La reunión se prolongó por varias y participaron, además del intendente Gustavo Melella acompañado por el secretario de Gobierno, Paulino Rossi; el intendente de Ushuaia, Federico Sciurano acompañado por el secretario de Gobierno, José Luis Ghiglione; y el ministro Jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu, de la cual resultó el documento consensuado.

En el documento, producto de las reuniones mantenidas en los últimos días, acordaron “abordar las diversas problemáticas que afectan a todos los ciudadanos de la provincia y reconocen la necesidad de encontrar herramientas legislativas y políticas que garanticen acciones conjuntas para la efectiva prestación de los servicios públicos. En este sentido, las partes expresan la férrea convicción de que las políticas de salud, educación y seguridad son transversales a todos los niveles de gobierno, sea en un rol provincial o municipal”.

Para esto se establecieron los principales ejes de acción:

1- Establecer mecanismos de financiamiento del estado provincial, tendientes a incrementar los recursos actuales con el objeto de garantizar los servicios básicos indelegables.

2- Propiciar la creación de fondos de afectación especifica (tomando como base los oportunamente propuestos en el proyecto de ley de presupuesto 2011) destinados a la prestación servicios esenciales.

3- Elevar a la legislatura alternativas superadoras que eliminen las dificultades en la aplicación de la Ley 648 en lo que refiere al cálculo del financiamiento de los servicios educativos y no comprometa el normal funcionamiento de los municipios, reconociendo al espacio politico como el medio natural para la resolución de conflictos en la materia. En este sentido y este efecto, el municipio de Ushuaia se compromete a retirar la pregunta 2 de la consulta popular de los dias 28 y 29 de noviembre”.

El documento será elevado ahora al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; al Poder Legislativo de la Provincia; al Tribunal de Cuentas de la Provincia; a la Fiscalía de Estado; y los Concejos Deliberantes de las tres localidades.

Al respecto, el secretario de Gobierno riograndense, contador Paulino Rossi, celebró lo conseguido entendiéndolo como un “punto intermedio en la discusión que se estaba llevando adelante” al entender que “a pesar del fracaso del consenso que se buscó conseguir en primer término respecto de la aplicación de la Ley 648, se ha conseguido avanzar en el diálogo encarado en las últimas semanas”.

“Se avanzó sobre la postura que el Municipio de Río Grande, en la figura del intendente Melella, se viene sosteniendo, y en concordancia con lo expresado por el Superior Tribunal de Justicia, quien nos había llamado a conciliación para encontrar la solución por el camino del diálogo. Que fue siempre lo más acertado”, entendió el funcionario.