A pedido de la Fiscalía de Estado, el Superior Tribunal de Justicia resolvió convocar al Poder Ejecutivo Provincial y a los ejecutivos municipales a una audiencia de partes fijada para las 10.30 del próximo lunes.

La intención de la Corte es que en esa oportunidad las partes manifiesten con claridad su pretensión respecto de la continuidad del proceso iniciado tras la presentación de la acción declarativa de certeza sobre la 648 impulsada por el Ejecutivo Provincial, a través de la Fiscalía de Estado.

En caso de que en el encuentro no haya acuerdo en torno a una potencial suspensión de plazos para el dictado de sentencia o del desestimiento de la acción, el Tribunal estaría en condiciones de fallar antes del 17 de diciembre, fecha de inicio de la feria judicial.

Luego de que el martes se presentara ante el STJ copia del denominado “documento Río Grande” firmado el lunes por los Intendentes de Ushuaia y Río Grande y el Ministro Jefe de Gabinete, en el que se manifestaba el compromiso de “elevar a la Legislatura alternativas superadoras que eliminen las dificultades en la aplicación de la Ley 648 en lo que refiere al cálculo del financiamiento de los servicios educativos y no comprometa el normal funcionamiento de los municipios, reconociendo al espacio político como el medio natural para la resolución de conflictos en la materia”, la presidente de la Corte, María del Carmen Battaini, dispuso “en atención a la presentación a despacho y al documento acompañado, que revela la intención de poner fin al proceso de manera diferente al dictado de la sentencia y toda vez que no se practica petición alguna” dictar un proveído suspendiendo “los plazos hasta que las partes expresen lo pertinente en orden a dicha suspensión” y hasta que ello ocurra dejar “sin efecto el llamado de Autos al Acuerdo dispuesto a fojas 584”, que fue notificado a las partes, lo dio lugar a que Fiscalía de Estado solicitara la convocatoria a una audiencia de partes.

Si bien en principio todo hacía suponer que la intención de los firmantes del “Documento Río Grande” era justamente lograr que el STJ “congelara” las actuaciones para dar tiempo a que prosperara una solución política a la cuestión, las definiciones dadas ayer por el ministro jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu, parecen dar por tierra con tal supuesto.

“En ningún momento se pide la suspensión de los plazos”

En declaraciones a FM del Pueblo –difundidas por gacetilla oficial– Guillermo Aramburu, en sintonía con las formuladas el martes por el secretario de Jefatura de Gabinete, Daniel Ravaglia, precisó que el denominado Documento Río Grande “tenía como objeto plasmar por escrito lo que se venía hablando en varias oportunidades con los intendentes: la voluntad que tenemos todas las partes de arribar a una solución”, independientemente “de la necesidad de que la Justicia falle en función de la demanda planteada hace más de un año”.

Por ello consideró que “hubo una mala interpretación” por parte de la Corte respecto de lo allí plasmado, por cuanto dijo que “con la simple lectura del documento se advierte que en ningún momento se pide la suspensión de los plazos, porque no podríamos hacerlo, y porque no es la modalidad ni el formato que jurídicamente pueda considerarse como un elemento de suspensión”, razón por la cual “la Justicia no puede considerarlo de un valor documental en términos procesales a los efectos de suspender las actuaciones”, máxime teniendo en cuenta que “esto no surge ni de la letra, ni del espíritu, ni de los actores”.

Explicó que el documento únicamente “refleja la voluntad que tuvo siempre la Gobernadora de que de ninguna manera y en ninguna oportunidad, el objetivo de la demanda judicial era ahogar financieramente a los municipios”, y de que “la idea del Gobierno es que seamos racionales en la proporción entre los recursos y los servicios públicos que se prestan”, y la firma del documento “apunta a mostrar responsabilidad institucional y absoluta voluntad de diálogo de cada una de las partes”, sostuvo.

Por lo tanto, en la audiencia del lunes el Poder Ejecutivo podrá ratificar su postura favorable al dictado de sentencia o, en su defecto, peticionar formalmente la suspensión de plazo para ello.

De más está decir que la postura sustentada por Aramburu causó sorpresa y desconcierto dentro del Ejecutivo Capitalino, desde donde se entiende que el compromiso político plasmado en el “Documento Río Grande” apuntaba a evitar un pronunciamiento judicial sobre la 648, de ahí la decisión consensuada entre las partes de entregar copia del mismo a la Corte. Opinión que no es compartida por el Ejecutivo provincial, por cuanto se asegura que en el encuentro mantenido el lunes en Río Grande se dejó expresamente aclarado que no estaban de acuerdo con dilatar la resolución de la Justicia.