Los jueces federales porteños están inquietos. Esta semana leyeron con claridad el futuro si firman resoluciones contrarias al Gobierno: el juez federal Claudio Bonadio fue citado a dar explicaciones en el Consejo de la Magistratura después de que indagó al vocero presidencial Alfredo Scoccimarro y al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina . La mayoría lo interpretó como un mensaje general , según reconstruyó LA NACION en conversaciones con jueces federales de Comodoro Py 2002 de todas las instancias y tribunales.

Animales políticos, conscientes del peso de su cargo en un fuero que juzga a funcionarios públicos, algunos de los magistrados practican este juego desde hace décadas. Algunos más al abrigo del poder, otros a veces más lejos. La mayoría de ellos interpretó que están ante un momento clave, pero están dispuestos a resistir: si tocan a uno de ellos, tocan a todos, es el pensamiento que los magistrados transmitieron en conversaciones informales.

El caso de Norberto Oyarbide está fuera de estas consideraciones. Aislado, sin compartir ni una charla con sus colegas, el juez investigado porque paró un allanamiento en el que la policía pedía coimas en su nombre, es mala palabra en el tercer y cuarto piso del edificio judicial, donde tienen sus oficinas los magistrados.

Oyarbide hace tiempo que es una isla en los tribunales, donde algunos de sus colegas ríen sin despegar los labios cuando lo ven subir al ascensor con su séquito de custodios en un auto blindado. Piensan muchos de ellos que Oyarbide gozó de cierta protección, dentro y fuera de tribunales, y que esta situación que ahora lo expone a perder el cargo no los afectaría a ellos directamente.

El clima de preocupación contrasta con la idea de conciliación que había ganado terreno desde marzo, cuando Cristina Kirchner dio su mensaje a la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti inauguró el año judicial.

De hecho, la instrucción presidencial con la que llegaron los consejeros de la Cámpora que ingresaron en la Magistratura, Julián Álvarez y Eduardo "Wado" de Pedro, fue generar consenso para hacer funcionar el cuerpo y cubrir las vacantes. Esta "buena onda", opuesta a los cruces de Lorenzettti y el Gobierno durante 2013, pareció no alcanzar a los jueces federales.

María Servini de Cubría, una de las juezas más antiguas, que conoce cómo funciona el mecanismo detrás de los pliegues del poder, cualquiera que sea el gobierno, comparte la misma preocupación. Aún de licencia por una dolencia pulmonar, habló con sus colegas del asunto.

Su par Rodolfo Canicoba Corral no es ajeno a las conversaciones sobre el tema. Los más nuevos como Sebastián Ramos, Luis Rodríguez y Marcelo Martínez de Giorgi se sumaron a los comentarios, siempre informales.Sebastián Casanello, que viene de la Cámara Federal, no comparte estos cenáculos.

Algunos colegas conversaron con Ariel Lijo, uno de los más expansivos por su personalidad. Lijo es tal vez el más expuesto: investiga al vicepresidente Amado Boudou por interesarse en la imprenta Ciccone para dejarla en manos de allegados suyos y trata de determinar si se enriqueció injustificadamente. El propio expediente lo blinda y un avance sobre el juez implicaría minar la causa.

Hay antecedentes de que esta preocupación generalizada derivó en reuniones en las que los jueces se abroquelaron y lanzaron mensajes de advertencia al poder. Cuando a fines de 2013 se recalentó la investigación sobre Daniel Rafecas, hubo encuentros entre los magistrados, incluso con la Cámara Federal, en los que analizaron que la vulnerabilidad de uno de ellos resiente a sus pares.

Rafecas es investigado en el Consejo de la Magistratura por intercambiar mensajes de texto con un abogado allegado a Boudou cuando lo investigaba por el caso de la ex Ciccone. Los jueces hicieron causa común con Rafecas.

Ahora con Bonadio, acusado en el Consejo de la Magistratura de demorar dos causas (una por una deuda impositiva de la curtiembre Yoma y otra por la venta de Tandanor, que se salvó de la prescripción por un reciente fallo) ven que se está recreando la situación. No se analizan en estas reuniones las razones de los pedidos de explicaciones en la Magistratura, sino lo que consideran un avance sobre la Justicia.

"Es de una gravedad fenomenal", se indignó un juez federal. Y recordó que la medida fue consentida por Julián Álvarez, el viceministro de Justicia que en 48 horas impulsó y consiguió citar a Bonadio como imputado por hacer lo mismo que la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.

Julián Ercolini, que siempre mantuvo un bajísimo perfil, no participa de estas conversaciones, pero le confió a alguno de sus colegas que comparte la misma inquietud, al igual que Sergio Torres. Ambos manejan causas estratégicas para los intereses del Gobierno por Papel Prensa y lavado de dinero.

Este 2014 arrancó tímido con las investigaciones al paso cansino de 2013, dominado por el calendario electoral. La excepción fue el caso de la ex Ciccone que impulsó Lijo y las causas de Bonadio. Pero este año la idea que domina es impulsar las causas y mantener los expedientes abiertos. Los jueces federales creen que tener sumarios abiertos es la mejor manera de frenar los avances sobre sus cargos.

Los fiscales federales están más vulnerables: su futuro está a tiro de resolución y si bien en Comodoro Py no simpatizan con el fiscal de instrucción José María Campagnoli, su suspensión tras investigar a Lázaro Báez fue vista como una advertencia.

Tienen un agravante: para apartar a un juez hacen falta dos tercios de los votos del Consejo de la Magistratura -que no tiene el kirchnerismo-, pero para los fiscales basta el voto de la simple mayoría de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de la Procuración General de la Nación..