El FMI adelantaría giros pero también vencimientos, mientras los dólares se multiplican y esperan a la inflación de abril

El FMI adelantaría giros pero también vencimientos, mientras los dólares se multiplican y esperan a la inflación de abril

El Fondo comprende el impacto de la sequía, pero no quiere que sus dólares se usen para pagar importaciones o contener al tipo de cambio. El anticipo de transferencias sería para saldar antes el crédito de Macri y así evitar el riesgo de impago. Operadores del mercado financiero dudan que impacte en su ánimo y esperan agazapados al 12 de mayo por el dato de inflación mientras comienzan a operar con los nuevos MEP y CCL del segmento Senebi.

Alejandro Rebossio

El Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa adelantarle al ministro de Economía, Sergio Massa, los tres desembolsos previstos para junio, septiembre y diciembre próximos por US$ 10.300 millones e incluso los 3.100 millones de 2024, pero también anticiparía todas las fechas para que se repague con ellos el préstamo récord que tomó Mauricio Macri en 2018. El organismo nació en 1944 para atender las crisis de las balanzas de pagos de los países y eso es lo que está sufriendo la Argentina ahora por un evento ajeno a su responsabilidad, la sequía, agravada por el calentamiento global que provocaron los países desarrollados. Más allá de que nuestra nación podría haber creado en su historia reciente una estructura económica menos endeble que no dependa de una cosecha, el FMI comprende el impacto desestabilizante de la seca en la economía y podría anticipar los fondos pero no para que el Banco Central se los patine financiando importaciones o combatiendo el salto de los dólares oficial y financieros (MEP y CCL) sino para que salde el crédito de Cambiemos. No vaya a ser que se dilapide el dinero del Fondo en intervenciones cambiarias infructuosas, como hizo en 2018 el entonces presidente del Central, Luis Caputo, y después no haya plata para pagarle lo adeudado, que es lo que más obsesiona al organismo, y el país entre así en atrasos.

Diciembre de 2018: Christine Lagarde y Mauricio Macri, entonces directora gerente del FMI y Presidente de la Nación.

Cuando se le impaga al FMI, no se llama default, como cuando se incumple con el sector privado, ni se puede reestructurar lo debido. Se denomina atraso, puede provocar bloqueos de otros financiamientos como los del Banco Mundial o del Interamericano de Desarrollo (BID), además de elevar la incertidumbre financiera y cambiaria de la nación deudora. Para salir de una situación semejante, el estatuto del Fondo obliga a que el país en problemas abone los impagos con dinero de otros, no con una refinanciación del organismo, por lo que habría que pedir ayuda a grandes potencias como Estados Unidos, China o quien sea. Todo un engorro que dejaría al país más expuesto a la dependencia de alguno de esos gigantes. Sería un riesgo que podría ocurrir en el segundo semestre de este año y que no le convendría para nada al próximo gobierno que surja de las urnas en octubre porque lo obligaría a iniciar su mandato recorriendo grandes capitales para pedir clemencia.

Para evitar todo ese trajín, que empeoraría el panorama de por sí crítico de la actualidad, el FMI le adelantaría a Massa los fondos que él le pide, pero a cambio de que le abone rápido lo que falta por saldar del megacrédito de 2018. El organismo no quiere que su mayor deudor entre en atrasos en la segunda mitad de 2023. Pretende terminar con los pagos del préstamo de Macri y pasar a un asunto de más largo plazo: cómo se devolverá el préstamo que tomó Alberto Fernández para repagar aquel otro y que se extiende hasta 2031. Así el próximo gobierno no debería estrenarse renegociando el programa actual, que abarca el periodo 2022-2024. Una vez que se desembolsen todos los fondos, el actual acuerdo y sus exigencias a futuro se darían por terminados en los hechos.

Por eso, es probable que el FMI no adelante los giros sin que antes el Gobierno concrete medidas determinadas, nada de promesas. Por eso, el Banco Central, con su presidente, el albertista Miguel Pesce, y su vice, el massista Lisandro Cleri, aceleraron la suba del dólar oficial y de la tasa de interés, dos demandas habituales del Fondo. Por eso, la secretaria de Energía, Flavia Royón, quitó este mes los últimos subsidios que recibía el 35% de los hogares en sus tarifas de luz y gas, incluido el 30% de más ingresos y el 5% que quizá por desconocimiento no se anotó para mantenerlos. El tema es que los burócratas de Washington que encabeza la búlgara Kristalina Georgieva piden más. Por más que el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden quiera evitar una crisis más profunda en un país al que ha sumado como aliado en Latinoamérica -a diferencia de Brasil y México-, en el Tesoro norteamericano siempre miran más los números que la geopolítica y reclaman más ajustes, como lo hacen también otras naciones de peso en el Fondo, llámese Alemania y Japón.

El ministro de Economía Sergio Massa con Kristalina Georgieva. Télam

El aumento de tarifas energéticas de mayo no sólo abarcó a los hogares de mayores ingresos, desde clase alta a media, sino también a grandes comercios e industrias. En el presupuesto 2023, se preveía que los subsidios a la luz fueran del 1,4% del PBI, pero el FMI pidió bajarlos al 1,2% y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, espera que con este último incremento se los reduzca al 1%. Su par de Hidrocarburos, Federico Bernal, dejó en el pasado la resistencia a quitar subvenciones a los más acaudalados, aplicó las alzas y además en su tarea de podar gastos se vio beneficiado por el abaratamiento de la importación del gas, una vez pasados los temblores iniciales de la guerra de Ucrania.

¿Pero qué pasa si el FMI pide más ajustes de tarifas en plena campaña electoral? El 35% de los hogares que perdió el subsidio, los de la tarifa N1, paga $ 21.000 por el megavatio de electricidad por hora. El 35% de clase media, los N3, abonan $ 3.500 y el 30% más pobre, los N2, $ 3.100. Es decir, casi no hay diferencia entre los consumidores de ingresos medios y bajos y, a su vez, pagan seis veces menos que los que abonan la tarifa plena. Un hogar de ingresos altos que hace un año gatillaba $ 1.000 por la luz ahora pasó a abonar $ 4.500. Al de clase media le subió en diciembre pasado a $ 1.200, el valor de dos cafés en un bar, y en junio comenzará a abonar $ 1.500. El más pobre sigue pagando $ 1.000, sin cambios, pese a la inflación del 104%. Aún así hay cada vez más personas en situación de pobreza: el 39% de la sociedad en el segundo semestre de 2022, frente al 36% del primero, y en ascenso en 2023.

Políticamente pareciera inviable quitarle ahora más subsidios a la clase media, aunque la oposición planea sacárselos todos si triunfa en las urnas e incluso en la Secretaría de Energía actual admiten que habría que reducirlos más en forma gradual porque reconocen que sus tarifas quedaron muy atrasadas respecto a la inflación. Otra opción es aumentarles a los comercios y las industrias, pero sus valores llevan menos retraso que los de los hogares. Los grandes usuarios, que representan el 25% del total de los no residenciales, pagan la tarifa plena, sin ayudas, pero los medianos abonan sólo la mitad del costo de la electricidad y los pequeños, todavía menos. Por lo pronto, la subsecretaría de Yanotti intentará bajar el gasto en subsidios a través de incentivos al uso de electrodomésticos más eficientes, al tiempo que se enfoca en la ejecución de obras de transporte eléctrico, de modo de evitar cortes en verano y de alentar nuevos parques de energías renovables que están licitándose.

Dólares: la tranquilidad podría durar hasta el 12 de mayo, cuando el Indec difundirá la inflación de abril. NA

Aunque el FMI termine por adelantar fondos al Gobierno, algunos brokers los desdeñan porque no solucionarían la escasez de dólares. Pero ciertos economistas destacan que al menos se espantaría el miedo del mercado de que la Argentina entre en atrasos con el organismo en la segunda mitad del año, sobre todo después del impacto que pueda tener el resultado de las primarias. Por lo pronto, los inversores financieros ahora calmaron sus ansias de dólares, pero la tranquilidad puede durar hasta el próximo viernes 12, cuando el Instituto de Estadística (Indec) informe un índice de precios al consumidor (IPC) de abril que se teme que pueda resultar peor que el 7,7% de marzo. Más de un industrial o comerciante remarcó precios varias veces tras el salto del blue de $ 392 a principios del mes pasado a los 467 actuales, pasando por los 495 de la semana pasada. “Un nuevo cimbronazo puede venir en cualquier momento”, advierte un avezado broker. “El Central sigue perdiendo reservas, se van depósitos en dólares de los bancos...”, lo justifica.

Massa logró domar circunstancialmente el tipo de cambio paralelo: consiguió la semana pasada bajar los dólares financieros y contagiar al blue. Esta semana, en cambio, ya no podía seguir sacrificando activos del BCRA

Massa logró domar circunstancialmente el tipo de cambio paralelo desobedeciendo su propio compromiso ante el FMI de no intervenir en los mercados del MEP y el CCL a costa de perder reservas. Así consiguió la semana pasada bajar los dólares financieros y contagiar al blue. Esta semana, en cambio, ya no podía seguir sacrificando activos del Central y por eso dispuso que los agentes de bolsa dejaran de actuar por cuenta propia en el dólar Mercado Electrónico de Pagos y en el contado con liquidación a través del llamado segmento PPT (sigla que significa Prioridad Precio Tiempo), que es donde interviene la autoridad monetaria. Es así que estas sociedades ahora sólo pueden con sus fondos en otra rueda llamada Senebi, Segmento de Negociación Bilateral, en el que el Central no se mete y, por tanto, no pierde reservas. A partir de esta medida ha vuelto a haber dos MEP y dos CCL, como ya existieron en 2021. Por ejemplo, este miércoles, el MEP PPT, o de los inversores minoristas, una plaza más acotada, pero más visible en los medios porque incide en el ciudadano común, cerró a $ 430, pero el MEP Senebi terminó en $ 440. El CCL PPT operó en $ 433, pero el CCL Senebi, que es el segmento de mayor volumen, con el que los agentes giran dinero al exterior, finalizó en $ 450. Pensar que el FMI quiere que la Argentina acote el número de su veintena de precios del dólar, pero cada vez se multiplican más.

Mientras tanto, un dirigente massista analiza el escenario político, económico y social: “El jefe busca plata por todos lados: FMI, Estados Unidos, Brasil, China. No me queda claro cuánto y cuándo nos dará plata el Fondo. Lo político está congelado a lo que decida Cristina (Fernández de Kirchner), que parece que no sabe por dónde encarar. Y en lo social hay cierto parate en lo económico con un problema serio en el precio de los alimentos, vamos camino a estabilizarnos hacia una baja social paulatina. Si la oposición se ordena, tiene muchas posibilidades de ganar, la tendencia es al cambio, pero hay que ver el avance de la extrema derecha, que ya instaló en la sociedad el debate de la dolarización”.

Un economista de Juntos por el Cambio lo complementa: “Tenemos un candidato pro mercado que mete ruido por su idea ridícula de la dolarización”, se refiere a Javier Milei. “Por eso no tenés inversores que apuesten a una victoria opositora y haga mejorar el mercado, como pasó en 2015. Y a diferencia de aquel año, cuando la gente no percibía una crisis, ahora lleva en crisis desde 2018 y por eso hay un mandato de la sociedad para que haya reformas... después habrá que ver cuánto dura la paciencia. Hoy tenés niveles de pobreza muy altos, pero se morigeran con planes de contención, con una CGT que no sale a la calle y con movimientos sociales que al intermediar reducen la conflictividad”. Claro que los gremios y las organizaciones de trabajadores de la economía popular actúan así porque gobierna el peronismo. Horacio Rodríguez Larreta ahora se desdice ante la CGT de la reforma laboral que impulsaba, pero quiere desintermediar las ayudas sociales. Y aunque es cierto que la sociedad pide terminar con la inflación, no es seguro que conozca que el precio a pagar incluye inicialmente aumentos del boleto de transporte público y de las tarifas y otros ajustes en el Estado, en las empresas públicas y en la industria que deberá competir con lo importado.

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