Por: Nicolás Lantos.

Cobra preocupante actualidad una definición que hizo Javier Milei cuando todavía era candidato. Fue en diálogo con la periodista Luciana Geuna, por TN el 13 de agosto de 2021:

- ¿Usted cree en la democracia?

- Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores.

- Puede tener errores pero ¿usted cree en el sistema democrático?

- Te hago al revés la pregunta: ¿conocés el Teorema de imposibilidad de Arrow?

- Yo le hago la pregunta de nuevo porque la que pregunta acá soy yo: ¿usted cree en el sistema democrático?

- ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta?

- No, lo que le pregunto es importante. Ahora me cuenta el Teorema de imposibilidad de Arrow, no lo conozco. Pero lo que le digo es que es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es si cree o no en el sistema democrático. Es fácil la pregunta: ¿cree o no cree?

- Pero, digamos, si vos conocieras el Teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas consideraciones.

Fue prácticamente la única promesa de campaña que cumplió el presidente. Por ahora no va a destruir el Banco Central, que, por el contrario, imprime y presta al Tesoro a un ritmo más alto que durante el gobierno de Alberto Fernández. En cambio, decidió empezar por el Congreso, al que somete a un persistente esfuerzo de asedio y demolición desde el primer día de su mandato. Ya nadie puede pensar que es casual. Milei proyecta una forma de ejercicio del poder que no cabe en el molde de las normas constitucionales, republicanas ni democráticas. Y en ese afán dispuso un ataque sin cuartel al Poder Legislativo.

Su primer discurso le hizo de espaldas, desconociendo la representación popular vertida en los legisladores a través de un voto tan válido como el que lo arrojó en la Casa Rosada. Una advertencia no debidamente notada. La modificación de más de trescientas normas por decreto, avanzando sobre facultades legislativas de una forma que no tiene antecedentes en democracia, fue el primer paso de un plan más amplio y ambicioso, donde el Poder Legislativo no tendrá un rol protagónico. Quedó claro con el proyecto de ley ómnibus que le atribuye la suma del poder público por todo el mandato, dejando para el Congreso un rol meramente ornamental.

Este jueves, en la cámara de Diputados el presidente dio un paso más. Consiguió una mayoría junto a un sector numeroso de la oposición que le permitió decidir en qué comisiones se tratará la mega ley. A pesar del aparente desorden, no se dejó nada librado al azar. El megaproyecto se discutirá solamente en cuatro comisiones, con autoridades afines. Eso significa que el permiso para el ingreso de tropas extranjeras no será evaluado por la comisión de Defensa, ni la eliminación de la movilidad jubilatoria por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, ni el homeschooling pasará por la de Educación, por ejemplo. Ya nadie dice express.

Pero al mismo tiempo se encargó de poner al frente de dos comisiones de alta visibilidad a dos notorios agentes provocadores: el apologista del gatillo fácil José Luis Espert, cuyo mérito más notorio fue amenazar de muerte a otros diputados, y el inexplicable Fernando Iglesias, del que no se conoce mérito en absoluto. No son elecciones compatibles con la estrategia de un gobierno en minoría que debe reunir consenso para aprobar leyes que, según dicen, resultan urgentes y necesarias para evitar que el país sufra un cataclismo de proporciones bíblicas. Pareciera, más bien, que el efecto deseado es convertir al Congreso en un circo escandaloso.

El capítulo judicial, por ahora, luce menos dócil para Milei. El procurador del Tesoro, el nazi Rodolfo Barra, que no formó parte de la redacción de los proyectos pero sí encabeza el equipo encargado de defenderlo en los Tribunales, le había prometido que lograría unificar todas las causas en un solo expediente en un juzgado amigo del fuero Contencioso Administrativo. Ese plan voló por los aires a partir de la acción de la cámara laboral y de la decisión del juez contencioso Enrique Lavié Pico, que determinó que se deben habilitar múltiples reclamos individuales en distintos foros, de acuerdo a la materia legislada, que es amplia y diversa.

Todo concluirá en la Corte Suprema de Justicia, entre febrero y marzo. El máximo tribunal se toma su tiempo no para evaluar jurídicamente a la criatura del Dr. Sturzenegger sino para ver hacia qué lado sopla el viento. Horacio Rosatti no llegó a la presidencia de la Corte Suprema por sus dotes legales sino por sus mañas políticas, desarrolladas a lo largo de varias décadas de militancia y gestión. No es novedoso el pasilleo en Tribunales sobre las ganas del magistrado de volver a saltar a la política, esta vez por la puerta grande, pero sí llamó la atención que haya tomado nuevos bríos, de forma virtual, chat a chat, justo durante feria.

Febrero o marzo es la marca en el calendario de los más poderosos, políticos, economistas y empresarios que coinciden en poco excepto la idea de que esa es la fecha del primer cimbronazo fuerte que deberá afrontar Milei, lo que alimenta especulaciones e internas y complica la ya de por sí difícil tarea de gobernar. Sin mayores certezas sobre el destino del DNU y la ley ómnibus las proyecciones de déficit cero caen en el reino de la fantasía, no tienen más densidad que Peter Pan, los Ositos Cariñosos o Mafalda. El bolsillo de los argentinos, único ancla en el plan de estabilización de Toto Caputo, llegará a esa fecha sin resto para más sacrificios.

Todos los pronósticos ya acuerdan en que con este nivel de precios (y lo que se espera para los próximos cincuenta días) será necesario devaluar una vez más en vísperas de la cosecha gruesa. Eso volverá a recalentar la maquina inflacionaria, por más que los economistas que hasta hace un mes pronosticaban calamidades hoy hablen de llegar al segundo semestre con cifras mensuales de un solo dígito sin ponerse colorados. Ya hay fila para ocupar ministerios que pueden quedar vacantes. Federico Sturzenegger no aceptó ningún cargo para poder irse de vacaciones y porque espera que Caputo salga eyectado antes de que termine el verano.

También está bajo la mira Diana Mondino, que sigue haciendo méritos para ser reemplazada por el siempre bien dispuesto Federico Pinedo, un nombre más del gusto de la casta diplomática. De los propios pasillos del ministerio de Relaciones Exteriores se filtró un dato que termina de enterrar la relación del gobierno de Milei con China, el segundo socio comercial del país, y podría costarle el puesto a la canciller. El martes 26 de diciembre, Mondino recibió en su despacho a Florencia Miao-hung Hsie, virtual embajadora de Taiwan en la Argentina, desconociendo 52 años de relaciones bilaterales con Beijing.

Todo el vínculo entre los dos países está subordinado a la aceptación del principio de una sola China, una política a la que adhieren, entre otros, Estados Unidos y la Unión Europea, y que le cierra la puerta al vínculo con Taiwan. En Sudamérica, el único Estado que mantiene un trato diplomático formal con Taipei es Paraguay. Nunca en la historia un canciller argentino había recibido a una representación taiwanesa. Cruzar esa línea es más grave que todos los insultos vertidos en campaña y que la salida precipitada del BRICS y deja como una anécdota desafortunada el episodio del legislador influencer con las cajas navideñas.

Desde Economía, al enterarse a través de los chinos, se pidió la cabeza de la canciller. En este punto, el destrato puede empezar a ser más costoso que lo que Caputo puede permitirse. Una cosa es que se corten las inversiones en infraestructura crítica, que nunca fueron prioritarias para este gobierno; otra que se termine el SWAP de monedas, que puede ser reemplazado por otras fuentes de financiamiento. El verdadero dolor de cabeza va a comenzar cuando Beijing implemente represalias comerciales. No hay compradores que puedan absorber la producción nacional si China recortar la compra de productos argentinos.

Un ejemplo reciente de las consecuencias que podría sufrir el país a partir de esta decisión es lo que sucedió cuando las relaciones entre China y Australia se congelaron a finales de la década pasada y comienzos de esta. A partir de una serie de decisiones del gobierno australiano que se alineaban con las políticas agresivas de Estados Unidos en el Pacífico, Beijing impuso tasas elevadas a la importación de productos agrícolas (sobre todo vino, algodón, cebada y carne vacuna) e interrumpió la compra de madera y carbón de ese origen. La decisión le costó a la isla unos 25 mil millones de dólares por año, un 1,3 por ciento de su PBI. 

Podría suceder, con o sin represalias Chinas, que el tamaño de la crisis sea tal que no alcance con hacer saltar el fusible de un ministro o medio gabinete para conjurarla. Esa hipótesis causa poco entusiasmo en la oposición, donde aún nadie se siente preparado para asumir en caso de que el “todo o nada” que propone el gobierno termine resultando en nada. Sí despierta interés en un sector del oficialismo, casualmente el que se encuentra en la línea de sucesión presidencial. Los encuentros entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el expresidente Mauricio Macri obsesionan a Milei, que desconfía de ellos desde el día uno.

La vice se cuida de salir en público a defender el DNU y la ley ómnibus porque no quiere quedar salpicada si llegara a haber un juicio politico, pero ya hizo saber a los empresarios que mandaron a redactar esas normas, a través de sus amigos en común en los estudios jurídicos de la City, que si le tocara defender sus privilegios recientemente adquiridos, lo haría con prestancia. Mientras, en las Fuerzas Armadas dejan trascender inquietudes por  la purga que ordenó el presidente, por la desregulación del Mar Argentino, por la venta de Fabricaciones Militares y por el futuro de la recomposición salarial iniciada durante el gobierno anterior.

Resulta pertinente preguntarse si los coletazos de la crisis no pueden también poner en riesgo la continuidad institucional. Ya sea con Milei en el poder, si tiene éxito su plan de adjudicarse la suma del poder público, o sin él; con Villarruel y el apoyo de las Fuerzas Armadas o sin ella; con Macri digitando desde las sombras o sin él. El desencanto con los resultados que ha tenido la democracia en los últimos años ha llevado a la Casa Rosada a una persona incapaz de decir, adelante de una cámara, que cree en el sistema democrático. Si él también resulta un fiasco, es difícil saber a dónde nos llevará la próxima sorpresa.

Descender por el barranco del autoritarismo, la plutocracia y la violencia estatal no es un camino inexorable pero tampoco parece sencillo de evitar, especialmente si la política sigue sin articular una propuesta superadora. El panorama en el Congreso, en ese sentido, es decorazonador. Ahora que vuelven a ponerse de moda Sturzenegger, Bullrich y el Megacanje, muchos recuerdan lo que sucedió en diciembre de 2021, cuando el desborde social, transversal en términos geográficos, políticos y económicos, le puso el freno a un gobierno convertido en meramente la cobertura de un inmenso saqueo organizado.

Menos se recuerda que de esa crisis salimos gracias a un acuerdo entre los dos dirigentes más importantes de la época, Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, que dejaron de lado sus diferencias para priorizar el reencausamiento institucional de la política. Así pasamos, en un año y medio, del “que se vayan todos” a “vengo a proponerles un sueño”. Un final que, seguramente, ninguno de los dos esperaba, pero hicieron lo que había que hacer. ¿Dónde están, ahora, los líderes? ¿Quién está haciendo esa tarea? ¿Quién teje los nudos que van a evitar, cuando llegue el estallido, que se rompa todo más allá de nuestra capacidad de volver a repararlo?