Delfina Celichini

La oposición en Diputados dio el primer paso para desafiar el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad, una norma que cosechó un fuerte respaldo social con marchas y movilizaciones en la calle. Con más de dos tercios -el mismo número que se necesita para insistir con la ley- los bloques críticos habilitaron su discusión.

Al momento de la votación, y para sorpresa de sus propios colegas de bloque, se ausentó Florencio Randazzo, de Encuentro Federal. Lo mismo hizo la exoficialista, Lourdes Arrieta. Tampoco estuvieron presentes María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, de Pro, críticas del acuerdo electoral de su partido con los libertarios.

Ads by

La ley, sancionada a principios de julio, actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, dispone que las pensiones por invalidez laboral ya vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión por discapacidad, con el acceso garantizado a un programa de atención médica. También apunta a regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.

El Gobierno objetó el costo fiscal de la medida. En el decreto de veto calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Según sus argumentos, el grueso del gasto proviene de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), unas 1,5 millones de potenciales titulares. Solo las nuevas pensiones demandarían en 2025 más de $2,1 billones (0,26% del PBI) y casi $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A ello se sumaría la incorporación de los beneficiarios al Programa Incluir Salud, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026, más una compensación de $278.323 millones por la actualización de aranceles en el primer año.

Los números, sin embargo, no coinciden con los de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó un impacto más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Según la OPC, si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, sin los ajustes en la movilidad jubilatoria ni el pago de bonos adicionales, el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.

Inicio de la sesión

Con 136 legisladores presentes, la oposición abrió hoy el recinto de Diputados decidida a marcar un hito: exponer la fragilidad parlamentaria de Javier Milei y revertir, por primera vez, un veto presidencial. La ley en disputa es la que declaró la emergencia en Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. Pero la pulseada no se limita a ese expediente: también están en juego el aumento jubilatorio, la emergencia en discapacidad, la coparticipación de fondos y la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.

El quorum se logró con el apoyo de Unión por la Patria (UP), el bloque de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), 10 representantes del bloque Democracia, los tucumanos de Independencia que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, la Coalición Cívica (CC), la Izquierda, los tres salteños aliados al gobernador Gustavo Sáenz, cuatro radicales y la exoficialista Lourdes Arrieta. La nota la aportaron dos libertarios que quedaron afuera del armado electoral oficialista en el último cierre de listas: la bonaerense Marcela Pagano y el puntano Carlos D’Alessandro. Estos últimos fueron aplaudidos por los bloques críticos cuando hicieron su ingreso triunfal al recinto.

El resto de los libertarios y Pro no aportaron sus legisladores para abrir la sesión. Tampoco ayudaron los gobernadores, pese a que en el temario están incluidos los dos proyectos que impulsaron. Solo los diputados del cordobés Martín Llaryora tuvieron asistencia perfecta, además de los legisladores que responden a los mandatarios provinciales del peronismo. En cambio, Ignacio Torres (Chubut) solo aportó uno de sus dos diputados y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), ninguno, al igual que Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (CABA).

En la reunión de labor parlamentaria previa, el oficialismo se negó a conceder una hora de demora que pidió Unión por la Patria (UP) por los vuelos retrasados y también rechazó el trámite exprés que exigía la oposición. Eligió un debate largo, con nueve puntos en agenda, que promete extender la sesión por más de 12 horas. La estrategia libertaria es clara: dilatar los golpes y apostar a que el quorum se licúe con el paso del tiempo. La oposición, en cambio, busca un desenlace rápido que convierta la votación en un golpe directo al corazón del plan económico de Milei.

A media hora de la apertura, el Gobierno intentó frenar la avanzada. El vocero Manuel Adorni anunció en X que el Poder Ejecutivo “considera” un aumento en las prestaciones por discapacidad, que se financiaría con auditorías sobre pensiones mal otorgadas y la eliminación de “curros de muchos años”. El mensaje, sin embargo, no alcanzó para quebrar el quórum opositor.

Se discutirán nueve temas en un esquema configurado para sostener el desafío opositor hasta el final. Los puntos, en el mismo orden en que serán abordados, son los siguientes:

Emergencia en discapacidad: insistencia sobre el veto presidencial a la ley que actualiza aranceles de prestaciones y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo.Aumento jubilatorio: sostenimiento del 7,2% extra que eleva el bono de $70.000 a $110.000 y fija actualizaciones por inflación.Distribución automática de los ATN: coparticipación diaria a las provincias según índices vigentes.Caso $LIBRA: nuevo reglamento para sacar de la parálisis a la comisión investigadora.Cambio de huso horario de verano: tres proyectos que la oposición intentará emplazar en comisiones.Régimen Penal Tributario: actualización de montos por evasión fiscal.Moratoria previsional: régimen de dos años para quienes llegaron a la edad jubilatoria sin aportes suficientes.Emergencia en Bahía Blanca: fondo de $200.000 millones para la reconstrucción y asistencia tras las inundaciones. El Senado ya revirtió el veto; si Diputados hace lo mismo, será la primera derrota de Milei en este terreno.Impuesto a los Combustibles Líquidos y fideicomisos: la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la eliminación de una serie de fideicomisos (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros). La distribución de lo recaudado por el ICL será de la siguiente manera:

- Tesoro Nacional: 14,29%

- Provincias: 57,02%

- Sistema Único de Seguridad Social: 28,69%

De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación.