Por David Correa

Se aproxima el 25 de Mayo, fecha patria pero también la denominación del Pacto de Mayo que firmó en 2024 el presidente Javier Milei con los gobernadores en Tucumán para poner en marcha "acuerdos y profundas reformas que promuevan el respeto por la propiedad privada, cambios en materia educativa, impositiva y de la coparticipación federal", sostuvo el Jefe de Estado en la fría noche del 9 de julio, cuando se suscribieron las actas. Desde entonces no se concretó el armado de un consejo, previsto en los documentos del Pacto, que estipulaba una reunión mensual para avanzar en proyectos tributarios y de distribución de los recursos, entre otras iniciativas, temas que han generado opiniones encontradas entre algunos gobernadores y la Casa Rosada en las última semanas.

Fue el gobernador Gustavo Sáenz, de Salta, quien recordó en los últimos días que las actas firmadas en Tucumán el año pasado, en ocasión del Día de la Independencia, no sirvieron para nada, son letra muerta. "No tenemos problemas de que discutamos el tema del IVA y Ganancias pero el Pacto de Mayo va a hacer un año que se hizo y nunca pasó nada. Todavía no se formó ni el Consejo. La Constitución del '94 dijo que hay que rediscutir la coparticipación", expresó a horas de haber ganado las elecciones legislativas del pasado 11 de mayo, cuando arrasó y se quedó con el 70% de las bancas en juego. El pacto fue firmado en Tucumán por 18 gobernadores, con las ausencias de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El presidente Milei los llamó "obstinados", que "tienen anteojeras ideológicas" o "tienen miedo o vergüenza" y que intentan "boicotear" al Gobierno.

Entre los principales ejes del acuerdo, las partes suscribieron los siguientes principios: La inviolabilidad de la propiedad privada, El equilibrio fiscal innegociable, La reducción del gasto público en torno al 25% del PBI, Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias y Compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Nada se discutió tras la foto de familia en el Museo Casa Histórica de la Independencia.

Tensiones por la motosierra mileista

Desde el Pacto de Mayo el Gobierno profundizó la motosierra en los recursos federales para las provincias. La ausencia de un debate, tal como lo preveía el pacto, sobre el hachazo unilateral de los fondos para obras públicas, salud y educación, entre otros aspectos, escaló en malestar de algunos mandatarios provinciales que optaron por no participar de la 143° Asamblea Legislativa, el pasado 1 de marzo, en el que leyó su discurso ante el Congreso el presidente Javier Milei. Solo estuvieron presentes Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Lendro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA).

En el arranque de mayo dos decisiones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) avivaron el enojo de algunos mandatarios. Por un lado, se aplicó un nuevo esquema de los anticipos anuales de Ganancias y se eliminó el anticipo que las empresas pagaban en junio. Por otro, se introdujo un cambio en el esquema de retenciones del IVA a las operaciones aduaneras, por lo que se deja de retener el impuesto a las importaciones. Se prevé que estas medidas harán caer aún más los recursos para las provincias y eso se hará sentir en junio.

La respuesta de un grupo de mandatarios, ante un Pacto de Mayo que se quedó en los papeles, surgió desde Entre Ríos, el pasado 5 de mayo, en un evento de desarrollo productivo organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), del que participaron Rogelio Frigerio, el anfitrión, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Raúl Jalil (Catamarca). Aún con pertenencias partidarias que alguna vez los enfrentaron, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una reforma fiscal, en el reclamo por la inversión estatal en la obra pública, proyectos y desarrollos claves.

Torres no le esquivó a la cuestión tributaria, al señalar que "estamos dispuestos a dar la discusión hacia una reforma fiscal de una vez por todas, contemplando lo más importante de todo, que es ir hacia una argentina más justa". Frigerio complementó: "Recogemos el guante para trabajar en una reforma fiscal menos regresiva, para mejorar nuestra competitividad" y reclamó que el Gobierno haga lo propio con las retenciones y el impuesto al cheque. Para cerrar, mandatario entrerriano volvió sobre la discusión por la reforma tributaria y afirmó que "es el momento de discutirlo", "incluso si no convoca el gobierno nacional, tenemos que hacerlo nosotros".

Malestar inocultable

Las tensiones se incrementaron cuando se conoció en estas semanas que el Gobierno ultima los detalles de un ambicioso proyecto de reforma tributaria en el sistema fiscal argentino, que sería elevado en breve al Congreso. El plan incluye la eliminación del 90% de los impuestos nacionales y la creación de un nuevo "súper IVA", que promete generar fuertes tensiones con los gobernadores.

En relación a esta reforma que afectará a las provincias y a la coparticipación, la Constitución Nacional dice: "La ley convenio necesaria para modificar la coparticipación se inicia en el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias".

La iniciativa ingresaría en breve al Congreso para el estudio en comisiones y su tratamiento después de octubre, cuando LLA engrose su representación en el Congreso y con un Pacto de Mayo del que solo queda el recuerdo de la foto.