Por Gabriel Morini

“Hoy va a ser un día de definiciones. Va a haber muchas reuniones por el tema de la Corte”. Dos funcionarios de primera línea del Gobierno adelantaron a Ámbito cuál va a ser la respuesta del oficialismo a lo que entienden como un punto de inflexión en el enfrentamiento con la Corte Suprema, acelerado tras el fallo que declaró inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura y ordenó restablecer el formato de 20 miembros. El Ejecutivo ya tiene redactada una batería de 3 o 4 iniciativas que podrán adquirir formato de proyecto de ley, o incluso de decretos, cuya viabilidad está bajo análisis.

En despachos oficiales creen que esta misma semana podrían conocerse detalles y que el menú de opciones está a la firma del presidente Alberto Fernández. Girarán sobre los siguientes ejes: ampliación de la cantidad de miembros del máximo Tribunal (división en salas según la cantidad a agregar), regulación del uso del Artículo 280, complementar modificaciones al proyecto ya ingresado de reforma del Consejo, y una serie de herramientas que incidan en el “funcionamiento” de la Corte. “La idea no es cambiar a estos cuatro jueces pero sí hacer una Corte que funcione”, precisaron a este diario. Las mismas palabras deslizó el propio mandatario en sus cuestionamientos al máximo Tribunal. El resto se mantiene bajo hermetismo.

Si todas estas propuestas o algunas se cristalizan, las chances de un trámite legislativo allanado son inversamente proporcionales al ímpetu con el que el Ejecutivo busca ponerlas en agenda prioritaria. Conscientes de ello, las que se puedan plasmar vía decreto es el otro camino que se explora, por estas horas, en consulta directa entre Fernández y Vilma Ibarra. Hasta antes de la sesión por el Presupuesto, el kirchnerismo había tendido algunos lazos con un sector de la UCR que se había mostrado dispuesta a un reparto de sillas en caso de una ampliación del máximo Tribunal. Las opciones de reforma ya están redactadas. Comenzaron un día antes de que frenéticamente buscaran presentar la modificación del Consejo a 17 miembros con el objetivo de salir al cruce del fallo de la Corte que finalmente se conoció el jueves pasado.

Dentro de ese espectro, una de las variables más audaces que comenzó a girar es llevar el número de jueces de la Corte Suprema a 25, algo que podría tentar a los gobernadores que podrían nominar uno cada uno, con paridad de género, representación federal y división de salas. El número impresiona pero en el Gobierno miran las Cortes de Latinoamérica donde hay tribunales que rondan esa cantidad de miembros. Cristina de Kirchner está completa en sintonía. Las definiciones que se adopten a partir de hoy terminarán de configurar el escenario.

Horacio RosattiEsquirlas

A unas cuadras de distancia, en Talcahuano 550 las repercusiones tras el fallo por el Consejo de la Magistratura fueron elogiosas desde el mundo judicial y críticas desde la política. El cristinismo lo vivió como una declaración de guerra directa y activó los cortafuegos para iniciar la réplica. No fue que el Gobierno no esperara este resultado sino que no imaginaba que la Corte iba a restablecer la vigencia del modelo de 20 miembros. El blanco del cuestionamiento oficial fue Horacio Rosatti y el Ejecutivo terminó abrazado a la disidencia que dicen que le dejó servida a Ricardo Lorenzetti. La diferencian del argumento respecto a restablecer la ley en el fallo “Rizzo” que volteó la elección de consejeros por voto popular es que el paquete de “democratización de la justicia” nunca había llegado a implementarse, por ende no había sido derogada la anterior norma, como ahora sí sucedía.

Pero fueron más allá en otro pronóstico que condicionará el futuro: para el Gobierno el plazo de 120 días que dio la Corte es de imposible cumplimiento por lo que al día 121, el Consejo de la Magistratura podría ingresar en un “shutdown” dado que la Corte prescribió que si no se integran los miembros o no se aprueba una nueva ley, todo lo que se haga a partir del 16 de abril de 2022 será nulo.

Los oficialistas visualizan que todo el órgano de selección y remoción de jueces ingresará en un parate absoluto del que la Corte tendrá que hacerse responsable. Es el Ministerio de Justicia el que no cree ni remotamente que se pueda implementar el formato de 20 miembros en 120 días, por lo que implicaría adelantar elecciones de abogados por un mandato muy corto, hasta las elecciones de consejeros de fin de año.

De fondo subyace una situación de enfrentamiento entre los poderes de la República. Para la Corte que el kirchnerismo vuelva a la construcción de un enemigo interno discutiendo con todo el Poder Judicial es una fórmula que ya fracasó en el pasado. Y que no sirve en un contexto de negociación con el FMI y de urgencias macroeconómicas prioritarias. Señalan que algunos encumbrados miembros del oficialismo comparten esta misma perspectiva y que no ven el saldo favorable en empezar un tiroteo. Ese mensaje surcó desde Casa Rosada rumbo al Palacio de Tribunales. Pelearse con la Justicia achacando una lentitud generalizada e igualando es leído como un infantilismo que no garantiza resultado alguno.

Para la mayoría de la Corte cualquier resultado es un win-win. Suponen con el precedente “Muiña” del 2 x 1 a represores donde el Congreso pudo llegar a un nivel de consenso suficiente en una semana para sancionar una ley que corrigiera lo que la Corte marcó como una laguna legislativa en un tema muy sensible. Si el Congreso sancionara una nueva ley para el Consejo dentro del plazo previsto, sería para la Corte un triunfo en el que podría erigirse como una facilitadora de acuerdos institucionalmente gravitantes. Así piensan Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Podrían ser artífices de ese encuentro y que se superen las agresiones mutuas.

Pero para la Corte el episodio del Consejo dejó otra enseñanza: la cronoterapia terminó siendo puro costo para el Poder Judicial. Es decir, haber escuchado a la política cuando el gobierno de Mauricio Macri pidió tiempo para sancionar una nueva ley que no terminó ocurriendo devino en un búmeran para la Corte por el cuestionamiento al timming del fallo ahora. El ejemplo fue extrapolable a otras instancias. “Cuando hacemos la picaresca la política nos sacude. Cuando hacemos gauchadas, también. Entonces hay que ser pícaros”, fue la reflexión de un experimentado magistrado. “Si dicen que la justicia es lenta y que tardamos en un fallo son ellos mismos los que están pidiendo que salgan rápido”, arriesgó otra voz en el cuarto piso del Palacio. En ese esquema, el tema central será cuál va a ser la agenda de la Corte para el 2022. En este contexto, el Gobierno se arriesga a resetear puentes de diálogo o a enterarse por el sistema de los movimientos de un expediente. No es que la Corte no tenga agenda de temas. Sino que hoy nadie sabe cuál es fuera de los muros del Palacio.

Reunión clave

Todos los consejeros de la Magistratura tienen previsto volver a reunirse hoy en “labor”, tras haber dispuesto un cuarto intermedio apenas se conoció el fallo de la Corte, el jueves, mientras mantenían esa reunión. Casi a contramano de lo que piensa el Gobierno, allí sí se preparan para el día 121. Van a tratar cuestiones técnicas vinculadas a los reglamentos para las elecciones de abogados y jueces. Se prevé que se empiece a delinear un plan de acción para completar los estamentos de acuerdo a la sentencia de la Corte porque los plazos ya están corriendo y está la feria en el medio.

El interrogante es si alguna cuestión operativa puede llegar a surgir como hoja de ruta. Hubo movimientos a distinta escala para ver de qué manera se podría implementar lo que resolvió el máximo Tribunal, casi como la antítesis de lo que piensa el Ejecutivo. Los jueces movieron sus fichas internas -tanto en las dos líneas, la “Bordó” y la “Celeste”-, los abogados (incluso con la demostración de fuerza en una foto de unidad que articula el abogado Ricardo Gil Lavedra), y los académicos, por su parte. Todos lanzados a una carrera contra el tiempo para ocupar las nuevas sillas disponibles. La “rosca” sazonará un verano caluroso.