Por Daniela Romero

El Gobierno comienza esta semana una nueva era de negociaciones, de cara a conseguir las adhesiones de los "dialoguistas" para dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Acordar una nueva redacción del proyecto con los cambios propuestos por los disidentes antes del dictamen puede asegurarles el terreno para la sesión, ya que si las modificaciones se presentan en crudo durante la votación en particular, UP planea dar un giro para blindarlas y dificultar la jugada en su regreso a la Cámara de Diputados.

Con la vicepresidenta Victoria Villarruel ahora al mando de las negociaciones, el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda retomará el debate este martes a las 10:30, a 15 días desde que ingresó el proyecto en la Cámara alta. El intento de lograr el dictamen de mayoría sin cambios fue doblemente frustrado y, finalmente, el oficialismo se resignó a reescribirlo.

Las posibles alteraciones rondan principalmente en torno al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la reversión de Ganancias -en el paquete fiscal-, la eliminación del monotributo social, el apartado sobre Blanqueo de Capitales, las empresas a privatizar -cuestionan puntualmente Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Radio Nacional-, y un pedido de los radicales para incorporar un apartado sobre jubilaciones y el financiamiento universitario: dos temas que ya están en tratamiento en Diputados, con proyectos de ley presentados por la oposición.

Originalmente, La Libertad Avanza (LLA) pensó que podría conseguir las 9 firmas que necesitaban de cada comisión para tener un dictamen de mayoría con disidencias, bajo la consigna del Ejecutivo de tener aprobado, aunque sea en general, el proyecto en el Senado antes del Pacto de Mayo el sábado 25. Pero los senadores pisaron firme sobre que no iban a darles el gusto de llegar al recinto en un tratamiento express a libro cerrado, y durante estas semanas pusieron sobre la mesa una larga lista de reclamos sobre lo que se aprobó en Diputados.

Los senadores "libres" son Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco de la UCR, el peronista disidente Juan Carlos Romero de Cambio Federal, la larretista del PRO Guadalupe Tagliaferri, de Unidad Federal, Edgardo Kueider, Carlos Espínola y Alejandra Vigo, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano y, todavía sin definir, Lucila Crexell de Comunidad Neuquén. Todos senadores que elevaron su precio por la importancia dle proyecto, algo evitable de no haber intentado forzar el tratamiento en cuestión de días y sin diálogo.

La jugada que planea Unión por la Patria

La oposición, que cuenta con un piso de 33 votos, se cree optimista de poder voltear la ley en la votación en general. A tan solo 4 senadores de la mayoría, una alta fuente de UP dijo que tienen asegurados dos senadores para votar en contra y otros dos que colaborarán con abstenciones que, a diferencia de Diputados que se colocan a favor de la mayoría, en la Cámara alta cuentan como ausencias.

Los 7 senadores de LLA necesitan a los 30 restantes para conseguir la mayoría simple. Es probable que lo consigan: los senadores disidentes -rondan entre 8 y 10- no ponen en duda aprobar el proyecto en general, sino que sus cuestionamientos más bien pasan por la letra chica del proyecto.

El problema para el oficialismo sobre la superficie parece ser que sus reclamos se volvieron condicionantes para dictaminar, por ende, obstaculizan la llegada a la sesión. Pero no representan solo trabas en su tratamiento en ese sentido, dado que el problema mayor sería que en la votación en particular empiecen a abrir y mutilar el proyecto -como se dio en Diputados cuando se sesionó en febrero-.

UP ve esto como una oportunidad. Dado el caso de que se apruebe la votación en general, ellos están haciendo las cuentas para abrir la ley y unírseles a los reclamos de los disidentes: esto implicaría que UP vote a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal en particular. "Si se va a aprobar, que sea una ley lo menos peor posible", justificaron del sector en diálogo con BAE Negocios.

Una alianza entre un sector de la UCR y UP

Esa instancia parece estar a años luz y todavía no pueden definir si la votación en el recinto será por capítulos como en Diputados -una maniobra que fue clave para su aprobación- o si será por artículos o incisos -lo cual dilataría aún más el tratamiento y aumenta las probabilidades de que se caiga la ley-. Los acuerdos están verdes todavía y para que llegar a esta discusión, primero tienen que lograr llegar al recinto.

Sin embargo, el momento para preparar el terreno es ahora: depende de los acuerdos que teja Villarruel con los dialoguistas y, por consiguiente, de los cambios que el Gobierno decida incorporar y los que dejen afuera. Aquellos que no sean contemplados y se lleven a votación, podrán ser blindados por los senadores con una mayoría de 2/3 y UP confirmó que está dispuesto a arriesgar el costo político que significaría votar a favor de las iniciativas libertarias para colaborar con los disidentes.

Martín Lousteau propuso públicamente que UP los respalde en el recinto

"Más allá de las diferencias que podamos tener con respecto a la ley, porque algunos de nosotros queremos hacer modificaciones muy profundas, algunos la quieren rechazar y otros la quieren taxativamente como está, creo que en este caso podemos encontrar una solución para que por dos tercios se apruebe algo y no pueda ser dado vuelta en Diputados", propuso el mismo Lousteau en el plenario de comisiones del jueves, mirando a José Mayans, Juliana Di Tullio y a Anabel Fernández Sagasti (UP), quienes compartieron miradas cómplices.

Los dejó expuestos en pleno debate, y Ezequiel Atauche, presidente de la comisión de Presupuesto (LLA), quiso cambiar de tema: "Es una propuesta para que lo discutamos en otro momento, no es una pregunta para los expositores", le dijo al senador radical. 

El comentario se dio en relación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que peligra su disolución por el artículo 3 de Bases, y Lousteau pretende lograr, por mayoría especial, que se incluya en la lista de organismos públicos que no puedan ser intervenidos por el Ejecutivo. Se sumaría al CONICET, el INCAA, el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tencnología Médica (ANMAT), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS) y la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE).

El regreso a Diputados

¿Cómo sería posible esta maniobra? Tras la reforma constitucional de 1994, cuando un proyecto de ley regresa a la Cámara de origen (Diputados, en este caso) no puede volver a sufrir modificaciones, pero por un acta firmada el 26 de octubre de 1995 la Cámara de origen tiene la posibilidad de aprobar algunas o desechar otras, si cuenta con la misma mayoría que votó la Cámara Revisora (el Senado).

En el caso de los 2/3 de los votos, si el Senado reúne 48 -"Nosotros somos 14 y hay dos presidentes de bloque que suman 33 (en referencia a UP), y he hablado con otros senadores y estoy seguro de que somos más de 48", calculó Lousteau, responsabilizándose de que toda su bancada lo respaldaría, al menos para el pedido del Banco de Datos Genéticos-, Diputados deberá reunir 172 votos para voltear la medida.

El escenario es difícil de lograr en ambos casos, pero el oficialismo contó para aprobar la Ley Bases en la Cámara baja con 142 votos positivos en general. Puntualmente, el capítulo que incluye el planteo de Lousteau fue de 134 votos positivos.

La Secretaria de Presidencia Karina Milei ya se viene anticipando a cómo será el reingreso de Bases en la Cámara baja y se reunió la semana pasada con Cristian Ritondo (jefe de bloque del PRO) y Miguel Ánguel Pichetto (jefe de bloque de Hacemos Coalición) para comenzar a articular la estrategia para insistir con el proyecto original. De parte de los legisladores oficialistas, aseguraron a este medio que apuntan a que los cambios que se incorporen en el dictamen sean aprobados, pero no descartan que después vaya a haber más alteraciones de las previstas y esas deberán defenderse con votos.