Graciela Oporto, la primera kirchnerista pampeana en renunciar a los subsidos

Graciela Elena Oporto, la funcionaria del ministerio de Planificación y esposa de Rafael Follonier, fue la primera kirchnerista pampeana en renunciar a los subsidios de los servicios públicos. También aparecen el integrante de La Cámpora y diputado provincial electo, Luciano Di Napoli y el diputado nacional Roberto Robledo.
Tiene el número de trámite Nº 11. Oporto reside ahora en Capital.Pero fue funcionaria del ex gobernador Rubén ma´rin por muchso años y en el 2003 se sumó al kirchnerismo.

El kirchnerismo quiere investir la renuncia a los subsidios de un tinte altruista mientras se debate si es un aumento encubierto, un tarifazo o estrictamente una quita de los subsidios. Pero además surgió la polémica: porqué sectores de altos ingresos (como los funcionarios) goazaron de tarifas subsidiadas en sus servicios todos estos años.

Los nombres de quienes renuncian aparecen en el sitio oficial del ministerio.

Además se conoció que renunciaron a los subsidios el dirigente de La Cámpora y diputado provincial electo, Luciano Di Nápoli con el número de trámite 2651, y el diputado nacional, secretario general de la UOCRA La Pampa y líder del NEP (Nuevo Espacio Peronista), Roberto Robledo.

Por ahora en el sitio oficial del Ministerio de Planificaciòn (www.minplan.gov.ar) no aparecen otros dirigentes pampeanos.

Pero además otros politicos y famosos expresaron su adhesión a la quita de subsidios.

La presidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández fue la primera en renunciar hoy voluntariamente a los subsidios sobre las facturas de agua, gas y/o electricidad de alguna propiedad a su nombre en el Área Metropolitana, según señaló la página de Internet del Ministerio de Planificación Federal.

A las 20, habían expresado su adhesión 3.516 personas, entre las que figuraban funcionarios de diferentes niveles e integrantes de ‘los tres poderes del Estado‘, informó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Asimismo, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, confirmó que decidió ‘renunciar‘ a los subsidios que percibe como usuario y resaltó en su cuenta de Twitter que le pidió a su gabinete que ‘haga lo mismo‘, en tanto el gobernador bonaerense, Daniel Scioli hizo lo propio y estimó que ‘la gente va a ir renunciando en forma voluntaria‘ con los nuevos formularios.

A la totalidad de funcionarios del Gobierno nacional, se sumaron otras personalidades destacadas del oficialismo y la oposición como Aníbal Ibarra, Juan Cabandié, Francisco de Narváez, Mario Das Neves, Federico Pinedo, Héctor Recalde, Diana Conti, Gustavo Ferrari y Juan Schiaretti.

Asimismo, figuran en la lista los empresarios Luis Bameule, Aldo Roggio, Ángel Calcaterra, Eduardo Escasany, Marcelo Mindlin, Jorge Brito y Alejandro McFarlane.

En el listado se encuentran Ofelia Wilhem, madre de la presidenta, Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Daniel Hadad, entre otros.

También otros funcionarios nacionales y bonaerenses hicieron pública su decisión y aparecen debajo del nombre de la Presidenta, entre otros los ministros Julio De Vido y Amado Boudou y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

La nómina inicial incluye, entre otros, a los secretarios Guillermo Moreno, José López, Juan Pablo Schiavi, Daniel Cameron y Roberto Baratta. La página registra no solamente el nombre y el apellido del renunciante, los que son identificados por orden alfabético, sino también el tipo de servicio que se declina.

Según lo expresa la misma página web, ‘esta política pública tiene como objetivo principal garantizar la universalización del acceso a los servicios básicos como gas, electricidad y agua potable a todos los ciudadanos del país‘.

La apelación gubernamental señala que ‘una de las herramientas disponibles para colaborar con la redistribución equitativa es la renuncia voluntaria al subsidio, para aquellas industrias, comercios, edificios y domicilios particulares que consideren que pueden afrontar el costo total del consumo‘. También trascendió que en las oficinas públicas se instruyó a los funcionarios políticos para que, como usuarios residenciales de servicios públicos, declinen continuar siendo beneficiados con subsidios en sus facturas de luz, agua y gas.

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