La familia Kirchner pasa sus días de manera intermitente entre la angustia y el alivio. Eso le sucede a Cristina, a Máximo y también, en menor escala, a Alicia, la gobernadora de Santa Cruz. Aquella ambivalencia tiene relación, en este segmento, con un asunto excluyente: el comportamiento entre rejas de Lázaro Báez, el hombre que guarda la mayor parte de los secretos de la ruta del dinero K. La que permitiría corroborar si se consumó o no durante la “década ganada” una maniobra sistemática de lavado de dinero por parte de la pareja presidencial.

En las novedades que se van revelando surgen casi siempre los mismos nombres y metodologías. Cristina y su hijo fueron ahora imputados por el fiscal Carlos Rívolo por presuntos hechos de corrupción en la empresa Los Sauces, dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles. En la trama aparece Báez y también Cristóbal López. Inmuebles construidos por los empresarios K, con dinero propio, sobre un terreno propiedad del ex presidente que luego ellos mismos rentaron. Departamentos de la ex presidenta en Puerto Madero cuyas expensas serían abonadas por López, según papeles que recogió el juez Claudio Bonadio durante un allanamiento a la administración.

La imputación no habría sido la causa de mayor desasosiego para la familia Kirchner. Sí, en cambio, la determinación del fiscal Rívolo de solicitar autorización para revisar la documentación de la causa Hotesur, que recién llega a manos del juez Julián Ercolini. Se trata de la empresa que administraba una cadena hotelera de los Kirchner en El Calafate. El funcionario presume la posibilidad de algún vínculo entre una causa y la otra.

Aquel rastreo de Rívolo abriría la chance de establecer un punto de contacto entre tres de las cuatro causas que rodean a Cristina. ¿Qué contacto? Todo o casi todo el patrimonio de la familia Kirchner y su oscuro entramado financiero se habría nutrido del sobreprecio en la obra pública. Por ese motivo el silencio de Báez, principal beneficiario en las adjudicaciones de Santa Cruz, sería todavía un cerrojo para arribar a una conclusión cierta.

El empresario K no sólo cambió sus abogados. También apunta a una mutación de la estrategia defensiva que, por el momento, no contempla su conversión en arrepentido, al revés de lo aconsejado por el valijero Leonardo Fariña. Báez intentaría demostrar que no habría sido el único beneficiario de obra pública en Santa Cruz desde el 2003. Habría oficiado también de privilegiado gestor. Recibía las adjudicaciones desde el ex Ministerio de Planificación, dirigido por Julio De Vido, pero muchas de ellas las tercerizaba. Como un mayorista. ¿Cómo habría sido en ese caso la supervisión del Estado sobre los fondos? Hay constancia que en ese trámite se produjeron desencuentros con Electroingeniería, ligada al ex secretario general, Carlos Zannini. Pero el plan enfila hacia otro puerto. Demostrar que también habrían participado en la repartija empresas cercanas al macrismo. De Nicolás Caputo, el gran amigo de Mauricio Macri, y Angelo Calcaterra. El arquitecto y primo del presidente que esta misma semana comunicó que puso en venta Iecsa, una de las mayores constructoras de obra pública del Estado. Querría evitar, quizá con pereza, conflicto de intereses.

Detrás de esa telaraña Cristina podría ponerse a salvo. Aunque todo sería relativo. El fiscal Guillermo Marijuan imputó a la ex presidenta luego de la primera confesión de Fariña sobre la ruta del dinero K. Sebastián Casanello no se expidió todavía sobre esa decisión. El arrepentido brindó dos pistas que la Justicia se está encargando de indagar. Dijo que Cristina había sido advertida por Estados Unidos sobre millonarios giros de dinero de Báez al exterior. También que entre ellos, a propósito de esa advertencia, existió una reunión repleta de reproches. Y hasta un par de conversaciones telefónicas.

Marijuan estaría rastreando si aquel alerta de Washington fue formal o simplemente a través de algún correo reservado. Una tarea nada sencilla. Sólo en el primer caso se le simplificaría la investigación. Fariña reveló además en su oportunidad que en Andromeda Corporate Finance, una sociedad armada por él mismo en septiembre del 2010, hubo un lote de siete teléfonos celulares sofisticados, uno de los cuales era de uso exclusivo del empresario K. También el fiscal estaría en esa búsqueda por un motivo: conocer si, en efecto, existieron aquellas comunicaciones entre Cristina y Báez por el movimiento de dinero en el extranjero. De haber verificación de aquellos casos podría caberle a Cristina la figura de encubrimiento.

El fiscal sigue acopiando información sobre los allanamientos que realizó en Santa Cruz. A cada rato queda boquiabierto. Es probable que los próximos días regrese a esa provincia para trabajos complementarios. Pero estaría dispuesto a adoptar mejores recaudos. ¿Por qué? Quedó con la certeza, pese a la eficaz custodia que le brindó la ministra Patricia Bullrich, de haber sido perseguido y espiado todo el tiempo. Incluso en el hotel. Su habitación contigua fue ocupada por tres hombres que simularon adicción por la fotografía turística pero, curiosamente en el interior del hospedaje.

Marijuan, en su permanencia en Río Gallegos y El Calafate, habría sellado tres impresiones: un fastidio social reprimido contra Cristina; extrema prevención del ciudadano común para dialogar y el reflejo espontáneo de los pobladores para ligar a Báez con Néstor Kirchner más que con Cristina. El empresario K casi no habla en la prisión de Ezeiza. Sólo le dedica mucho tiempo a sus abogados. Pero acuñó una muletilla que tendría hilación con la historia: “Siempre fui lupinista, nunca cristinista”, machaca. Lupín fue el apodo que se ganó en la calle Kirchner ni bien comenzó a escalar en el poder provincial y nacional. Se lo asoció por su aspecto físico –el rostro– al personaje de una historieta famosa de la década del 60.

Aquella muletilla de Báez no significaría ninguna señal para Cristina. Encierra, es cierto, una confesión sobre quién fue su amigo y socio. ¿Podría esconder a futuro una venganza? Es verdad que la relación del empresario K con el ex presidente fue de una intensidad muy diferente a la que mantuvo con Cristina. Pero muchos negocios se prolongaron luego de la muerte del ex presidente. Basta para comprobarlo con observar de qué modo siguió operando la cadena hotelera en El Calafate. Las empresas de Báez continuaron alquilando para sus empleados habitaciones que nunca ocuparon.

La ex presidenta no pudo ignorar esa práctica. Menos aún, el hábito de Aerolíneas Argentinas de alojar las tripulaciones en los hoteles de su propiedad. Carlos Beraldi es su abogado defensor en la causa de Bonadio por la venta de dólares a futuro. No habla con él con demasiada frecuencia pero reitera una frase desde el primer día que tomó contacto. “Jamás he cometido un ilícito. Esté seguro, doctor. Por los demás no pongo las manos en el fuego”. No hizo ninguna salvedad sobre Néstor, su ex marido.

Cristina, en su refugio del Sur, estaría cavilando un replanteo político después de la irrupción con el acto en Comodoro Py, un miércoles de abril en que fue citada a declarar. Aquel replanteo tendría que ver con la propuesta del frente ciudadano para confrontar con Macri. Que se derramó como gotas de ácido sobre el peronismo. La ex presidenta desearía evitar un divorcio definitivo con el PJ, que haría casi inviable su proyecto orientado a las legislativas del año próximo. Un emisario de ella, a propósito, comenzó a recorrer el espinel de heridos y enojados. Roberto Porcaro dio los primeros pasos en esa dirección. ¿Quién es? Un ex radical, transformado en ultra K, de quien Guillermo Moreno dijo alguna vez que era su único amigo en el partido de Raúl Alfonsín. Que supo proponer a Kirchner la idea de la transversalidad. Una formidable herramienta electoral que empinó a Julio Cobos al lado de Cristina, en la fórmula del primer mandato. Porcaro escuchó testimonios que fueron coincidentes. No habría acercamiento posible si muchas de las caras kirchneristas siguieran siendo las de Moreno, Luis D’Elía o Aníbal Fernández, maltratado en el enorme acto sindical de la semana anterior. O si tallara La Cámpora. Los peronistas clásicos preferirían arreglarse ahora modestamente con la conducción del sanjuanino José Luis Gioja y de Daniel Scioli.

Esa renuencia peronista sigue siendo una buena noticia para Macri. Pero el Presidente terminó abroquelando a todo el arco opositor detrás de su pelea por la ley antidespidos. El mismo arco que, en gran proporción, lo acompañó para acordar con los fondos buitre y abandonar el default de verdad. Dicen que ciertas invocaciones públicas suyas molestaron más de lo que se sabe. Acusó a Miguel Angel Pichetto, el jefe de los senadores del FpV, de decirle una cosa en privado y hacer otra en el Senado. Allí la ley antidespidos fue aprobada por una amplísima mayoría. También apercibió –por idéntica razón– a Sergio Massa por una posible connivencia con el kirchnerismo en Diputados. El líder del Frente Renovador no pareció quedar en un sitio confortable. Lo correría de la avenida del medio que siempre se propuso transitar. Pero esa jugada se le podría volver a Macri en contra. Varios diputados massistas quieren votar la ley antidespidos sólo para escarmentarlo.