El kirchnerismo, con la complacencia de fiscales afines, le devolvió gentilezas al Gobierno.

El presidente Mauricio Macri , el jefe del Banco Central Federico Sturzenegger , y el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay quedaron imputados ayer en una causa por la emisión de más de 685.000 millones de pesos en títulos de deuda de corto plazo, denominados Lebac, que con el ofrecimiento de tasas de 40% anual habrían manipulado "el verdadero valor" del dólar, según los diputados kirchneristas denunciantes.

La fiscal Paloma Ochoa, de probada fe kirchnerista y del riñón de la procuradora Alejandra Gils Carbó, le pidió al juez Daniel Rafecas impulsar la denuncia que radicaron los diputados Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Moreno, Diana Conti y Rodolfo Tailhade, la legión de fieles K que acusaron a los funcionarios del Gobierno de administración infiel en perjuicio del Estado nacional.

Los kirchneristas buscan armar un caso espejo al que enfrenta Cristina Kirchner por ordenar vender dólares en el mercado de futuros a menor precio que el de mercado, lo que perjudicó al gobierno de Macri cuando tuvo que pagar por esos contratos. La denuncia de ese caso fue de Cambiemos. Kirchner está procesada por haber provocado adrede un perjuicio al Estado al vender por debajo del precio de mercado. No es el caso de lo que señalan los diputados kirchneristas.

En su denuncia, los legisladores solicitaron a la Justicia usar los mismos argumentos y fundamentos del juez Claudio Bonadio contra la ex presidenta, pero en este caso, a Macri y los demás acusados les endilga haber armado un sistema con el fin de generar las variaciones cambiarias.

Ochoa analizó que, según la denuncia, "la emisión abusiva de ambos títulos de deuda pública -tanto Lebac como bonos de la deuda externa- habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos que, ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado, y frente a la venta indiscriminada de esas divididas por parte del BCRA, aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores fictos y sin límite alguno, que fueron fugados del sistema financiero argentino". Frente a ello, Ochoa requirió una investigación para saber si "los sucesos ocasionaron o siguen causando perjuicios en la economía nacional y/o el erario público".

"Los denunciantes manifestaron que los funcionarios públicos imputados, a fin de mantener artificialmente bajo el tipo de cambio de dólar respecto de la moneda nacional, se valieron de un incremento exponencial del proceso de endeudamiento externo del país", dijo la fiscal al entender que el Gobierno se endeudó en 40.000 millones.