Como parte de la agenda oficial diagramada para intentar controlar la inflación durante este año, las empresas alimenticias volverán a visitar el despacho del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en horas del mediodía.

La cita se vincula con la estrategia de ese ministerio y de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación para analizar la cadena de valor del sector, determinar cómo se forman los precios y estudiar el costo de los insumos, entre otras razones.

Es por eso que el mayor protagonismo en el encuentro lo tendrán las empresas productoras de insumos como fertilizantes y agroquímicos, cartón, vidrio, hojalata y todo lo que represente a envases. Ocurre que desde Desarrollo Productivo aseguran que estos productos aumentaron el año pasado muy por encima de la inflación total e incluso del dólar. Por lo tanto, buscarán conocer de primera mano las razones que permitieron estos aumentos que el propio ministro Kulfas considera como "injustificados".

Por eso, Bayer, Syngenta, Tetrapack estarían entre las compañías de este rubro convocadas a la reunión. Pero también participará alimenticias como AGD, Molinos Ríos de la Plata, Nestlé, Unilever, Ledesma, Danone, Granja Tres Arroyos, el consorcio de exportadores de carnes ABC y Mondelez, entre otras.

Muchas se encuentran en la lista de empresas imputadas por desabastecimiento por parte de la Secretaría de Comercio Interior por considerarlas responsables de los faltantes de góndola que se evidenciaron durante estos meses.

Las autoridades consideran que las compañías retuvieron volúmenes de producción o no cumplieron con la entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

Las imputaciones se realizaron luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda.

Las empresas rechazan las imputaciones

 

Desde las empresas convocadas al encuentro de este mediodía insisten en rechazar las imputaciones y ya enviaron toda la documentación que Comercio Interior les reclamó para analizar el caso y estimar posibles sanciones económicas si corresponden.

También mencionan la importancia de revisar los costos de la cadena y destacan el reconocimiento de parte del Gobierno de que los aumentos en las góndolas estuvieron por debajo de la inflación general.

Sin embargo, insisten en reclamar a las autoridades la necesidad de revisar toda la carga fiscal en alimentos y bebidas y resolver el tema del IVA especialmente por entender que se trata de un tributo regresivo que pone de relieve el peso que los impuestos sobre el precio de venta al público de los alimentos.

Si bien no existe todavía una propuesta puntual, desde la Coordinadora de Productores de la Alimentación (Copal), aseguran que más del 41% del valor de un alimento corresponde a impuestos, con un pico del 47% para las bebidas.

De hecho, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) alerta sobre los costos tributarios que deben enfrentar las empresas del sector que incluyen ingresos brutos, tasas municipales, Ganancias, impuesto al cheque, la seguridad social, los impuestos internos (en el caso del sector bebidas) y el IVA.

En el caso de este tributo, las empresas acompañaron fuertemente la decisión del gobierno anterior de Mauricio Macri de eliminar el IVA de los alimentos que integran la canasta básica.

Una medida que tuvo un año de vigencia, hasta el 31 de diciembre del 2019, y que el gobierno de Alberto Fernández decidió no continuar.

La iniciativa estuvo presente durante todo ese año en aceites de girasol, maíz y mezcla; pastas secas; leche, yogures; yerba, mate cocido; té; harinas de trigo; polenta; rebozador; pan rallado; hortalizas; conservas de frutas y legumbres de todas las marcas que se encuentran en las góndolas. El objetivo que buscó la administración de Cambiemos con esa medida fue el de absorber el impacto de la devaluación en la estructura de costos.

Sin decirlo públicamente, ahora tanto desde la Copal como desde las empresas propondrían una medida similar teniendo en cuenta que los impuestos que más inciden son precisamente el IVA, junto con los aportes a la Seguridad Social e Ingresos Brutos.

En el caso del IVA, se tributa de manera diferente según el tipo de alimento. Algunos tributan una alícuota reducida del IVA, de 10,5%, como frutas, verduras, pan y carne; y otros tienen el porcentaje general de 21%, como las galletas, mermeladas, chocolate y las latas de arvejas.

De acuerdo a estudios de la Copal, para el primer grupo de alimentos el costo impositivo incluido en el precio al consumidor final se ubica en el 38,4%, mientras que para los productos que pagan el IVA general, el costo impositivo llega al 44%. Es decir que cada $100 que se gastan en alimentos, entre $38 y $44 corresponden a impuestos, dependiendo del producto.

Por eso, el sector viene advirtiendo que su desarrollo se encuentra fuertemente condicionado por los elevados costos fiscales, además de los logísticos, laborales no salariales, así como también por las trabas al comercio y al acceso al financiamiento, entre otros factores que impactan directamente en los precios de los alimentos y bebidas.

Teniendo en cuenta esta carga, las empresas seguirán insistiendo ante las autoridades que el desarrollo de una agenda de reconstrucción del sector seria requiere de reformular la estructura de costos y el peso de los impuestos en esa misma estructura.

"El tema impositivo es clave", consideran varios de los empresarios que concurrirán este mediodía a la reunión de la que, además de Kulfas y Español, también participarán Claudio Moroni (Ministro de Trabajo); Mercedes Marcó del Pont (AFIP) y por el Banco Central, irá Sergio Adrián Woyecheszen.

"Queremos debatir la carga tributaria en el marco de un diálogo serio en el cual no se nos acuse de ser formadores de precios y culpables de la inflación", sostienen los empresarios.

Se quejan además de una suba de costos que los excede (como transporte y logística), que las materias primas se encarecieron y que enfrentan problemas de producción, porque falta personal y no hay demanda.

"Costos libres y precios atados no puede ser de nuevo la fórmula este año", se quejan otros empresarios del sector para quienes políticas como las de Precios Máximos sirven para un período corto pero no pueden convertirse en planteos permanentes. "Las autoridades deben entender que los precios deberían tener algún aumento gradual y paulatino que acompañe los aumentos de costos", agregan.

En este sentido, desde la Secretaría de Comercio Interior insisten en que no se trata de controles de precios sino de una política de administración de precios como mensaje estructural del Gobierno.

Recuerdan que el programa Precios Cuidados es el "fiel" representante de esta política estructural de la Nación ya que viene permitiendo limitar las subas en los alimentos y establecer valores de referencia para todas las categorías que se encuentran representadas en las góndolas.

Agregan que las reuniones forman parte de un trabajo con las cadenas sectoriales para diferenciar dónde están los problemas como faltantes o subas injustificadas.

"De esta forma, sabiendo que son problemas con diferentes situaciones podemos intentar controlar la inflación, cuyo origen también es diferenciado", aseguran cerca de Paula Español.

Reconocen además que los precios en las góndolas aumentaron menos que el costo de vida y que por eso no fueron responsables de la inflación. Por eso, adelantan que la política de descongelamiento se mantendrá, que se impulsará una mayor rentabilidad para las empresas pero sin que se dañe el bolsillo de los consumidores.

Entienden de este modo que no es posible permitir aumentos bruscos de un día a otro sino de acuerdo a una estrategia gradual en la cual también se buscarán aumentos salariales mayores a la inflación para impulsar el consumo y así, la rentabilidad de las empresas.