Por Mariel Fitz Patrick

Con una fuerte crítica al endeudamiento externo contraído durante el gobierno de Mauricio Macri, énfasis en el “Estado como garante de los derechos de la ciudadanía” y la necesidad de “recuperar la soberanía política” frente a los “condicionamientos” del Fondo Monetario Internacional (FMI), la plataforma presentada por Unión por la Patria ante la Justicia electoral, recorre los distintos ejes discursivos de las últimas intervenciones de Cristina Kirchner.

A lo largo de 10 páginas y con la firma al pie manuscrita del presidente del Congreso del Partido Justicialista y gobernador formoseño, Gildo Insfrán, seguida de la de los apoderados o presidentes de los 18 partidos que conforman Unión por la Patria, la plataforma rescata los lineamientos de la propuesta del Frente de Todos del 2019, en una tácita admisión de que, en gran parte, aún están pendientes. Con el nuevo logo de la alianza oficialista, el documento plantea objetivos y aspiraciones muy generales y reafirma “la urgente necesidad de emprender un camino de crecimiento con fuerte inclusión social”, sin dar mayores precisiones. Menciona “una anhelada justicia social” como una deuda que - si bien no lo explicita- el gobierno del Frente de Todos no pudo alcanzar.

El texto fue presentado pasadas las 23:30 del miércoles ante la Justicia Electoral, sobre el filo del plazo de cierre de alianzas, luego de intensas reuniones en las 48 horas previas sobre el futuro armado electoral del oficialismo. Finalmente, se acordó el nuevo nombre del frente que competirá en las próximas PASO y en las elecciones generales, en una oficialización de un final del Frente de Todos ya anunciado.

El Reglamento interno firmado dejó la puerta abierta a la posibilidad de que haya internas para definir quién disputará la presidencia. Habilitó así los deseos del presidente Alberto Fernández, que apoya la postulación del ex gobernador Daniel Scioli, y promovió también como precandidato a su jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Los sostiene en contra de los deseos de Cristina Kirchner, La Cámpora, Sergio Massa, los gobernadores peronistas y la CGT, que prefieren que haya un candidato de “consenso”. Los posibles “elegidos” estarían entre el ministro de Economía, su colega de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Si bien la plataforma electoral comienza por expresar la“voluntad de diálogo y concertación para superar una recurrente antinomia que impide el desarrollo” del país, y plantea la necesidad de “un amplio acuerdo” que incluya a los diversos actores de la sociedad para “transitar un camino sostenido hacia un desarrollo con equidad”, en el segundo párrafo vira su eje hacia el atentado a la vicepresidenta. Lo explica por los “discursos del odio” y la “persecución judicial y mediática” contra los dirigentes que “defienden los intereses del pueblo”.

“No podemos pensar en eje de gobierno alguno, ni en políticas de concertación, ni en diálogos sinceros y plenos sin hablar de aquello que sucedió el 1° de septiembre de 2022: el intento de asesinato de las dos veces Presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Esto significó la ruptura del pacto democrático reconstituido en 1983 que implicaba que no se podía ya pensar en la supresión física del adversario”, sostiene la plataforma. Y considera que “fue resultado de una secuencia lógica signada por los discursos de odio, una secuencia deshumanizadora y violenta que empieza en 2015 y se estructura a partir de una matriz de persecución judicial y mediática con la complicidad de poderes fácticos y hegemónicos en la Argentina con un único objetivo: exterminar a quienes defienden los intereses del pueblo”.

En el plano económico, sitúa la raíz de la crítica situación económica actual en la anterior gestión, al mencionar “un endeudamiento externo compulsivo y vertiginoso que culminó con el retorno del Fondo Monetario Internacional, como prestamista de última instancia, para permitir la colosal fuga de dólares que se produjo a partir del 2018″. En ese sentido, agrega: “Mauricio Macri recibió en 2015 una Argentina donde seguramente había problemas, claro que sí, pero los problemas que teníamos se multiplicaron y se agravaron en los 4 años posteriores”.

En ese punto, sin nombrarlo, señala al Presidente como responsable de no haber cumplido con aquello que proponía la coalición oficialista en 2019: “La Argentina necesita ciudadanas y ciudadanos que cumplan con la plataforma del Frente de Todos, que amplíen derechos y restituyan aquellos que fueron arrebatados por el macrismo. Bien sabemos todos y todas que gobernar en este contexto fue un gran desafío. Endeudamiento, Pandemia, Guerra, Sequía. Todo eso es cierto. No menos cierto es que gobernar requiere responsabilidad y coraje a la hora de tomar decisiones para reconstruir un Estado fuerte, independiente de los poderes fácticos, promotor del desarrollo y decidido a garantizar derechos y satisfacer las demandas ciudadanas del siglo XXI”.

Sin embargo, para apaciguar las críticas a Fernández, el texto sostiene que “no se trata de señalar con el dedo y acusar, se trata de ser capaces de establecer cuáles son las prioridades y los intereses a representar a la hora de gestionar el Estado”. En ese sentido, la plataforma plantea “la importancia de hacer foco en el crecimiento económico, la recuperación del mercado interno, el cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad” y la generación de un excedente genuino de divisas a partir del fortalecimiento de nuestras capacidades productivas, innovadoras y exportadoras”. Y agrega: “Resulta imperioso recuperar una voz propia y soberana en nuestras decisiones internacionales para construir una política exterior al servicio de un modelo de desarrollo que contemple el bienestar de las mayorías”.

El texto enfatiza el concepto de lo que denomina la “soberanía política”, que deriva en la “pérdida de la capacidad de decisión sobre nuestro propio destino”, en alusión a las exigencias del FMI como principal acreedor y a la vez, proveedor de los dólares que necesita la Argentina. En ese sentido, plantea dos interrogantes a los que no da respuesta, ni propone medidas concretas. “¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo vamos a compatibilizar la necesidad de dólares para pagar la deuda externa privada y con el FMI, con los dólares que también necesitamos para sostener el desarrollo argentino y la inversión para diferentes sectores de nuestra industria? Estas son algunas de las cosas que tenemos que discutir: cómo hacemos una Argentina sostenible. Debatir esto exige de parte de la dirigencia política elevar el nivel de la discusión y ser capaces de hacernos cargo, en este presente, de discutir cómo garantizamos el futuro de nuestros pibes y pibas”.

Y concluye: “Aún ante el acierto o el error de un dirigente, siempre es mejor que las cosas se decidan en función de los intereses de las argentinas y los argentinos”.

Entre los documentos presentados por la alianza Unión por la Patria a nivel nacional figura el Reglamento interno que fija un piso del 30% de los votos válidos emitidos para la minoría, lo que implicará que la lista interna que salga segunda podrá intercalar candidatos a parlamentarios del Mercosur en los lugares 4, 9 y 14 sobre un total de 18 que se eligen por distrito único. Ese mismo piso se fijó para la conformación de las listas de diputados y senadores nacionales por la Provincia de Buenos Aires en la inscripción de Unión por la Patria en la Justicia electoral bonaerense. El kirchnerismo y el massismo querían fijar un piso del 40%, pero el sector de Scioli reclamaba el 20% o como máximo 25%, el porcentaje histórico fijado por el peronismo, y denunció que lo querían excluir. Finalmente, la decisión de “ceder” por parte del kirchnerismo fue “explicada” por el Partido Justicialista bonaerense en un belicoso comunicado, ante la amenaza de Aníbal Fernández, apoderado del espacio de Scioli, de ir a la Justicia.

Los 18 partidos que integran para estas elecciones Unión por la Patria son el Justicialista, Frente Grande, Partido de la Victoria, Comunista, Intransigente, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Del Trabajo y la Equidad (PARTE), Frente Renovador, Conservador Popular, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Del Trabajo y del Pueblo, Patria Grande, Partido Federal y Solidario, Partido de la Cultura la Educación el Trabajo, Kolina, Concertación Forja, Partido Blanco de los trabajadores, y Por Jujuy.

Sin embargo, en el Acta constitutiva de la alianza a la que accedió Infobae se deja expresamente aclarado que “los derechos a uso e impugnación sobre el símbolo y la denominación de la misma corresponden exclusivamente a los partidos Justicialista, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Frente Grande, Partido de la Victoria y Kolina”, las agrupaciones que -más allá del PJ- conforman el núcleo duro del kirchnerismo. El resto de las agrupaciones políticas debieron dejar expresamente aceptado la “formal renuncia a todo derecho sobre los mismos”.

En cuanto a la conformación de la Junta Electoral, un organismo clave que debe revisar el cumplimiento de los requisitos de los precandidatos de la alianza y oficializar las precandidaturas, así como resolver todas las disidencias internas y impugnaciones antes y durante el proceso electoral, quedó integrada por una mayoría también kirchnerista. Estará conformada por el diputado Héctor Recalde; la titular del PAMI y militante de La Cámpora, Luana Volnovich; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; la auditora general del justicialismo María Graciela de la Rosa, ex diputada y senadora por Formosa; y Sergio Zurano, director jurídico de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), del partido Nuevo encuentro liderado por Martín Sabatella. No hay representantes ni del Frente Renovador, ni de PARTE, el partido de Fernández.