Este funcionario tuvo un amplio y exitoso paso por la función pública, a la que llegó de la mano de Raúl Zaffaroni de quien fue discípulo en la universidad. En efecto el ex supremo fue el tutor de su tesis sobre el sentido de las palabras en el derecho. Por su recomendación llego junto a Alejandro Slokar a colaborar con Horacio Rosatti en el Ministerio de Justicia de Néstor Kirchner.

En tal función descubrió la veta profesional del control de lavado de activos; con mucha audacia llegó a la coordinación nacional para el combate del flagelo de la mano de Alberto Iribarne. Eran tiempos de amistad con Zenón Biagosh director del Banco Central de la gestión de Roberto Lavagna y el diplomático Eugenio Curia. 

En paralelo organizó un estudio jurídico especializado en la materia, en el que contrató como su mano derecha a Celeste Plee, hija del fiscal Raúl Plee quien en ese momento era el único responsable de las causas antilavado en el fuero federal.

Esa red de contactos lo llevo a la imprudencia de aceptar ser abogado de Francisco de Narváez en la crucial elección donde este enfrentaría y ganaría a Kirchner en Buenos Aires. Su próximo cliente fue Héctor Magnetto. 

La consecuencia fue el desplazamiento de Plee del rol de fiscal antilavado y su pelea con Biagosh por el control de la consultoría del sector financiero, que llevó a intentar que el rol de compliance en los bancos se pudiera tercerizar. La millonaria multa del BCRA al Banco Supervielle terminó con el negocio.

El 2011 el intento de Gustavo Ferrari de ponerlo en la Comisión reformadora del Código Penal en materia de lavado terminó con problemas; todo naufragó cuando Elisa Carrio descubrió acercamientos entre el diputado cordobés Juan Carlos Vega y el mundo K.

Finalmente, de la mano de Daniel Angelici el grupo Marteau, Plee y Federici recaló en el armado Cambiemos desplazando a la alternativa de convocar a Alicia Lopez al frente de la UIF. Federici recaló en la presidencia de la UIF llevando a Celeste Plee como investigadora principal, Marteu volvió a la coordinación para generar políticas de prevención del lavado de dinero .

Marteu como secretario de estado, formalmente dejo su estudio, pero en la práctica no dudo en visitar entidades financieras publicas y privadas ofreciendo los servicios de su ex estudio, del cual continuaba figurando en la pagina web. La denuncia del FPV más los fuertes rumores sobre su relación con la contratación de servicios provoco la apertura de un expediente en la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso sobre posible conflicto de intereses, donde compareció a los gritos a notificarse del expediente.

Luego brindó su descargo para negar conflicto con su estudio jurídico, y desmintió haber sido abogado de Clarín y el JP Morgan en causas por lavado, tal como habían denunciado diputados del kirchnerismo. Reconoció haber tenido a Clarín de cliente, pero aseguró que renunció a todos los casos que tenía abiertos y que podían ser motivos de incompatibilidad. 

Fuentes calificadas de la Casa Rosada dijeron que la salida de Marteau del Gobierno tiene que ver con una puja interna que el funcionario tuvo con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici por el control de las operaciones de lavado de activos. Desde un primer momento, Marteau quiso tener el manejo de la lucha contra el lavado de activos desde el Ministerio de Justicia que finalmente quedó en manos de la UIF desde la cartera de Finanzas, que conduce Luis Caputo.

A su vez, Marteau intentó crear un órgano suprapoder bajo su órbita para manejar el control de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que tuviera como satélites a la UIF, la AFI y otras dependencias del Estado. Esta propuesta chocó no sólo con Caputo, sino también en su momento con el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

Allegados a Marteau dijeron que trabajará desde la actividad privada. También deslizaron que asesorará desde afuera al Gobierno para atender el desafío que tendrá la Argentina con la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo supranacional encargado de delinear acciones y propuestas para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En tanto, otra de las iniciativas que impulsó Marteau desde el Ministerio de Justicia fue un proyecto de ley antiterrorista para redefninir la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero esta propuesta nunca fue aceptada por el Ministerio de Seguridad, ni por Finanzas o Hacienda.

¿Aceptara esta vez que ahora tiene una incompatibilidad de dos años para asesorar a privados?