La fiscala Paloma Ochoa le dio un plazo de diez días hábiles para que informe al detalle qué recursos destina a las organizaciones comunitarias que dan de comer en los barrios. También le requirió precisar qué destino tuvieron los fondos que recibió del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Gobierno sigue negando los recortes, pero los responsables de los merenderos denuncian que llegaron al punto de revolver volquetes en el Mercado Central para no tener que cerrar. El problema afecta a más de 4 millones de personas.