Los senadores del Frente de Todos esperan que Alberto Fernández llegue de su gira europea y negociar modificaciones a la ley que le concede facultades extraordinarias para aplicar restricciones ante un brote de coronavirus, que se aprobaría en esa Cámara miércoles o jueves pero aún no tiene consenso para sancionarse en Diputados. 

En sus primeras conversaciones, los referentes del oficialismo en la Cámara alta aceptaron el cierre automático de colegios que permite el proyecto en conglomerados de más de 300 mil habitantes con aumento de contagios, pese al fallo adverso de la Corte Suprema, pero no las facultades que se reserva el presidente para tomar medidas por fuera de las enumeradas en la ley. 

Por el contrario, quieren que cualquier atribución extra sea para los gobernadores, incluso para suspender las clases en comunidades más pequeñas. Sólo así, entienden, el proyecto podría pasar el filtro de los mandatarios provinciales oficialistas y ser considerado por los aliados necesarios para sancionarse en Diputados, donde por ahora no están los votos para llegar a la mayoría. 

El bloque clave siempre es el de Córdoba Federal, las cuatro bancas que responden al gobernador Juan Schiaretti, por ahora sin definición. "Estamos estudiando con constitucionalistas, pero toda ley que avasalle las autonomías provinciales la vamos a rechazar", anticipó el jefe de esa bancada Carlos Gutiérrez. 

Una posición similar tuvo en el Senado el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, quien junto al diputado Luis Di Giácomo en 2020 fueron aliados habituales del Gobierno. Como gesto, el lunes en la Cámara alta empezará a tratarse una ley para extender la promoción ovina, un reclamo de los patagónicos.

El proyecto replica el "semáforo epidemiológico" del decreto vigente, en que se aplican restricciones según el aumento de los casos, que definen cuando hay un "bajo", "medio", "alto" y "alarma", que es cuando se pueden suspender las clases presenciales. 

Cambiemos pide borrar esa atribución pero por ahora no está en los planes del Gobierno escucharlos, como tampoco al otro reclamo llevado a la Casa Rosada el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, dueño de varios votos radicales: que la ley no sea de orden público, sino de adhesión voluntaria de las provincias; y eliminar la facultad presidencial de clausurar escuelas. 

El DNU con las restricciones vigentes vencerá el viernes próximo, por lo que ya casi es un hecho que Alberto deberá reeditarlo y esperar suerte para reunir una mayoría en Diputados que por ahora no está a la vista. Para acercarse, los senadores del Frente de Todos tienen en carpeta retoques que, de prosperar, dejarían a los gobernadores con mayor libertad de acción para definir restricciones. 

El principal es redefinir las zonas  de "alarma sanitaria", que el proyecto restringe a ciudades o conglomerados de más de 300 mil habitantes con 500 contagios nuevos cada 100 mil habitantes y 80% de la oferta de camas ocupadas. Con este texto, las comunidades más pequeñas nunca podrían tener cuarentenas duras, cuando en varias ya existen por decisión de sus gobernantes.

"Los estándares son muy altos y en pueblos chicos, en los que el virus se propaga enseguida, se quedan sin atención médica y en este esquema rígido no podrían cerrar nada", explicó a LPO uno de los senadores a cargo de las correcciones. 

Exigen sumar un artículo que faculte a los gobernadores a suspender "en forma temporaria las actividades presenciales" en los colegios, "conforme a a la evaluación del riesgo epidemiológico". El límite de 300 mil habitantes sería entendido como "un ordenador informativo", pero también podrían estar en alarma "departamentos o partidos en situación de alarma epidemiológica y sanitaria". 

Y la misma facultad que piden a los gobernadores para suspender las clases, la reclaman para reiniciarlas, siempre que haya sido su decisión. También dejarían sin límites el margen de restricciones que los gobernadores puedan adoptar por su cuenta y el proyecto reduce a "determinadas actividades", sin mayor precisión. 

La misma y vaga frase "determinadas actividades" se usa para definir las clausuras en ciudades de menos de 40 mil habitantes. Los senadores la borrarán. Menos vida tiene el artículo que faculta al Gobierno a adoptar "restricciones adicionales, proporcionadas y razonables, previa consulta con el Gobernador o la Gobernadora de Provincia o con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En su exposición durante el debate en Comisiones, la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra aclaró a la oposición que la consulta no es vinculante, "por eso es consulta", pero no convenció ni a los oficialistas y debería revisar sus dichos. Como anticipó LPO, se modificarán el plazo de las facultades especiales, conocidas como "superpoderes", que el proyecto concede hasta el final de la pandemia.

La constitución obliga a un plazo para ceder facultades especiales y el Congreso deberá definirlo, por lo cual la ley podría discutirse varias veces más mientras no se extinga el Covid 19. Aun cuando alcanzar consensos no sea nada fácil.