Alimentos: empresarios rechazan intervención y reclaman por subsidios directos a la demanda

Alimentos: empresarios rechazan intervención y reclaman por subsidios directos a la demanda

El sector agro alimenticio quiere aprovechar la partida de Feletti de la Secretaría de Comercio para imponer cambios en las políticas de precios. Piden eliminar mecanismos como los fideicomisos y mejorar las transferencias en tarjeta alimentar o AUH.

Por Florencia Barragan

La guerra en Ucrania elevó los precios de commodities e implicó un shock en los alimentos, que Naciones Unidas alerta que podría derivar en hambrunas globales. En este contexto, los países buscan soluciones. En Argentina, los empresarios rechazan el “desacople” de precios con medidas de intervención, y por el contrario reclaman subsidios focalizados a sectores vulnerables. El sector privado aprovechará la partida de Roberto Feletti de la Secretaría de Comercio Interior para imponer su línea.

Herramientas como las retenciones o los cupos de exportación, propuestas por economistas como Feletti o Emanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía, fueron descartadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán. La única herramienta de intervención aplicada fueron dos fideicomisos para el trigo. En las primeras reuniones de Guillermo Hang, actual secretario de Comercio, los empresarios pidieron eliminar estas iniciativas.

Los empresarios aceiteros se mostraron críticos con el fideicomiso del aceite. Con estas intervenciones, la Secretaría de Comercio Interior fijó una fórmula de aumentos, que en el último semestre dio que debería haber una suba del 47%, mientras que se autorizó una de 21%. El año pasado, el aceite en góndola aumentó 48%, mientras que a la salida de fábrica subió 25%. Además, resaltaron la distorsión en precios relativos: en marzo 2020, el aceite de girasol costaba $145, contra el pan a $110, mientras en 2022 el aceite cuesta $170 versus $240 el pan.

También ante Hang, los empresarios molineros rechazaron la herramienta del fideicomiso, y en el caso del Fondo Estabilizador del Trigo, que es una herramienta voluntaria, anticiparon que no se sumarán. Por el contrario, sugirieron utilizar los u$s 350 millones de las retenciones a la soja a transferencias directas a los titulares de la tarjeta Alimentar, o crear una “Tarjeta Pan”. Subsidiar la oferta, como ocurre hoy en día con molinos (incluido el gigante Molinos Cañuela) “se diluye”, manifestó una fuente.

Por su parte, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, quien mantiene un buen diálogo con Guzmán y el presidente, Alberto Fernández, también propone un subsidio a los alimentos. “El trigo está a u$s 450, estaba a u$s 220, tendrías que poner retenciones del 50% para desacoplar los precios y eso no dura una semana porque son confiscatorias. Las herramientas tienen que ser efectivas, pero también posibles”, aseguró el empresario.

Por el contrario, propuso: “Se podría negociar con las grandes empresas una línea de producción diferenciada para productos de la canasta básica, que se vendan con un precio más bajo y código de barra especial, subsidiado con las actuales retenciones y con aportes empresarios, para que puedan comprarse con la tarjeta Alimentar. Eso te permite llegar con eficiencia y eficacia al sector al que necesitás”, detalló Aracre.

Subsidiar la demanda de manera focalizada a la población vulnerable, por sobre herramientas como las retenciones o los cupos que impactan a nivel general, tiene limitaciones, según opinó el economista Ernesto Mattos, director del instituto de desarrollo productivo de la Universidad de José C. Paz. “Quedan afuera los salarios promedio, que están en $52.000 según el Indec, y que para las mujeres son menores”, aseguró. “Un subsidio no hace bajar los precios, sino que podría retroalimentarlo. Se necesitan resultados concretos porque la población pasa hambre y el trabajador precario y pobre también lo padece, por más que tenga trabajo”, agregó.

Para llegar a los trabajadores pobres, que quedan por fuera de la protección social y de las paritarias sindicales, un importante empresario le comentó a Guzmán que el Gobierno debería promover aumentos de suma fija, para impactar más en los menores ingresos. En el Ministerio de Economía comparten la idea, pero la CGT, uno de los sectores que más acompaña al Presidente, lo rechaza.

Por otro lado, según un trabajo realizado por el Centro de Economía Política (CEPA), los derechos de exportación no se aplican solo en Argentina: “De los 14 países que producen trigo, maíz y girasol, 10 aplican retenciones”, describe el documento. “La implementación de medidas de comercio exterior se multiplicaron, se registraron 103 nuevas entre octubre 2020-octubre 2021 con efectos de restricción al comercio, según la OMC”, agrega. Menciona que Canadá mantiene una ley de permisos de exportación e importación, mientras que Australia tiene un esquema de acreditación de exportaciones para regular el trigo a granel.

De todos modos, CEPA asegura que las retenciones que no son el único mecanismo de desacople, sino que hay otros: los cupos de exportación, los fideicomisos, y las empresas de propiedad estatal. Por ejemplo, menciona los casos de Codelco en Chile, Pemex, Equinor y Petrobras en México, Noruega o Brasil, como empresas que captan la “renta diferencial de los sectores con ventajas comparativas”.

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