La Corte Suprema de Justicia se fortalece. El Poder Ejecutivo y el Congreso en los últimos 15 días fueron a fondo: la descalificaron, pidieron públicamente la renuncia de uno de sus integrantes, le dijeron que son la cabeza de un poder podrido y que habitan en los arrabales del sistema democrático. El oficialismo dijo que había que iniciar juicio político a sus jueces. Y la Corte Suprema de Justicia no acusa recibo públicamente ni le sale al cruce con una respuesta.

Entiende que para la pelea hacen falta dos y que ella no quiere el conflicto, pero además interpreta estas embestidas como la confesión, que desnuda la incapacidad política del Gobierno para ir más allá. Si en la misma semana el presidente Alberto Fernández pidió la renuncia de Elena Highton de Nolasco y Leopoldo Moreau anunció el juicio político a la Corte y no pasó nada, es solo la evidencia de que no cuentan con los votos para avanzar en ninguna de esas iniciativas.

La falta de pólvora política suficiente le da paz interna a la Corte, que en esta etapa postergó las intrigas palaciegas por la disputa en la sucesión de la presidencia, al menos en lo inmediato y tiene la oportunidad de estrechar acuerdos que limen las diferencias entre los jueces. Siguen existiendo los disensos, pero prefieren atenuarlos, que se expresen, pero con sordina, puertas adentro. Pararon las operaciones mediáticas y judiciales.

“No se pelea con los antropófagos comiéndoselos”, repiten en los tribunales para contestar a la pregunta de por qué la Corte no sale a responder. Y, por otro lado, entienden cerca de los jueces que este silencio fortalece a la Corte y la diferencia de los otros poderes. Mientras desde el Congreso y la Casa Rosada se escuchan diatribas, y deseos de acabar con este tribunal, sin efectos concretos, desde el Palacio de Justicia salen sentencias firmadas que implicaron echar luz sobre las violaciones a los derechos humanos en Formosa, donde campea Gildo Insfrán desde hace más de 30 años, apoyado por el Gobierno, o confirmar las condenas a Milagro Sala o Amado Boudou.

La criticaron a la Corte por rechazar sin fundamentar las apelaciones de Boudou y después de que La Cámpora se manifestó frente a tribunales con bolsas de basura en reclamo de un fallo por Milagro Sala, la Corte fundamentó en 16 carillas las razones por las que dejó firme su condena por amenazas. Escuchó los reclamos y actuó en consecuencia.

Desde el Poder Ejecutivo y el Congreso el oficialismo no avanzó con la reforma judicial, no se instrumentaron los cambios sugeridos por la comisión de juristas convocada por el Presidente y encima el Gobierno exhibió su incapacidad para encontrar en una semana un ministro de Justicia, que reemplace a Marcela Losardo.

No es la misma Corte que le salió al cruce al kichnerismo en 2013 cuando volteó la reforma judicial o cuando en los discursos anuales de apertura del año judicial se plantaba para decirles que el Judicial era quien controlaba a los otros poderes del Estado, porque es el contramayoritario que no depende del voto popular. Esta carencia, que hace que el kirchnerismo deslegitime la autoridad del Poder Judicial, es su garantía de independencia.

No es esa Corte donde el presidente del tribunal –entonces Ricardo Lorenzetti- concentraba el poder. Esta es una corte colegiada, presidida por Carlos Rosenkrantz- donde las decisiones dependen de una mayoría de tres jueces. De hecho, esta semana sobrevoló la idea de retomar la costumbre de inaugurar el año judicial, ocasión propicia para plantar bandera, pero la iniciativa no prosperó.

No hay diálogo con los otros poderes desde que llegó Alberto Fernández al Gobierno. La ministra Marcela Losardo visitó a la Corte una vez en un año y tres meses. Su antecesor Germán Garavano iba a cada rato. No siempre lo recibían en todos los despachos que quería, pero allí estaba, o también caminaba el cuarto piso Marcos Peña.

Esta tarea la cumplía en este Gobierno Wado de Pedro, que casi no camina por Tribunales. No hay diálogo, solo discursos.

No hay diálogo repiten en la Corte y recuerdan que al acto de lanzamiento de la reforma judicial en la Casa Rosada los invitaron un día antes. Fue solo la jueza Elena Highton, las más cercana a Alberto Fernández, hasta que el presidente y la vicepresidenta cuestionaron su continuidad en el tribunal porque tiene más de 75 años. Lo mismo ocurrió con la convocatoria al Diálogo Económico y Social. En la inauguración del Período Ordinario de Sesiones, el 1 de marzo, se alinearon todos los jueces en el mismo zoom. Terminó Alberto Fernández su discurso donde los destrozó y se fue cada uno a su despacho sin mayores comentarios. Aunque de inmediato algunos cruzaron el edificio y mantuvieron reuniones de a dos, rumiando su estrategia.

“A esta Corte no la pueden controlar”, repiten en tribunales en la creencia que su silencio ante las embestidas, desnuda la debilidad del Gobierno y agiganta su poder.

Hernán Cappiello