Entre la denuncia por robo que radicó Carolina Piparo –en la que omitió que, junto a su marido, había atropellado con el auto y abandonado a dos jóvenes– y la fotografía que se tomó junto a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, transcurrieron dos semanas. En ese tiempo conoció, primero, el silencio cauteloso de sus aliados y, más tarde, el respaldo unánime de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, que advirtieron los daños colaterales del escándalo y decidieron intervenir. A lo largo de ese lento transcurso, la diputada provincial intentó capitalizar el fuego del peronismo en un año marcado por las elecciones y lidiar hasta la actualidad con las tensiones de sus socios políticos. 

Unas 72 horas les llevó a los líderes de la oposición analizar las posibles consecuencias del Piparogate y comprender que lo mejor para el frente electoral era blindar a una outsider de alto valor electoral, así como asumir la conveniencia de responder desde el campo de batalla de la grieta para transformar su "desgracia" en capital propio. Se trata de algo que entendió desde un inicio la misma implicada y que, con el correr de esas horas, ganó adeptos entre figuras trascendentes como la del presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y también de sus pares de la Legislatura como el diputado Alex Campbell y el senador Walter Lanaro.   

"No podía ser que todo el mundo K haya salido a bancar a morir a Boudou y nosotros no hagamos lo mismo con Piparo", resumió un experimentado dirigente del macrismo a Letra P, que aclaró también que los primeros en respaldar a la secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de La Plata fueron los halcones de Juntos por el Cambio, sector que encabeza de la mejor manera Bullrich, y recién después la mesa provincial de las palomas, que integran la exgobernadora María Eugenia Vidal, los intendentes amarillos y representantes lilitos y radicales. "Salimos a destiempo", lamentó la misma fuente. 

El daño estaba hecho. Mientras se acumulaban los pedidos de renuncia de buena parte del Frente de Todos, como la de la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala Victoria Tolosa Paz o la exministra de Economía bonaerense Silvina Batakis, sus pares macristas, en voz baja, también le marcaban su falta de cintura y construcción política en un año signado por la pelea electoral, uno en el que el escándalo podría estallar contra otros dirigentes e incluso debilitar a uno de los principales integrantes del Grupo Dorrego, el jefe comunal de La Plata, Julio Garro. 

Contraataque y team rabioso

Con aquellos apoyos iniciales a cuestas, la legisladora bonaerense marcó su estrategia en los primeros días. Apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, a quienes acusó de mostrar "mezquindad política y personal" por "poner en duda" el robo y posterior hecho en el que, se conoció más tarde, resultaron heridos dos jóvenes. "Diez años después, cuando vuelvo a ser víctima en la provincia de Buenos Aires, el gobernador y sobre todo el ministro de Seguridad muestran mezquindad política y personal. No solo no se liberan la totalidad de mis llamados al 911 sino que entregan solo 2, y casi 72 horas después, permitiendo así que se ponga en duda la veracidad de lo que me pasó: un delito violento en manada y de noche", escribió la diputada en su cuenta Facebook en la mañana 4 de enero.

Las críticas contra el oficialismo continuaron, al unísono de los mensajes hacia el núcleo duro del antikirchnerismo, centrado en un discurso similar al que repitió meses después del lamentable hecho de julio de 2010, cuando fue víctima de una salidera bancaria en la que recibió un disparo, lo que precipitó el nacimiento de su hijo, que murió días después: victimización, exigencia de políticas de seguridad y denuncias de "politiquería" contra el kichnerismo. 

Una serie de hechos desembocaron en la reunión ente Piparo y Bullrich en un bar del barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viernes último, el que fue difundido por la exministra de Seguridad de Mauricio Macri a través de sus redes sociales un día después. Allí hubo mensaje de respaldo y lo que pareció un pase directo al equipo que dirige la abanderada de los rabiosos, en contraste con la postura moderada que intenta instalar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodíguez Larreta, en tándem con la mesa provincial de Juntos por el Cambio, que también sigue de cerca el caso.

"Notamos que quedó muy dañada su imagen pública", graficaron en el entorno de uno de los principales líderes del PRO bonaerense. El argumento se sostiene a partir de una encuesta que dio cuenta de que cuatro de cada diez votantes de Juntos por el Cambio no cree en su relato de los hechos, lo que llevó a varios en la mesa de poder amarillo a analizar que no logró fortalecer el discurso del robo y que emergió con más fuerza la figura de abandono de persona. "Es muy grave. La bancamos políticamente y, de alguna forma, de ir a la hoguera en la plaza pública, pero eso no quiere decir que no tenga que pagar un costo político", lanzaron. 

En este punto, todos prefieren la baja exposición en l mayor medida posible y evitar ser blancos del peronismo en un año de elecciones. Hay dos variables del plan en curso, que ya tiene un posible desenlace interno: dejarla fuera de la próxima lista legislativa y prevenir una caída de la boleta completa. "Arrastró a dos inocentes cuatro cuadras y ese quilombo lo va a seguir teniendo porque su marido sigue detenido. Lo mejor seguramente será preservarla", concluyó una fuente que trabaja de manera diaria en el Grupo Dorrego.

Por Pablo Lapuente