NOVA adelantó la semana pasada: "De Scioli hay que decir que hay hombres de su entorno que miran de reojo las consecuencias de la relación de la principal fuerza de seguridad del país en cuanto a número de integrantes y el Grupo Clarín que exhibe en Canal 13 ‘Policías en acción’ donde, paradójicamente a los hechos de la realidad, se ‘limpia’ la imagen de la Bonaerense".

La sumisa actitud del mandatario frente a los Kirchner y la recientemente sancionada ley de medios audiovisuales habría provocado con el caso Pomar "una cama" de los hombres que se desempeñan al mando del comisario mayor Juan Carlos Paggi y el destinatario de la misma -es obvio- es ex el motonauta y gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Dos días después de este Panorama Político Nacional (13 de diciembre del 2009) el ministro de Seguridad Carlos Stornelli pidió a la Justicia que investigue un supuesto complot de mandos policiales que estarían organizando redes delictivas para complotar contra el gobierno bonaerense, una iniciativa que generó un enorme malestar en la más poderosa fuerza policial del país (más de 50 mil efectivos) que se encuentra en estado de deliberación.

No es todo, porque en medio de la anarquía que caracteriza hoy la relación de la Policía Bonaerense con Scioli y Stornelli irrumpió en escena la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que estuvo hiperactiva desparramando combustible al fuego con una profusa difusión del pésimo humor que impera en la fuerza policial y se sospecha que habrían armado hasta operaciones de prensa en contra de la cúpula.

En voz baja, en la Casa Rosada y la Gobernación bonaerense, a hombres ligados a Cristina Fernández de Kinchner y Scioli se les escapó que "Stornelli tiene la orden estricta de no mencionar a los grupos multimedios" porque el ex motonauta siempre tuvo (y tiene) un miedo atroz a quedar entrampado en medio de la puja mediática contra los K.

¿Alguien recuerda el caso del empresario quilmeño Leonardo Bergara producido en el último verano? Ese escándalo supuestamente provocado por las fuerzas policiales fue el disparador para aquel Panorama Político Nacional que titulamos "Casi 40 años de vigencia de la Maldita Policía y…sigue la joda" que volvemos a transcribir este domingo.

Sencillamente porque el caso del accionar de la Bonaerense en el caso de los Pomar fue aún más escandaloso con efectivos que jugaron a fondo a no hallar el auto y los cuatro cadáveres dispersos al costado de una ruta entre algún árbol y arbustos que fue divisado por un pasajero de la empresa Condor-La Estrella casi el mismo día del supuesto accidente y lo denunció al 911.

Tan burda fue la actitud de los agentes que dependen de Paggi que en NOVA la fina pluma del dibujante Rocchia generó un diálogo que concluía con la certeza de que a los Pomar los buscaron los mismos hombres encargados de dar con el paradero del albañil Jorge Julio López, desaparecido hace tres años y medio tras haber declarado contra el represor Miguel Etchecolatz en el Tribunal Federal platense.

Y en los pasillos de la Legislatura bonaerense el chiste (humor negro por cierto) era "¿ché, viste que, además de los Pomar, encontraron a Julio López?".

La denuncia de Stornelli lo dejó con un pie fuera del gabinete de Scioli. Está negociando una salida elegante y nunca más debería ocupar un cargo por inoperante y sobre todo por no exhibirse como un hombre seguro de sus acciones cuando es consciente de que maneja un área sensible que es un hierro caliente.

A Arslanián lo consideramos co-responsable de este desmadre que existe en materia de seguridad en la Provincia pero era innegable que tenía poder de decisión, coherencia y firmeza a la hora de fijar su visión garantista respecto del tema.

Tres botones de muestra bastan para graficar la falta de personalidad -letal- de Stornelli. En un mes pasó de arremeter contra su antecesor (Arslanián) y advertir que estaba empeñado en darle "más poder a la policía", a denunciarlos ante la Justicia; y al mismo tiempo, tras haber cuestionado con severidad en su momento al juez Luis Arias por sus denuncias públicas sobre la utilización de menores para delinquir por parte de la policía (leer el Panorama del 25 de octubre de este año titulado "Gobernador Scioli: ¿La Policía Bonaerense recluta o no jóvenes para delinquir?": http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2009_10_25&id=12191&id_tiponota=4 ), acudió a la Justicia para efectuar idéntica denuncia que la que realizó ese magistrado.

Cuando coqueteó con la Bonaerese con la promesa de darle todo el poder, Stornelli dejó entrever la peligrosa sensación de que para un ministro de Seguridad la Justicia es un obstáculo para el accionar policial lo que es conceptualmente muy riesgoso porque invita a establecer que fiscales y jueces no deben obstruir el accionar de los uniformados, un contrasentido porque, por otra parte, toda vez que un policía es enjuiciado es seguro que no termina siendo condenado por más que los denunciantes reúnan mil pruebas en su contra.

El tercer botón de muestra fue su iniciativa de reincorporar al servicio a los ocho policías vinculados a la desaparición de Luciano Arruga, un chico de 16 años que en enero de este año fue detenido y llevado a una comisaría de Lomas del Mirador donde lo golpearon salvajemente y luego lo habrían hecho desaparecer. Esa decisión implicó un aval directo a la impunidad que reclaman los sectores duros de la policía porque había de por medio una investigación judicial y la separación de sus funciones de estos efectivos.

Del caso Arruga nos ocupamos en el Panorama que, titulado "Tres años sin López y… todos los caminos de la investigación conducen a la Maldita Policía", publicamos el domingo 20 de septiembre del corriente año.

Se pueden tejer una y mil elucubraciones. El tema pasa por reflejar hechos concretos que permitan que los lectores de NOVA saquen sus propias conclusiones y cotejen la información que se les ofrece con la que pudieran recoger de otras fuentes informativas.

La "Maldita Policía" perdura porque no hay la decisión política de poner la Policía Bonaerense "en caja". Scioli le tiene terror a esa institución y los discursos de los impresentables comunicadores sociales que piden "mano dura" (Mirtha Legrand, Susana Giménez y Marcelo Tinelli) lo tentaron en dirección a darle todo el poder a la fuerza policial.

Pero el resultado son infinidad de casos del "gatillo fácil" en el conurbano bonaerense de los que son víctimas sobre todo jóvenes de los sectores más humildes que no se conocen porque los noticieros están en sintonía con la filosofía del "lavado de imagen" que propone "Policías en acción" (Canal 13).

Todo lo demás, la historia de la Policía Bonaerense y el comienzo de todo el desmadre que es hoy la fuerza la reseñamos en aquel Panorama Político tras el caso Bargara y que transcribimos porque sigue todo igual en la provincia de Buenos Aires.

Una única aclaración: cuando aludimos a las exoneraciones que impulsó Arslanián cometimos el error absolutamente involuntario de no contemplar a aquellos ex uniformados que fueron echados de la institución sin motivos y muchos de los cuales conformaron la agrupación de "Los sin gorra" y entablaron demandas en la Justicia para que se los reincorpore. Disculpas por la omisión.

Casi 40 años de vigencia de la Maldita Policía y…sigue la joda (2 de febrero del 2009)

"Señor Gobernador, usted qué quiere, ¿una policía efectiva y no recaudadora o una fuerza recaudadora?", preguntó el comisario general Enrique Silva al entonces gobernador bonaerense Victorio Calabró.

El mandatario provincial acababa de convocarlo para que se hiciera cargo de la Jefatura de la Policía Bonaerense en el verano de 1974, pocos días después de que accediera a hacerse cargo del mayor distrito del país tras la renuncia de Oscar Bidegain. "Quiero una fuerza efectiva y no recaudadora", respondió Calabró.

Este mandatario había integrado la fórmula para la gobernación provincial que encabezó Bidegain en los comicios del 23 de marzo de 1973, pero el 20 de enero de 1974 se produjo un hecho que iba a provocar la renuncia del mandatario bonaerense: el ataque del ERP al Regimiento de Azul que terminó con la vida, entre otros, del jefe de esa unidad; y que generó el repudio del presidente Juan Domingo Perón, quien no dejó pasar la oportunidad de responsabilizar al gobernador de haber tenido una "actitud desaprensiva" frente a esa escalada terrorista.

Ese hecho y la reacción del líder y fundador del Partido Justicialista provocaron la remoción de Bidegain de su cargo (un hombre afín a las organizaciones de izquierda) y la asunción de Calabró -dirigente de fuerte vínculo con las organizaciones sindicales-. Una de las primeras decisiones que adoptó fue convocar a Enrique Silva para que se hiciera cargo de la seguridad en tiempos extremadamente difíciles y de ebullición social.

Silva, con 47 años, se constituyó en el oficial más joven que accedió a la titularidad de la fuerza policial más numerosa de la Argentina, que hoy supera los 50 mil efectivos.

En estos días, el resonante caso del joven empresario Bergara y la vinculación de efectivos policiales en actividad y exonerados posibilitó que los memoriosos recordaran aquella etapa del ‘74 y ‘75 encabezada por el único jefe de la fuerza que llevó adelante -a rajatabla- una política de procedimientos lo más alejados posible del delito con fines recaudatorios.

Fue la gestión en la que se creo la Caja de Jubilaciones de la Policía Bonaerense y en la cual, en un determinado momento, Silva recibió presiones cuando llegó a sus manos el legajo del oficial Miguel Etchecolatz para que lo designara en un cargo de privilegio, las cuales rechazó con un categórico "es un incapaz y "loco de la guerra", porque ya por esos días el ex comisario condenado el año pasado a reclusión perpetua por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y genocidio era popular entre sus pares por sus ambiciones desmedidas y desequilibrios emocionales. El jefe policial lo trasladó a Bienestar Social, lejos de su área.

Y fue la etapa en la que las distintas departamentales fueron reequipadas totalmente, con flamantes unidades móviles de la marca Torino y los novedosos "motorota" para las comunicaciones. Todas las compras se hicieron por licitación abierta.

En esta gestión se esclareció el secuestro de Bunge y Born; y hubo enfrentamientos de efectivos policiales con organizaciones de Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y a futuro no se conocieron denuncias vinculadas a violaciones de derechos humanos.

Antes y después de Silva, dicen también los memoriosos, se mantuvo (y se mantiene) un sistema de recaudación con recursos que "se juntan en pala" y que provienen de la piratería del asfalto, desarmaderos, drogas, prostitución, casinos, prostíbulos, saunas y secuestros. Pensar que en los años ’50 los delitos estaban solamente vinculados a casos de cuatretrismo, robos y hurtos, peleas y homicidios.

Pero ya a mitad de los años ’60 la pluma de Rodolfo Walsh comenzaría por definir a la Bonaerense como la "maldita policía", para consagrar un mote que quedó grabado para siempre en una institución que cada vez más está salpicada por su complicidad con el delito en todo el territorio bonaerense, y con un accionar que tuvo su origen con aquel Plan Conintes, ideado durante la segunda gestión de Perón (en 1956) y puesto en funcionamiento en 1960 por un Arturo Frondizi, jaqueado por los paros de los sindicatos y el peronismo revolucionario que reclamaba por el regreso de Perón, y por la ebullición estudiantil en las universidades y la calle donde se comenzaban a conformar las primeras organizaciones de lucha que después conformarían Taco Ralo, Montoneros, ERP, FARC, y otras.

Con ese Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), el gobierno de Frondizi optó por cambiar la imagen de un gobierno sin control para decidirse -con su aplicación- por la represión, porque permitía declarar zonas militarizadas a los principales centros o ciudades.

Eso motivó que en las fuerzas policiales federales y en la Bonaerense se impusiera una adaptación de las estrategias y modo de operar de la delincuencia y el terrorismo. Así, la policía fue incorporando la metodología de los grupos con los que se enfrentaba y, a lo largo de su historia, las policías (Federal y Bonaerense) fueron incorporando distintas modalidades de sus oponentes propias de la época: el secuestro en los años ‘60-‘70, la zona liberada durante la dictadura militar, el tráfico de drogas durante los ‘80 y la corrupción en los ‘90.

Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Porque es indudable que con el advenimiento de la democracia en los ’80 comenzó una etapa en la cual la policía comenzó a resultar funcional al poder político, por ejemplo, para contener y reprimir los estallidos sociales de distintos sectores de la sociedad civil sobre el Estado, y para asociarse con los políticos que vieron en las fuerzas de seguridad un aliado con el que se podía negociar para hacer posible las ambiciones de poder.

El drama es que con esta asociación de la política a las fuerzas policiales, éstas entraron en un estado de total ingobernabilidad para dejar de ser funcionales; fue tras esta complicidad de la política con la policía que en los ’80 comenzó a conocerse la maldita palabra de "gatillo fácil".

Casos Cabezas (1997) y Bergara (2008-2009)

El peor ejemplo de las consecuencias que genera la asociación policía-política fue el caso del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, que, sin duda alguna, fue la muestra más elocuente y acabada de todo lo que aprendió la policía de sus oponentes en casi 40 años, y de todo el mal que es capaz de desplegar en el marco de esa asociación: porque hubo en el caso Cabezas secuestro y tortura, borrado de pruebas y relación con mafias locales, drogas, servicio de inteligencia; acuerdos con el poder, una zona liberada y la muerte corporativa.

Y en lo que tiene que ver con la policía ingobernable con casi 40 años de aprendizaje en lo delictivo, el caso Bergara es el ejemplo más emblemático a la hora de analizar cómo se desenvuelven las fuerzas de seguridad ligadas al delito: los memoriosos de siempre y fuentes ligadas al tema dejan entrever que el joven empresario de 37 años se encargaba de vender el producido de la piratería del asfalto que recaudaba la Departamental Quilmes, pero un día Leonardo Bergara habría "arreglado" la distribución de los porcentajes directamente con La Plata. "Desde la seccional de su jurisdicción un día lo llamaron y le preguntaron: ‘¿En qué cosa rara andás, hermano, que hace un par de meses no aparecés por acá?’".

La respuesta fue un desafiante "Mirá, hermano, yo arreglo directamente con La Plata", lo que provocó que los policías le adelantaran al hermano del empresario que "le vamos a dar una lección" porque había roto con los códigos que unen a la delincuencia policial con la delincuencia asociada.

Dicen en la "jerga" policial, y confirman las fuentes consultadas por NOVA, que son diez los pasos que sigue la distribución de los recursos que se obtienen por piratería del asfalto, desarmaderos, drogas, prostitución, casinos, prostíbulos, saunas y secuestros: el oficial de calle (oficial intermedio, inspector o principal) recauda y eleva el 70 por ciento a la superioridad, y a Jefatura le quedan nueve pasos por cumplir. Es decir que, por ejemplo, el principal entrega lo recaudado al subcomisario, éste reparte al comisario, quien entrega lo que corresponde al jefe de zona; éste a su vez reparte al subjefe regional, luego es el turno del jefe regional, y siguen el subdirector de seguridad, director de seguridad, subjefe y jefe de policía.

"Si necesitás cinco millones de pesos tenés que recaudar cincuenta millones", asegura un hombre que de estos temas conoce en profundidad.

No fue antojadiza la alusión al represor Etchecolatz. Porque luego del alejamiento de Enrique Silva de la jefatura de la Policía Bonaerense, tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, Ramón Camps y Etchecolatz serían los protagonistas centrales que terminarían por consagrar definitivamente a la fuerza en la "maldita policía" que comenzó a describir en los años ’60 Rodolfo Walsh, tal vez sin llegar a imaginarse que alguna vez todos los procedimientos ilegales juntos iban a ponerse en ejecución plena cuando, además de los secuestros, torturas y muertes provocados a los ciudadanos en ámbito bonaerense, también se terminaría de completar el modus operandi para distribuir lo recaudado en concepto de saqueo de viviendas de las personas a las que se secuestraba y se hacía desaparecer.

Esa misma distribución de recursos es la que se efectúa hoy por parte de esta fuerza de seguridad provincial.

Para terminar de comprender cómo funciona la Policía Bonaerense, atravesada por la legalidad e ilegalidad al mismo tiempo, Agencia NOVA consultó la página de la Fundación Alborada (www.fundacionalborada.org ) que, en el año 2002, publicó un trabajo sobre esta fuerza policial provincial.

En lo que tiene que ver con la pretensión de este Panorama, en esa producción especial se remarca: "Por un lado, la policía comete delitos, utiliza métodos ilegales en la mayoría de los procedimientos ‘legales’ y cuenta para ello con el aval político, dado que hay una utilización política de la fuerza que le es funcional al poder político, sin embargo este matrimonio no es eterno puesto que la fuerza policial no se somete a dicho poder político cuando de lo que se trata es de limitar su propia economía.

Por otro lado, la misma estructura que se usa para combatir el delito se usa para cometerlo, cuando éste se vuelve un beneficio económico; no hay ‘policías buenos’ y ‘policías malos’, hay una institución simultánea creada desde la ilegalidad para cumplir funciones ilegales. Estar dentro de la institución legal o estar dentro de la ilegal es una cuestión fortuita, ya que a veces son tratados como héroes pero otros son corruptos.

Existe todo un manual de instrucción ‘paralelo’, que no está escrito, sino que es información y aprendizaje históricos que la fuerza ha reunido a lo largo de los años, como cualquier otro saber, es acumulativo".

Ministros de Seguridad desde los ’90 hasta el presente

Desde los ’90 hasta el presente los hechos de corrupción y la permanente vinculación de la policía con el poder político fue in crescendo de manera cada vez más tenebrosa. Nadie hizo nada para cambiar esta dura realidad.

En realidad, no hay quien se atreva, y hoy Scioli está recibiendo un mensaje con el caso Bergara que es una invitación "a negociar", porque, así le habrían aconsejado sus asesores en materia de seguridad, sería letal patear el tablero en un año de elecciones.

En realidad, sería letal así no hubiera comicios en el horizonte. Proponemos, a continuación, repasar los nombres de los distintos ministros de seguridad que pasaron por la administración bonaerense desde 1990 hasta el presente.

Durante la gobernación de Eduardo Duhalde fue titular de seguridad el ex juez federal de Mar del Plata, Alberto Daniel Pettigiani (1992), quien posteriormente llegó a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense; Piotti (1994), durante cuya gestión se produjo el secuestro, asesinato y posterior incineramiento en Mar del Plata del joven de 16 años Cristian Campos, perpetrado por efectivos del Comando de Patrullas de dicha localidad; la detención de un grupo de oficiales bonaerenses relacionados con el atentado a la mutual judía de la AMIA; la violenta represión policial, en La Plata, producida en una manifestación estudiantil, donde atacaron con balas de goma al camarógrafo de Canal 13, Hernán Ramos, y una serie de homicidios sin resolver en La Plata.

Eduardo Néstor Lázzari (21-10-96), quien -al igual que Pettigiani- llegó a ser ministro de la Suprema Corte provincial y durante cuya gestión de produjo el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas; Carlos Ramón Brown (7-5-97 a diciembre del mismo año), Luis Lugones (19-12-97 hasta abril 1998), gestión en la que se produce una importante purga policial que, en ese momento, generó una fuerte resistencia por un grupo que, tras haber sido exonerados de la fuerza, se autodenominaron "Los sin gorra".

León Carlos Arslanián (13-04-98 hasta julio del ’99), quien impulsó una impresionante y profunda reforma sobre la muy cuestionada fuerza policial, pero que debió dejar su cargo por la presión que ejerció a través de los medios la irrupción del gobernador electo Carlos Ruckauf con claras señales de ser partidario de la "mano dura"; Osvaldo Enrique Lorenzo (agosto hasta septiembre del ‘99), quien renunció como consecuencia de la denominada "Masacre de Ramallo", (16-09-99); y Carlos Ernesto Soria (septiembre del ‘99).

La asunción de Ruckauf en la gobernación provocó la llegada al Ministerio de Seguridad de Aldo Rico (13-12-‘99 hasta marzo del 2001); comisario Oreste Verón (4-4-2001 hasta octubre del mismo año) quien renunció tras una grave denuncia que efectuó la Suprema Corte de Justicia bonaerense sobre ejecuciones de menores por parte de la fuerza policial y su enfrentamiento a la misma por ese tema; Juan José Álvarez (29-11-2001 hasta diciembre del mismo año): en 1998, este político (ex intendente de Hurlingham) había sido designado por Arslanián con el cargo de secretario de Relaciones con la Comunidad, pero duró solamente tres meses en ese puesto a raíz de serias diferencias que sostuvo con el ministro al pretender laudar en favor de los 300 exonerados autodenominados como "Los sin gorra" que -se reitera- Luis Lugones había exonerado de la Policía Bonaerense.

Una nota de interés en medio de esta lista de ex ministros de seguridad bonaerenses: Álvarez, en diciembre del 2001, en forma increíble, hizo la vista gorda y permitió que virtualmente se liberara la zona presidencial de Chapadmalal donde debió haber brindado seguridad al ex presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, que lo había designado como secretario de Seguridad Interior. Tan solo y sin seguridad lo dejó al puntano, que una treintena de caceroleros provocaron disturbios como si hubieran sido un millar de manifestantes. Rodríguez Saá se fue y -¡qué casualidad!- Eduardo Duhalde lo ratificó en su cargo en enero del 2002 para luego designarlo como ministro. ¡Qué mal pensados somos en Agencia NOVA!

Alberto Daniel Descalzo (23-12-2001) fue el último ministro de seguridad de la gestión Ruckauf, quien huyó despavorido de la gobernación cuando en el 2001 el panorama económico y político del país (y la Provincia) iban camino a la hecatombe del 19 y 20 de diciembre de ese año. Le dejó una provincia totalmente incendiada a Felipe Solá, quien designó en la cartera de seguridad a Luis Esteban Genoud (7-1-2002 hasta 29-06-2002) relevado por Solá tras los sangrientos hechos de la denominada "Masacre de Avellaneda" (en el puente Pueyrredón) en la que fueron asesinados por efectivos de seguridad los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Juan Pablo Cafiero (2-7-2002) hizo prevalecer el trabajo de fuerzas conjuntas y decidió el pase a retiro obligatorio del jefe de la Policía, comisario general Alberto Sobrado, por "falta de operatividad" y porque no había declarado una cuenta de 333 mil dólares depositada en un banco de Bahamas; nuevamente Juan José Alvarez (29-9 al 1-12 del 2003) quien, esta vez, impulsó la idea de "saturar las calles con policías y las grandilocuentes cuadrículas (Plan Director)"; Raúl Rivara (2-12-2003 al 31-3-2004) a quien como antecedente en materia de seguridad le figuraba haber sido ministro de Infraestructura, Vivienda, Obras y Servicios Públicos bonaerense; Graciela Giannettasio (1-4-2004); León Carlos Arslanián (13-4-2004 hasta diciembre 2008). Por último, con Daniel Scioli como gobernador, asumió Carlos Stornelli.

En medio de tantos ministros, hubo perlitas imperdibles e históricas como aquella frase de mediados de 1994 del entonces gobernador bonaerense Duhalde: "Tenemos "el mejor jefe de la mejor policía del mundo", en referencia a Pedro Klodzyck, jefe de la "Maldita Policía".

Dudas, preguntas y certezas para el final

Quedan una infinidad de datos sin publicar en este Panorama, que fue escrito sin la pretensión de escribir la historia de la seguridad en territorio bonaerense.

Cabe destacar, entre los datos que no citamos, por ejemplo, los miles de casos de "gatillo fácil" que se registraron sobre todo en esta etapa democrática y que tienen su correlato en la página web de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (www.correpi.lahaine.org).

También, la enorme preocupación que genera en la sociedad saber que existen seis mil exonerados de la policía provincial de los que no se sabe en qué andan, qué actividad desarrollan, y de cuyos pasos nos enteramos a través de las páginas de policiales de los diarios o leyendo cables de agencias de noticias que dan cuenta de la participación de hombres separados de la Bonaerense ligados al delito. Este fue el mayor daño que le hizo a la provincia de Buenos Aires el ex ministro de Seguridad, Arslanián, el principal impulsor de las "purgas" en la fuerza: nunca creo una unidad por fuera de la Policía que siguiera los pasos de los exonerados y lo poco que se hizo al respecto se lo dejó a merced de la misma fuerza cuando lo que debió haberse hacerse fue crear una dependencia por fuera de la estructura policial en la que pudieran intervenir, por ejemplo, la Legislatura bonaerense.

De cualquier forma, los separados de la fuerza y los efectivos en actividad hoy actúan en sociedad entre tantas asociaciones que ligan a la Policía Bonaerense con el delito y los poderes empresarial y político.

De los trabajos conjuntos entre fuerzas de seguridad provincial y políticos, muy pocos escribieron sobre un "virtual" pacto que habrían sellado el duhaldismo (con aval de intendentes) con la Bonaerense para provocar el caos y saqueos en el Conurbano que derivaron en el trágico 20 de diciembre del 2001, en un accionar similar al que habría habilitado Juan José Alvarez en adyacencias de la residencia presidencial de Chapadmalal cuando a Rodríguez Saá lo dejaron solo, absolutamente solo, los políticos y las fuerzas de seguridad federales y bonaerense en diciembre del 2001.

Entre las fuentes consultadas por NOVA surgieron interrogantes y versiones: "¿Sabés que Alberto Piotti habría recaudado dos millones de dólares en los ’90 en territorio provincial, y que León Arslanián compró una casa espectacular frente a un lujoso hotel en La Recoleta?", dicen en voz baja".

"¿Y que parece que el actual gobernador adquirió una estancia espectacular en Balcarce (de un valor cercano a los 9 millones), y que el segundo de Stornelli se la pasa viniendo en helicóptero desde La Plata hasta la zona del helipuerto de la Casa Rosada para ir a cenar a Puerto Madero?", añaden, para luego preguntar: "¿Será cierto que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, adquirió dos estancias, una en Pergamino y otra en Las Heras?".

Pero no es todo porque, entre tanto trascendido, alguien hizo referencia al real motivo que llevó a Arslanián a trasladarse al country de Pilar "Los Armenios", "tras llegar a su casa -en Fátima- y encontrarse con que en el respaldo de su cama matrimonial había una cruz pintada con brea".

Y nosotros preguntamos: ¿Alguien tiene un registro del personal de seguridad de los countries o barrios privados, clubes náuticos, edificios, departamentos, etc? ¿Existe algún registro de agentes de las empresas de seguridad privadas en la provincia de Buenos Aires?