La oposición intensificaba este martes las negociaciones para alcanzar una mayoría absoluta que le permita sesionar el miércoles desde las 12 en la Cámara de Diputados y convertir en ley el nuevo régimen de DNUs, una iniciativa que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.

Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvela a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122, que regula los DNU y que, de promulgarse, le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.

La normativa vigente sobre DNUs fue diseñada en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner para apuntalar la lógica presidencialista en beneficio del entonces mandatario Néstor Kirchner, lo que hizo que fuera casi imposible para las oposiciones de turno conseguir la derogación de decretos del Poder Ejecutivo.

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Con la modificación propuesta, los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial, y el oficialismo tendrá ese plazo para conseguir su convalidación en los plenos de ambas cámaras, de modo tal que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.

A la inversa, la oposición ya no necesitará mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastará con rechazarla en un solo recinto para derogarlos.

En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podrá disponer un decreto que verse sobra la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.

Además, con la reforma planteada, que viene con media sanción del Senado, quedaría prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que sucedió, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU 70/2023.

La sesión especial para este miércoles fue pedida por diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los exlibertarios de Coherencia y Desarrollo. Si bien no pusieron firmas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda apoyan la sesión y aportarán votos clave.

"Estamos al límite", reconocieron fuentes del kirchnerismo. En este marco de extrema paridad, la postura que tome la Unión Cívica Radical (UCR) cobra mayor relieve. Según la agencia Noticias Argentinas, la mayoría del bloque no dará quorum porque no considera que el cambio en las reglas de juego respecto del régimen de DNU deba concretarse en medio de la gestión de Javier Milei.

La propuesta de Rodrigo de Loredo, el titular del bloque radical, es ir hacia una reforma de esas características, pero para que entre en vigencia a partir de diciembre de 2027.

El otro bloque cuyo accionar será decisivo es Innovación Federal, una bancada con tres terminales distintas: los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.

De acuerdo a Noticias Argentinas, hasta la noche del martes los mandatarios provinciales seguían negociando con la Casa Rosada y todavía no les habían transmitido instrucciones a sus diputados.

Si bien Encuentro Federal es firmante de la sesión especial, hay dudas sobre lo que hará el grupo de diputados de la provincia de Córdoba, que responden a Martín Llaryora y Juan Schiaretti, y que funcionan como una molécula aparte sin  consensuar sus decisiones con el resto de la bancada.

Uno de los temas previsto en la sesión era la remoción del diputado libertario José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, pero ese tema, que iba a ser central de la sesión, se volvió abstracto a partir de la renuncia del legislador oficialista a ese organismo parlamentario.

Sin embargo, los opositores no descartan  incluir los proyectos para expulsar al legislador presentados presentados por la diputada peronista Victoria Tolosa Paz y por el radical Facundo Manes, aunque, como no tienen garantizados los dos tercios, solo pueden conseguir votar un emplazamiento para que se trate en comisiones.

Además, los legisladores buscarán emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para fijar para el próximo 20 de noviembre, como plazo máximo, la fecha de dictamen del proyecto del Presupuesto 2026 que envió el Gobierno de Javier Milei el pasado 15 de septiembre.

Por otro lado, se sumarán una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por la decisión de no aplicar la vigente ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno promulgó pero no reglamentó .

El temario también incluye un pedido de informes verbales para el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el Gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual "blindaje" financiero. 

El escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, en los que denuncia un entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), también será parte del menú en el recinto. En este marco, se tratará una iniciativa para convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también al ministro de Salud, Leopoldo Lugones, para que brinden explicaciones en la Cámara baja.