El Gobierno tuvo una reacción descoordinada ante el escándalo del Panamá Papers que salpica a Mauricio Macri por su vinculación con una sociedad offshore en Bahamas.

En un principio, los encargados de la estrategia comunicacional del presidente creyeron que bastaba el comunicado que envió Presidencia ayer, en el que se admitía que Macri había sido director de la firma Fleg Trading y se aclaraba que no tenía participación accionaria en esa sociedad de Franco Macri. A lo sumo, especulaban con una declaración del padre del presidente, que llegó a la tarde.

Pero la trascendencia mundial que tuvo la investigaciónimpulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que exhibió la foto de Macri en las portadas de los medios más importantes del planeta, obligó al Gobierno a modificar su estrategia.

Algunos de los funcionarios más importantes del Gobierno salieron a defender al presidente de manera descoordinada, mientras Macri evitaba las preguntas de la prensa y eludía hacer declaraciones tras una recorrida en el Complejo Industrial de YPF en La Plata.

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, aseguró que no había “nada ilícito ni antiético” en el accionar de Macri, al mismo tiempo en el que los ministros Rogelio Frigerio y Esteban Bullrich pedían la intervención de la Justicia para esclarecer los hechos y Elisa Carrió le exigía que presente pruebas.

La explicación de Susana Malcorra fue acaso la menos clara: la canciller dijo que la participación de Macri en la sociedad offshore "es una cuestión del presidente en un período anterior y en su rol privado", una línea argumentativa muy similar a la que utilizaba el kirchnerismo para desligarse de casos como el de Skanska y Lázaro Báez. Malcorra aclaró además que no le dio directivas al embajador en Panamá, Miguel del Sel. Como explicó LPO, el ex Midachi no quiere hablar del tema y espera algún centro del Ejecutivo desde el Caribe.

En tanto que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se ganó el pedido de renuncia de casi todo el arco opositor luego de salir a defender a Macri con la velocidad y compromiso de un militante y no con la responsabilidad de una encargada de investigar a funcionarios.

Volantazo

Ante este escenario de declaraciones cruzadas, el propio Macri debió salir a dar explicaciones ante un canal de televisión de cable de Córdoba y sin pautar una agenda en los medios de impacto nacional ni conferencias de prensa como había prometido durante la campaña. En esa entrevista, el presidente dijo que todo fue una operación legal: “Está todo perfecto, no hay nada extraño”, señaló y aseguró que la sociedad fue declarada ante la DGI argentina.

Horas después, la AFIP emitió un comunicado defendiendo la versión del Gobierno sobre la falta de obligación de Macri de declarar su participación en la sociedad offshore. "Una persona física residente en el país que no sea accionista de una sociedad constituida en el extranjero y que integrando el Directorio de la misma no perciba ingresos bajo ningún concepto, no está obligada a presentar la declaración jurada determinativa ni informativa ante el fisco", indicó el organismo conducido por Alberto Abad. 

En la oposición, sin embargo, advirtieron que el inciso E del artículo 1º de la resolución general 3293 de la propia AFIP, obligaría a Macri a informar su participación como director en la offshore.

El Gobierno tampoco explicó por qué la sociedad fue radicada en Panamá si la supuesta inversión de Franco Macri iba a hacerse en Brasil y no explicó por qué su padre lo puso como director de una empresa en un paraíso fiscal y el aceptó sin ser accionista.

El Ejecutivo tampoco salió a dar explicaciones por otra firma radicada en el paraíso fiscal que la oposición vinculó al presidente. Según denunció el bloque de diputados del Frente para la Victoria, Macri también es director de la firma Kagemusha S.A..

Lo falta de una estrategia de comunicación para encarar la crisis es aún más notoria si se toma en cuenta que la administración de Macri estaba advertida del Panamá Papers desde el 8 de marzo, cuando los periodistas que investigaban el caso se comunicaron con voceros del presidente. Es decir que en casi un mes el Ejecutivo no fue capaz de armar un discurso unificado para explicar el vínculo de Macri con el paraíso fiscal.