El legislador radical Pablo Blanco aseguró respecto a la normativa aprobada en torno a evitar los efectos de la Ley 648, que “la Legislatura nunca cambió su discurso” y que los intendentes sabían de que podía ser una tarifaria con un aumento del 1% no coparticipable. “Había posibilidades del 1,5% coparticipable, pero no había seguridad de consenso con la mayoría de los legisladores”, indicó.
Los concejales recibieron al intendente Gustavo Melella a los efectos de interiorizarse sobre la letra fina del acuerdo suscripto en torno a la ley 648. Allí había dudas en torno a la actuación, o no, del cuerpo colegiado en la ratificación del documento acordado, además de la expectativa por que Gobierno refrende lo acordado y no reclame deuda retroactiva por todos estos años que no se aplicó la retención de fondos a los municipios por la no aplicación de la 648.
A instancias de la Legislatura provincial, los intendentes Gustavo Melella, Claudio Queno y Federico Sciurano, sellaron un convenio por medio del cual se solicita a la cámara legislativa una serie de medidas, instrumentando el Documento Río Grande, tendientes a finalizar con la controversia por la aplicación de la ley 648.
Con respecto a los diferentes sectores que se encuentran afectados a la ley, la gobernadora aclaró que “el lunes, nuestro jefe de gabinete se reunirá con el jefe de gabinete del municipio de Rio Grande. Luego han solicitado reuniones sindicatos municipales, concejales, el sindicato de camioneros, el intendente de Tolhuin y el intendente de Ushuaia.”
El fallo de la Corte conocido el viernes es taxativo en cuanto a que el 25% como mínimo de recursos provinciales debe destinarse a financiar el sistema educativo, antes de enviar remesas coparticipables a las municipalidades. Y señala que la medida no es retroactiva, sino a partir de ahora.
Lo aseguró el Intendente Melella poniendo así paños fríos a la situación generada tras la decisión de hacer lugar al planteo del Gobierno sobre la aplicación de la Ley 648. “Todos, los actores políticos, referentes de sectores partidarios, de organizaciones sociales, sindicales, medios de comunicación, debemos transmitir tranquilidad y tratar de construir la paz social”, insistió el Jefe Comunal.
El mandatario comunal riograndense aseguró que no asistirá a la reunión en la Legislatura Provincial, señalando que “sería lamentable que la Justicia adelantara tiempos procesales con un fallo esta semana” en relación a la Ley 648. Señaló que ello “afectará las relaciones entre las instituciones y ya no actuaremos del mismo modo en que lo venimos haciendo”, manifestó en un acto realizado ayer por la mañana.
Lo afirmó Adriana Chapperón, secretaria de Planeamiento del Ejecutivo capitalino. Además, sostuvo que “nadie sabe” cuándo y cómo fallará el STJ en torno al criterio de aplicación de la normativa.
Así lo confirmó la presidenta de la comisión de Educación de la Legislatura Provincial, Amanda del Corro, quien confirmó que ya está el proyecto diagramado con la anuencia de todos los bloques políticos. Del Corro aseguró que quedaron cuatro puntos de divergencia con el gremio docente del SUTEF, sobre los que se archivó las versiones taquigráficas de cada una de las discusiones.
El Legislador provincial por la Unión Cívica Radical criticó la dicotomía que platea dicha fuerza política porque “no quieren que se llegue a un acuerdo”. Señaló que mientras “los concejales del MPF le piden a los Intendentes que no resignen un solo centavo, esa no es la opinión de los legisladores” del mismo partido.
Se presentó ante el Superior Tribunal. Se trata de “un pedido de mantener la suspensión de plazos procesales dispuestos el 19 de noviembre, hasta tanto la Legislatura trate en sesión ordinaria antes de fin de año temas relativos a la tarifaria, presupuesto y, entre otras cuestiones, la 648 sobre financiamiento educativo”, explicó el Dr. Daniel Garay, asesor legal del Municipio.
Los Convencionales Municipales representantes de los bloques políticos de la Convención que dictara la Carta Orgánica Municipal de Río Grande se autoconvocaron para “rechazar todo recorte o modificación del sistema de coparticipación municipal a través de una interpretación antojadiza de la Ley Provincial 648, pretendiendo financiar políticas indelegables de la Provincia con recursos propios de los municipios, en forma totalmente arbitraria y unilateral, en evidente violación a las normas y principios constitucionales”.
Ni el Gobierno ni los municipios presentaron una propuesta concreta que permita una salida negociada al diferendo. De esta manera, se reanudaron los plazos procesales. Ahora, el máximo tribunal de justicia deberá decidir sobre el criterio con el que se debe aplicar la normativa que determina cómo se asigna el presupuesto para Educación.
Hoy vence la suspensión de los plazos procesales que habían plasmado el Gobierno y los municipios ante el Superior Tribunal de Justicia. Es poco probable que se alcance un consenso sobre el criterio a aplicar para distribuir los fondos destinados a Educación.
El intendente Gustavo Melella reiteró la vocación del Municipio de Río Grande para "tener mejores hospitales; mejor educación y salud". De esta manera remarcó que a su juicio, es más importante "el bienestar de los vecinos" que "saber quien tiene razón sobre la Ley 648.
Una larga jornada se vivió en el seno de la Comisión de Economía de la Legislatura Provincial, donde cumpliendo con la agenda establecida, se dieron cita el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), la Dirección Provincial de Puertos (DPP), la Dirección Provincial de Obra y Servicios Sanitarios (DPOSS) y el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS).
Gustavo Melella rechazó las críticas que hablaban de una «flexibilidad» demostrada en torno al posible recorte de coparticipación. Indicó que «la interpretación de la Ley 648 es una discusión menor que no resuelve los problemas de la provincia». Dijo desconocer que la gobernadora Fabiana Ríos tenga intención de ir por el cobro de la deuda generada por la mala aplicación de la normativa.
El concejal Alfredor Guillén titular de la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante reveló que esperarán hasta el 4 de diciembre para aprobar el presupuesto municipal ya que en esa fecha la justicia deberá pronunciarse sobre la aplicaciópn de la Ley 648.
Mientras los plazos se vencen y los acuerdos no llegan, funcionarios provinciales, Municipales y electos siguen repitiendo las mismas declaraciones y enunciados que a principios de año. Mientras tanto, como una espada de Damocles, el tiempo de las definiciones se acerca.
El legislador por la UCR, Juan ‘Pipo’ Rodríguez, se reunió con el secretario de Gobierno de Río Grande, Paulino Rossi, a fin de evaluar la situación en torno a la discusión planteada sobre la aplicación de la Ley 648, en instancia judicial.
Lo sostuvo el intendente Gustavo Melella luego de la audiencia de partes que se desarrolló en sede judicial, en donde se decidió suspender de los plazos procesales hasta el 4 de diciembre buscando que se avance en el diálogo político, en el marco de la aplicación de la ley 648.
El Superior Tribunal de Justicia convocó a los ejecutivos provincial y municipales a una audiencia de partes para que precisen su pretensión sobre la acción declarativa de certeza presentaba respecto de la ley 648. De no haber acuerdo en torno a una suspensión de plazos, la Corte dictaría sentencia antes del inicio de la feria judicial.
El jefe de Gabinete Guillermo Aramburu, aclaró que el acuerdo firmado por el Gobierno con los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin “en ningún momento” planteó a la Justicia suspender las actuaciones para determinar los alcances de la Ley 648.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande habló en torno al diálogo encarado en relación a la ley 648 y la posibilidad de avanzar políticamente en torno a un consenso con el Gobierno Provincial. Coincidió con el Gobierno Provincial en torno a que “el tema de suspender los plazos no implica que se terminó el juicio”, en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia.
Tras un encuentro producido durante la tarde de este lunes en el despacho del intendente Gustavo Melella, las administraciones municipales de las tres localidades de Tierra del Fuego y el Gobierno provincial, sellaron el Documento Río Grande, un acuerdo político que intenta sentar postura conjunta frente a la situación provincial.