada es imposible. Al menos cuando se apruebe el protocolo de sesiones.

Por Gabriel Morini