Por Pablo Esteban

Durante 2024, la mortalidad infantil se incrementó en un 6.25 por ciento en relación a 2023. Con ello, se interrumpe la tendencia de descenso que se sostenía desde hace más de 20 años. Un nuevo informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria pone en evidencia los números que al gobierno no le gusta mostrar. El marco económico, el recorte de programas dedicados al cuidado perinatal y el alejamiento del Estado en la gestión de la salud pública ya provocan efectos en las poblaciones más vulnerables. Consecuencias que no se contemplan en el Excel del ministro de Economía y compañía, pero que afectan de manera determinante.

El informe recoge datos públicos oficiales que son provistos por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. En concreto, la tasa de mortalidad infantil llegó a 8.5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del orden del 6.25 por ciento en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000.

Pablo Yedlin, médico y diputado nacional de Unión por la Patria, indica a Página 12: “La mortalidad infantil es un indicador duro de la situación social, económica, educativa, cultural y sanitaria de un país. Por eso se usa en comparaciones internacionales. El medio punto de la media nacional es un valor de preocupación porque además corta la tendencia de muchos años de descenso”.

A su turno, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, destaca: “Mortalidad infantil es uno de los indicadores principales del desarrollo de las sociedades. Habla de la desigualdad y de la inequidad en salud. De Latinoamérica, después de Cuba, Argentina siempre fue el país con mejor tasa y hoy es superada por Chile y Costa Rica. Si se tienen en cuenta países de Europa o Japón, la mortalidad está por debajo de 2 y nosotros la tenemos en 8.5”.

Y se anima a una proyección: “Estábamos acostumbrados a décadas de descenso continuo de estos indicadores. Lo que vamos a ver, cuando se analice 2025 y los años que siguen, probablemente sean subidas y descensos. Gráficos cuyas curvas se parecerán más a un serrucho”. Un serrucho, cuando debería ser una pendiente en bajada constante.

Un Estado en retirada

La gran mayoría de los fallecimientos corresponde al aumento de la mortalidad neonatal, es decir, a aquellos que se producen durante los primeros 28 días de vida. En relación a 2023, cuando se calculaba una tasa del 5.5 puntos se produjo un salto a 6. Esta clase de muerte se vincula de manera directa con el acceso a controles de calidad durante el embarazo, una atención adecuada durante el parto y el cuidado del recién nacido. Si el número se incrementa es posible entrever una causa preponderante: la falta de políticas de cuidado perinatal.

Kreplak refuerza: “Los fallecimientos neonatales se deben a aspectos como al acceso de controles de embarazo de las mujeres y a la parte más dura del sistema de salud”. Y luego aclara: “Cuando uno habla de sistema no es solo medicina, sino también acceso. Cuando se empiezan a poner barreras, como que solo se atienden a pacientes que nacieron de este lado de la General Paz y no a quienes nacieron del otro lado, se pierden oportunidades de controles de la salud. La persona que llega a parir quizás tuvo un embarazo de alto riesgo, pero va a una maternidad de baja complejidad. Si no se hacen los controles, se puede llegar a un embarazo con sífilis sin diagnosticar ni tratar”. Aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta.

El retiro del Estado que propone la receta libertaria se tradujo durante el primer bienio en un debilitamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (que había sido creado en 2008). El ministro bonaerense amplía: “No hay una sola causa que explique la mortalidad infantil, pero algunas pautas sirven como botones de muestra. El Programa de Cardiopatías surgió como un programa federal, por intermedio del cual se fueron armando servicios de complejidades en todo el país y se garantizó que hubiera equidad en el tratamiento más allá del lugar en el que vivías o de tus posibilidades económicas. El gobierno actual lo puso en crisis, por ejemplo, a partir de trabajadores calificados que ahora dejan el ámbito público en busca de otras opciones”.

En segundo lugar, también se destaca la suspensión en la provisión nacional de medicamentos e insumos fundamentales para los recién nacidos, como puede ser el surfactante pulmonar (vital para patologías respiratorias) y los tratamientos para patologías congénitas, como la toxoplasmosis.

Asimismo, el documento refiere que se discontinuaron programas preventivos, como el de Sueño Seguro, que preveía para los casos de bebés prematuros, o bien, con condiciones crónicas complejas, la entrega de moisés de piso con el objetivo de evitar la muerte súbita del lactante. Todo ello en un marco en el que se profundiza la fragmentación y la desigualdad del sistema sanitario.

Como dato a destacar, el aumento en la mortalidad infantil no se circunscribió a jurisdicciones puntuales, sino que representó un problema común para la gran mayoría. Solo 9 de 24 provincias consiguieron reducir la mortalidad, mientras que las 15 restantes evidenciaron incrementos en relación a 2023. En algunas de ellas, como Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero las subas fueron del orden del 10 y el 20 por ciento.

Por otra parte, también se evidencia un aumento en la tasa de mortalidad materna, que mostró un incremento de 1.2 puntos. Si se deja de considerar la pandemia, hay que volver 15 años atrás para hallar esta clase de fenómenos, provocado por una merma en la realización de controles, embarazos no deseados y menos atención de madres por infecciones.

Indicador modelo

La mortalidad infantil puede considerarse uno de los indicadores que mejor explica las condiciones de vida de una población y el impacto de las políticas públicas sanitarias. El aumento de la mortalidad infantil puede leerse, en este sentido, como el reflejo de un declive en las condiciones socio-económicas (ingresos, empleo) y el acceso a derechos básicos.

Así, durante los 90 y los primeros años del 2000, la mortalidad infantil creció a tono con la crisis económica y social. Por caso, de 16.3 fallecidos por cada 1.000 recién nacidos vivos en el 2001, al año siguiente creció a 16.8. De 2003 a 2015, a partir de la implementación de un modelo de Estado presente, con la implementación del plan nacional de reducción de la mortalidad y mejores condiciones salariales y de empleo, el número descendió a 9.7. La cifra, con excepciones (como el 2019, durante el último año del mandato macrista), tendió a la baja hasta este último documento que expresa la reversión de la tendencia.

“La mortalidad infantil vuelve a mostrar su carácter de indicador privilegiado del impacto de las políticas públicas. Cuando el Estado se retira, las consecuencias aparecen primero en los sectores más vulnerables”, concluye el informe. Por ahora –como ha ocurrido siempre– el enriquecimiento de unos pocos no derrama en las mayorías más desprotegidas.