El Senado de la Nación abrirá formalmente el debate en comisiones este miércoles 28 de mayo sobre dos temas sensibles que podrían reconfigurar el mapa institucional argentino: la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y las modificaciones a la Auditoría General de la Nación (AGN). El encuentro está previsto para las 13 y será encabezado por un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en principio con carácter informativo.

Sin embargo, el clima en Casa Rosada es de máxima cautela. En las últimas horas, operadores del Ejecutivo sondearon la posibilidad de postergar la sesión ante el temor de que se emita un dictamen sorpresivo sobre alguna de las iniciativas en discusión. La inquietud responde tanto a las fisuras internas del oficialismo como al abanico de proyectos impulsados por sectores del peronismo y la oposición dialoguista.

Uno de los expedientes que más ruido generó es el del senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, quien propone elevar de cinco a siete el número de jueces del máximo tribunal. Su proyecto incluye una cláusula de paridad de género: al menos dos de los siete miembros no pueden ser del mismo sexo. El Ejecutivo, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, se desligó públicamente de esta iniciativa días atrás.

A la par, se suman otras propuestas con enfoques más ambiciosos. La senadora kirchnerista de Neuquén Silvia Sapag reflotó el texto aprobado por el Senado en 2022, que eleva la composición de la Corte a 15 miembros, con una exigencia de paridad aún mayor: ocho de los quince no pueden pertenecer al mismo género. Esta iniciativa, archivada en Diputados, vuelve al centro del debate como parte del temario.

La incógnita libertaria y el rol de las comisiones

Por ahora, no está clara la posición de La Libertad Avanza respecto a la composición ideal del tribunal. La Corte Suprema actual tiene cinco cargos, de los cuales solo tres están ocupados: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. El oficialismo podría usar esta indefinición como una estrategia para ganar tiempo y evitar comprometerse con un modelo que, de aprobarse, podría cambiar la lógica del máximo tribunal.

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El debate se llevará adelante en las comisiones que presiden Alejandra Vigo (Asuntos Constitucionales) y Juan Carlos Pagotto (Justicia y Asuntos Penales), esta última bajo la órbita directa del oficialismo libertario. Será en ese ámbito donde se podrá leer, con mayor nitidez, el pulso político de Balcarce 50 respecto a una eventual reforma estructural del Poder Judicial.

Reconfiguración de la AGN: mandatos, número y control

El segundo tema que entrará en discusión es la reforma de la AGN, organismo clave para el control del gasto público. Actualmente compuesta por siete auditores —tres del Senado, tres de Diputados y uno por la mayoría parlamentaria—, su renovación quedó pendiente luego del vencimiento de los mandatos.

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Los senadores Romero y Carlos Espínola plantearon reducir esos mandatos de ocho a cuatro años, modificando el artículo 121 de la ley 24.156. En paralelo, el kirchnerismo impulsa dos propuestas contrapuestas: una, presentada por Sergio Leavy, reduce el número de auditores a cinco; otra, del jefe del interbloque José Mayans, lo eleva a nueve. Ese margen de dispersión podría derivar en un acuerdo intermedio.

Divergencias internas y presión desde Diputados

El bloque Convicción Federal, que responde a la senadora jujeña Carolina Moisés, ya advirtió que no acompañará ninguna iniciativa que no contemple una visión federal del organismo. “Podemos pensar en aumentar sus miembros y acortar sus mandatos, pero sin una perspectiva de integración territorial y de género, no hay consenso posible”, afirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

La interna se vuelve aún más tensa porque, en paralelo, desde la Cámara de Diputados, Martín Menem —con respaldo directo de Karina Milei y su Secretaría General de la Presidencia— activó un proyecto propio que contradice los lineamientos que se discutirán hoy en el Senado. El desajuste entre ambas Cámaras exhibe un desorden de origen libertario en torno a cómo avanzar sobre los órganos de control.

Aunque el Gobierno de Javier Milei intenta marcar distancia de los proyectos en discusión, no logra evitar quedar involucrado. En ambos temas —Corte y AGN—, hay una disputa por el equilibrio institucional, la representatividad y el control político. Que el oficialismo elija no sentar posición explícita no lo exime de responsabilidad: en un Congreso fragmentado, cada silencio también tiene peso.