Juan Carlos Alderete, de la CCC, habló justo después que Lito Borello, del comedor "Los Pibes", enrolado en la Unión de Trabajadores Populares (UTEP) de Juan Grabois. Ya había hecho un planteo parecido Esteban "Gringo" Castro, del Movimiento Evita, marido y socio político de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que administra la miseria de una localidad que sufrió como pocas el deterioro de las condiciones de vida de los caídos del mapa en el último lustro. Un distrito en cuyos barrios populares -al igual que en villas de emergencia porteñas como la 1-11-14 o la 20- el negocio narco creció exponencialmente durante la pandemia, no tanto por el aumento del consumo de drogas como por la rentable salida laboral que representa para quienes las venden, sin otras alternativas a mano.

Alberto Fernández aceptó recibir anteayer en Casa Rosada a esos referentes de las organizaciones cuyos merenderos y comedores habían sido allanados simultáneamente la semana pasada. Aunque la mayoría de las redadas se produjeron en Jujuy a raíz de una causa iniciada por Carolina Stanley al final del mandato de Mauricio Macri, también las hubo en la Ciudad por una nueva denuncia contra activistas del MTE de Grabois. La policía secuestró todo el dinero que encontró, incluso aunque algunas cocineras les juraron que se llevaban sus jubilaciones y pensiones recién cobradas. Se llevó hasta sus celulares. Al mismo tiempo, dirigentes afiliados al Frente de Todos fueron imputados y citados a declarar en La Pampa, Santa Fe y Chubut.

Entre los opositores, una megacausa contra Eduardo Belliboni y Gabriel Solano por "extorsión y amenazas" avanza a paso firme en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Y por la movilización del sábado pasado contra el FMI fueron imputados en Mendoza seis referentes de la Unidad Piquetera, también investigados como cabecillas de asociaciones ilícitas para extorsionar a beneficiarios de programas sociales.

-Yo no soy un oportunista. Algunos asesores me dijeron que no vaya a ver a Milagro (Sala) porque me hacía perder votos y fui igual. Así que lo voy a decir: este avance de la Justicia me preocupa mucho -concedió Fernández.

La conversación giró rápidamente hacia la economía. El Presidente les propuso activar una mesa de debate sobre el ingreso universal, una idea sin consenso unánime y que el Evita -curiosamente su principal sostén político- considera en esencia "individualista y por ende neoliberal", contraria a su propuesta de empoderar a la "economía popular y comunitaria". Es un debate técnico e ideológico a la vez. El economista Daniel Koszter, creador en 2002 del Plan Jefas y Jefes de Hogar, sostiene que la crisis social actual requiere un abordaje combinado: un salario básico complementario para los ocupados en relación de dependencia, comunitariamente o por cuenta propia que no llegan a fin de mes, un IFE focalizado para amas de casa con niños a cargo y un programa de empleo para los desocupados, especialmente jóvenes, que padecen índices de desempleo de dos dígitos largos.

Aunque provienen de tradiciones políticas históricamente enfrentadas y no concuerdan respecto de cuál de esas herramientas es la más adecuada para atacar la crisis, los dirigentes de todos los espacios oficialistas y opositores se verán hoy las caras por primera vez en un local del Evita para coordinar una protesta conjunta la semana que viene. Los une el espanto al avance de esas causas judiciales pero también el temor a que el sistema político haya decidido cerrar filas contra ellos, un chivo expiatorio que las encuestas parecen avalar. ¿Puede extenderse acaso el modelo Gerardo Morales - Milagro Sala a todo el país? ¿Hay una nueva mesa judicial que apunta a sentar a los líderes de los más pobres en el banquillo? ¿Procura la justicia garantizar que se haga efectivo el ajuste que anunció el lunes Silvina Batakis o apunta a blindar el "shock" de un eventual futuro gobierno opositor?

Son preguntas aún sin respuesta pero que prometen repoblar las calles y plazas durante el segundo semestre. Cruzadas, además, por la novedad de que el clivaje parece haber mutado hasta reformular la grieta de los últimos veinte años. Un fenómeno que hizo patente Horacio Rodríguez Larreta al opinar que "lo que no está bien es que el Estado delegue (la ayuda social) en organizaciones que nadie votó". Una notable coincidencia con la crítica de Cristina Kirchner a la "tercerización" de las políticas sociales, en el mismo discurso donde dijo que "peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja del plan social".

Formas y formularios

La corrida cambiaria, financiera y de precios, mientras tanto, sigue su curso como si Batakis no hubiera prometido lo que prometió el lunes. Si bien las medidas "dolorosas" que había reclamado Kristalina Georgieva fueron satisfechas con creces en esa conferencia de prensa, el mercado interpretó que la procrastinación albertista se mantendrá y que las metas del programa firmado por Martín Guzmán no se cumplirán. No ayuda que lo sugieran off the record miembros del propio gabinete, que alientan la idea de un "waiver social" o incluso de una refinanciación por los efectos de la guerra y el brote inflacionario que afecta a todo el mundo. Tampoco compran el aval silencioso que ofrendó la vicepresidenta como toda señal de apoyo a Batakis, a quien se reservó estratégicamente el derecho a cuestionar como a Guzmán.

La revisión de las metas del primer trimestre que publicó el Fondo el viernes 24 de junio es lapidaria. Los "esfuerzos" que exige, sobre todo en materia fiscal, son innegociables para Washington. Y posiblemente pida más, porque el gasto que más airadamente reclama recortar -el de los subsidios a la energía- siguió viento en popa en julio y seguirá alto también en agosto. Aún cuando hoy Batakis cumpla y esté online el formulario para que se inscriban quienes quieran mantener esa subvención, un paso clave para segmentar las tarifas y reducir la parte de las facturas que paga el fisco.

Aunque la portavoz Gabriela Cerruti anunció que la quita de subsidios regirá desde el 1º de agosto, fuentes del área energética aseguraron a BAE Negocios que será recién un mes después. "Pueden estar los cuadros tarifarios para agosto, pero van a empezar a regir en septiembre. El formulario tiene que estar abierto como mínimo un mes", aclararon. Suena lógico dada la masividad del operativo, pero el Fondo lo tomaría como un nuevo incumplimiento.

Los funcionarios kirchneristas que se mantuvieron en sus puestos en el área energética, lejos de autocriticarse, sostiene que todo se hizo mal desde un principio. Y que por eso el proceso se va a alargar. Una encuesta telefónica que acaba de terminar la consultora Analogías asegura que el 39% por ciento de la gente no está siquiera enterada de la segmentación, que el 58% piensa que no se podrá aplicar y que el 72% cree que el aumento será significativo. Un entuerto que lleva un año y medio, difícil de encauzar en los quince días que quedan de julio como desearía Cerruti.

Para sumar temperatura a un sector ya caldeado, ayer fue eyectado el CEO de YPF, Sergio Affronti, luego de que terminara de explotar una sórdida interna que involucra a espías de oficina y millones de dólares en importaciones de gasoil. Aunque Affronti -un técnico que arrancó en la petrolera de mayoría estatal en 1993- adujo "diferencias de criterio" con el presidente del directorio, Pablo González, fue el santacruceño quien empujó su reemplazo por Pablo Iuliano. Según fuentes de la industria, lo acusó puertas adentro de haber frenado importaciones de gasoil para no perder plata, aun cuando empezaba a escasear en todo el país.

Todo y todos

La decisión de los grupos piqueteros de marchar juntos y la amenaza de Grabois de abandonar el Frente de Todos agigantan una puja distributiva en la que ya todos parecen animarse a hacerle frente al Ejecutivo para defender su tajada de la torta. Es producto de la evaporación del poder presidencial, a la que Cristina Kirchner no es ajena. El escenario político opuesto por el vértice al que necesitaría Fernández para que su sempiterno llamado al "acuerdo social" tenga éxito contra la inflación.

La CGT, que toleró el ajuste salarial macrista casi sin resistencia, fue primereada una vez más, en este caso por quienes representan a los que ya ni sueñan con un trabajo en relación de dependencia. Algo va a hacer su dirigencia, ahora, corrida por las circunstancias y por la impaciencia que expresa desde hace tiempo en su seno la Corriente Sindical. Pero mucho antes se impusieron en la cinchada sectores más acaudalados, que aumentaron su participación en la renta nacional a caballo del rebote de la economía del año pasado.

Ahí se inscriben tanto el lockout agropecuario preventivo del miércoles como el proyecto que presentaron diputados de derecha y ultraderecha para eliminar el impuesto a los Bienes Personales, el más progresivo del país y que apenas paga un millón de contribuyentes, con generosas exenciones. Es el "vamos por todo" de una élite que llegó al paroxismo de radicarse con sus familias en otros países por amor a la optimización fiscal, aun cuando nunca hubo tanta diferencia entre sus patrimonios y los del resto de la población.

De a ratos, especialmente en las redes sociales, parece una lucha por la libertad del individuo frente al Leviatán. Una guerra santa contra el totalitarismo de un estado que pretende apropiarse y repartirlo todo. Pero la intensidad cae cuando se juega la propia hacienda. El miércoles, en pleno lockout, los dueños de los granos solicitaron 30 mil cartas de porte electrónicas para trasladar sus productos de los campos y silos a puertos y plantas de procesamiento. Un 10,5% más que el miércoles anterior y un 15% más que el segundo miércoles de julio del año pasado.