El lawfare sigue activo, prácticamente intacto, y esta semana demostró su poder ante la inacción de un Gobierno que sigue sin intervenir en esa oscura trama. El presidente Alberto Fernández se limita a comentar su desacuerdo con el funcionamiento del Poder Judicial mientras los proyectos de Reforma (que distan de revolucionarios) se traban en el Congreso, la Corte Suprema le enrostra su poder, aún no impulsa ninguna de las recomendaciones que recibió de parte del Consejo Asesor que él mismo designó, no logra avanzar con la designación del Procurador General y mantiene el vínculo privilegiado con el Grupo Clarín, el articulador de fallos y sentencias desde sus páginas.

Basta enumerar lo sucedido esta semana, la segunda del año judicial, para evidenciar la nueva embestida de la entente conformada por Comodoro Py, el Grupo Clarín y la oposición. En pocos días, lograron:

El pase de la causa por espionaje ilegal de Lomas de Zamora a Comodoro Py, donde será investigada por el fiscal Carlos Stornelli (procesado él por espionaje) y por Maria Eugenia Capuchetti, cuya terminal es nada menos que Daniel “Tano” Angelici, otro hombre vinculado al mundillo de los espíasQue la Corte Suprema confirmara una condena a Milagro Sala, en una respuesta directa al propio Presidente que dijo que ese caso era el lawfare “por antonomasia”La reanudación del juicio contra CFK por obras realizadas en Santa Cruz, sostenido mediáticamente por el Grupo Clarín y sus satélites ya que se desmorona a cada testimonioQue el juzgado del fallecido Claudio Bonadio quede en manos de otro magistrado paradigmático del lawfare, Julián Ercolini

La identificación del funcionamiento promiscuo del Poder Judicial es algo que el Presidente expresa en discursos y sus innumerables entrevistas. Lo que no encaró en su primer año de gobierno ni hasta ahora es alguna solución de fondo. Y no termina de asumir que esas fieras no se doman con palabras y que cuando sacó una bandera blanca se la devolvieron toda agujereada.

El escenario lo planteó CFK en su última carta pública, donde hizo un balance del 2020 y escribió: “Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”. Los movimientos de esta semana confirman ese diagnóstico una vez más. La cuestión es mediático-judicial, por ende, no habrá Reforma Judicial que valga sin una Reforma del sistema de medios.

La única salvedad en todo el esquema del lawfare fue la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En las primeras semanas de su mandato, Alberto accionó la limpieza de lo que que describió como “los sótanos de la democracia”. Con la intervención de la ex fiscala Cristina Caamaño, por primera vez en la historia la casa de los espías blanquea su presupuesto y denuncia las prácticas ilegales del pasado. Tal como consignó este medio entonces, ningún presidente cortó lazos con los servicios de inteligencia en sus primeros días de mandato. Fue una decisión inédita. Y no solo eso: también se modificó la ley de Inteligencia y prohibió que los espías participen en causas judiciales. Es, hasta ahora, única acción de la necesaria Reforma Judicial. Importante, muy importante, pero insuficiente dado el esquema multifronte del lawfare.

Cuatro al hilo, y van...

Que el fiscal Stornelli siga en su cargo ya era extraño. Que ahora, gracias a una Cámara de Casación cooptada por Mauricio Macri, sea quien tenga a su cargo la investigación de la causa por espionaje ilegal durante la gestión Cambiemos escapa a toda razonabilidad.

Y Stornelli no estará solo. Tal como publicó Franco Mizrahi en El Destape, hará dupla con María Eugenia Capuchetti, cuyo padrino judicial es el “Tano” Angelici, delfín de Macri en Boca y uno de sus operadores (aunque con juego propio también) en el mundo de los espías. El team Capuchetti-Stornelli se quedó con los expedientes donde se investiga el espionaje ilegal a CFK y al Instituto Patria así como con todas las operaciones que realizaba la banda conocida como Super Mario Bros que respondían a órdenes directas de los jefes de la AFI en la era Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Stornelli está procesado por espionaje ilegal, pero Capuchetti no se queda atrás. El Destape publicó que la jueza visitó al menos 6 veces la AFI durante la gestión de Arribas y Majdalani. Estos 6 ingresos quedaron registrados en el libro de acceso a la casa de los espías y son entre el 19 de marzo y el 3 de diciembre de 2018. En las primeras cinco oportunidades Capuchetti fue a ver a Majdalani, la ex vicedirectora de la AFI. En la última, directamente a Arribas, el jefe de la AFI. Pocos días antes, el 15 de noviembre, Macri había enviado su pliego al Senado para designarla al frente del juzgado federal N 5 de Comodoro Py.

La absorción por parte de Comodoro Py de esta causa de espionaje que apunta directo a Macri llegó al día siguiente de que la Corte Suprema la enviara un mensaje claro al presidente Fernández. El fin de semana, Alberto dijo que “la Corte está mal” y que “debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención”. Lo hicieron y le respondieron con la confirmación de una condena basada en la nada misma, impulsada por el hijo de Gerardo Morales y que no tiene ningún efecto jurídico ya que es a 2 años de prisión cuando lleva, en sus palabras, “4 años presa con Macri y año presa con Alberto”.

El otro hecho que no debe pasar inadvertido es la reanudación del juicio contra CFK por la obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz. Como informó Mizrahi, “el caso, que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación. El devenir de este proceso es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Un dato no debe pasar desapercibido: si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia”.

Este juicio se conecta con la otra maniobra de lawfare de esta semana, ya que el impulsor de esta causa fue el juez Ercolini. El mágico bolillero de Comodoro Py hizo que a partir de ayer el juzgado N 11, donde reinaba Bonadio, quede en manos de Ercolini. Por ende, todas las causas que tramitaban allí quedan en manos de otro de los paladines de la persecución judicial.

Estancados

Entre tanto, más allá de los comentarios mediáticos, el gobierno tiene prácticamente frenado todo lo vinculado a la Reforma Judicial. Esta tiene 2 planos. Por un lado, el envío al Congreso de un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado pero se estancó en Diputados. El objetivo del proyecto es diluir el poder de Comodoro Py, fortalecer la justicia federal en todo el país y mejorar la transparencia de los concursos. La intención de licuar el poder del fuero Contencioso Administrativo se cayó en la negociación para obtener la media sanción. Y, en los hechos, tampoco preocupa mucho a la cofradía judicial, pero su sanción sería al menos un avance.

Por el otro, el presidente tiene las propuestas que ya recibió del Consejo Asesor para la Reforma Judicial, un compendio de casi 1.000 páginas de donde dijo tomará ideas para elaborar proyectos de ley que enviará al Congreso pero hasta ahora nada se movió.

La Corte del lawfare, por su parte, sigue impune, pero Alberto no comulga con la idea de desarticularla vía juicio político. Los casos de conflicto de interés que reveló Horacio Verbitsky sobre Carlos Rosenkrantz, el rol de Ricardo Lorenzetti como comandante del lawfare y la violación a la Constitución que significa la permanencia de Elena Highton cuando ya pasó los 75 años habilitan de por sí alguna acción contra ellos. Que Horacio Rosatti haya aceptado violar la Constitución para integrar el tribunal y que a Juan Carlos Maquedo lo haya nombrado hace 18 años el senador Eduardo Duhalde mientras ejercía provisoriamente la presidencia los colocan también en un plano donde se puede discutir su permanencia en el máximo tribunal del país.

Esta semana también hubo otro ataque mediático-judicial frente al avance en la implementación de algunos artículos del Código Procesal sancionado en 2014. Desde la tríada Clarín-La Nación-Infobae hicieron gala de su Nado Sincronizado Independiente (Rinconet dixit) y acusaron al Gobierno de querer beneficiar a los “condenados k”. La definición, valga la ironía, hace justicia a la injusticia de que sean condenados por sus ideas políticas y no por delitos.

Alberto tampoco avanzó en la designación de un nuevo Procurador General. La cabeza de los fiscales sigue en manos interinas de Eduardo Casal, alineado con Macri. En el contexto del interés que tiene el Gobierno en aplicar el nuevo Código acusatorio es el cargo más importante a ocupar. El candidato de Alberto es el juez federal Daniel Rafecas, que luego de 15 años en Comodoro Py ya había elegido otro rumbo en un tribunal de menos exposición.

La cuestión está bloqueada no por la Constitución sino por la ley actual, que obliga a conseguir dos tercios del Senado para nombrar un Procurador. El gobierno avanzó en modificarla para que sea por mayoría absoluta pero también se trabó en Diputados, la mayoría del Consejo Asesor de la Reforma Judicial coincide con esa mirada pero Rafecas hizo trascender que quería los dos tercios y la voluntad de consensos de Alberto no es compartida por la oposición en casi ningún tema, menos en este.

En estos enredos quedó el Gobierno, mientras los ejecutores del lawfare siguen en sus puestos y en actividad permanente. Los camaristas Pablo Bertuzi y Leopoldo Bruglia siguen en los puestos donde los colocó Macri a dedo. Comenzó el concurso para sus cargos donde Bruglia no se animó a participar. Bertuzzi sí. Habrá que ver como les va. La Cámara Federal de Casación tiene 11 de 13 jueces que reportan ideológica o personalmente a Macri, cuya estrategia de copamiento de las instancias de revisión judicial es, hasta ahora, un éxito y Comodoro Py se está transformando en un Pacman de causas de espionaje ilegal.

La designación de Alejo Ramos Padilla al frente del juzgado Federal N 1 de La Plata y de Roberto Boico en la Cámara Federal de Comodoro Py son acaso las únicas luces de esperanza en el inicio de este año judicial. Pero la cuestión es muy asimétrica. En el Gobierno también apuestan a que el regreso del juez Eduardo Farah a la Comodoro Py sea algo favorable aunque su currículum es más que viscoso y mantiene relaciones estrechas con las distintas escuderías de la vieja SIDE.

POR ARI LIJALAD