Por: Fabricio Moschettoni.

Del editor, en primera persona

La peligrosa utilización de causas judiciales con fines políticos quedó una vez más en relieve cuando en esta semana un grupo de abogados vinculados con organismos defensores de derechos humanos advirtieron la gravedad que representa el adelantamiento del juicio a Mariano Bruera, hermano del ex intendente Pablo Bruera, quien junto a otros ex funcionarios está acusado del supuesto pedido de coimas para la rezonificación de lotes destinados a beneficiarios del plan Procrear, trámite a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nro 2.

Los letrados, entre ellos José Schulman de La liga Argentina por los Derechos del Hombre, y Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, objetan una politización del expediente judicial y sobre todo del manejo de los tiempos, al retrotraer del 2020 a agosto del año actual la definición del tema.

“Hay una judicialización de la política, una persecución de otro, del otro que piensa distinto. Una voluntad persecutoria a la oposición para poder gobernar sin interferencias", expresó el abogado Oscar Rodríguez, especialista en Derechos Humanos. 

Si bien no está a mi alcance colocar en el grado de “presos políticos” a varios de los políticos presos o con problemas judiciales severos en los últimos años, es propio expresar una advertencia sobre la presunta politización de la justicia y los expedientes, que de constituirse de esa manera se conformará un caso gravísimo que lesiona los derechos y las garantías de ciudadanos involucrados.

Párrafo aparte, pero relacionado con el tema, merece el exagerado festival de preventivas de los últimos años, y las pésimas condiciones de detención de varios ex funcionarios, como por ejemplo el caso del diputado suspendido Julio De Vido, que estuvo varios días privado de servicios básicos como agua y gas en el penal de Marcos Paz.

Como se dice siempre, el país necesita justicia no venganza, necesita políticos que si obraron mal paguen las consecuencias como cualquier ciudadano, pero el país no puede soportar causas que calcen en la medida de una coyuntura electoral porque se estarían vulnerando derechos individuales, y además se podría profundizar un marco de inseguridad jurídica escandaloso.

El plano de la política local en la semana estuvo exponencialmente sacudido por situaciones que anticipan una campaña electoral muy acalorada, posiblemente parecida a la del 2015 o más violenta, con cruces muy fuertes y golpes que van a surgir de un lado y del otro de la llamada grieta.

Un tema recurrente volvió al tapete con el despiadado acampe frente al Palacio Municipal de un minúsculo grupo de cooperativistas ligados a expresiones radicalizadas y con presuntos lazos políticos con algunos concejales del kirchnerismo local. El petitorio fue tan difuso que de tres días prometidos para un acampe apenas cumplieron poco más de un tercio, aunque irritaron de tal manera a la opinión pública que pesaron sobre ellos innumerables cadenas de insultos debido a los problemas que causaron al tránsito.

Mientras esa expresión minoritaria amedrentaba a funcionarios y empleados municipales y eran denunciados penalmente por presunta “extorsión” y “privación ilegal de la libertad”, los cinco mil cooperativistas que prestan servicios en las tareas de limpieza estaban con sus cepillos y escobas en mano levantando hojas en toda la Ciudad.

¿Pero quiénes son los cooperativistas que decidieron el acampe?. Según fuentes municipales, prestan servicios en algunas obras que se hacen por ejemplo en establecimientos educativos.

En esta columna hemos tratado puntillosamente la temática de los atrasos increíbles de la mayoría de las cooperativas que tienen a cargo obras, y si se las compara con contratistas o pymes de la Ciudad, la diferencia en tiempo y calidad es abismal. Sin embargo, en el Municipio se invirtieron 160 millones de pesos a efectos de “contener socialmente”.

Este tema importante de la semana no puede pasar como si nada, y es bueno para recordar la enorme cantidad de causas judiciales iniciadas el año pasado en diferentes fiscalías por el accionar perverso de punteros que someten a cooperativistas y beneficiarios de planes, y los presionan para ir a marchas, cortes y acampes, o que les quitan una parte de su beneficio en nombre de una supuesta causa altruista que en la práctica se traduce como contundentes casos de corrupción.

Hay causas que también generaron funcionarios públicos, como por ejemplo el caso en donde un grupo de punteros de cooperativas que a viva voz en el Palacio Municipal le dijeron al subsecretario de Vinculación y Gestión, Martiniano Ferrer Picado: “si no nos das lo que buscamos vamos a hacer quilombo”.

Eso es parte del pasado que no debe volver, el de los punteros, el de los violentos, el de los parásitos que utilizan los fondos públicos para desviarlos, despilfarrarlos y tomarlos como si fueran propios.

Sería bueno que la justicia actualice sus protocolos de actuación en estos casos, porque la ciudadanía platense, los contribuyentes, esperamos resultados en algunas de las tantísimas causas iniciadas, en donde incluso hubo punteros y estafadores detenidos.

Legalizar ferias americanas

Otra cuestión de la que debemos hablar y no hacernos los distraídos es el caso del proyecto del presidente de la bancada kirchnerista en el Concejo Deliberante, Gastón Castagneto, en donde solicitó legalizar el funcionamiento de ferias americanas en Plaza San Martín y Parque Saavedra, lo que motivó una reacción espontanea de la Federación Empresaria de La Plata, los centros comerciales de las calles 8, 12, 13, Diagonal 80, City Bell, Los Hornos, y otros, más las quejas que manifestaron vecinos de esos espacios públicos. El joven edil pidió naturalizar el funcionamiento de esas ferias hasta tanto el INDEC no muestre que la pobreza está por debajo del 20 por ciento.

Seguramente Castagneto obró de acuerdo a sus convicciones y honestidad intelectual, y debe ser respetado porque es un representante elegido por el pueblo,  pero difícilmente ese sea el camino de buscar una respuesta a los problemas sociales que vienen de décadas en una ciudad que cultivó en su periferia una verdadera legión de desposeídos que los gobiernos del pasado pretendieron esconder, y en consecuencia nunca trabajaron sobre asentamientos a las veras de los arroyos, barrios que irrumpieron sin planificación ni servicios básicos, y otros males que si se hubiesen resuelto oportunamente tal vez no tendríamos el cuadro de situación que describe en los fundamentos de su iniciativa.

Parece que los platenses descubrimos a los pobres de toda pobreza cuando se produjo la tragedia de abril del 2013 y el agua arrancó de cuajo precarias casillas de aquellos que vivían al lado del arroyo Del Gato y que fueron los que terminaron pagando las peores consecuencias de los errores garrafales del manejo del Estado.

La venta ilegal

En tanto, el miércoles por la mañana, la Municipalidad de La Plata y el gobierno provincial apostaron unos cuatrocientos o quinientos agentes policiales sobre Plaza San Martín para evitar su ocupación ilegal, en un procedimiento muy parecido al que hace algún tiempo tuvo el Parque Saavedra. Para muchos el operativo fue exagerado, incluso la oposición habló de “militarización” de la zona, pero para otros fue la respuesta esperada para que se cumplan con las ordenanzas vigentes.

Y al caer ese día, la Municipalidad hizo una reapertura de la inscripción para el Registro de Puesteros, a quienes se les piden requisitos mínimos como domicilio en el distrito y monotributo social, y luego de eso se le facilita el acceso al predio de 80 y 134, que desde el próximo sábado comenzará a operar para el público en general.

Sobre el “Paseo 80” hay expectativas en el Municipio, no solo porque se habían inscripto hasta este fin de semana 394 puesteros, sino porque aseguran que se va a dignificar el trabajo debido a que se están colocando en regla a todos ellos, y además el predio en el que van a trabajar tendrá atractivos para que la gente vaya a comprar, servicios sanitarios, una salita de emergencias médicas, seguridad y otras condiciones para mejorar la calidad de vida de quienes presten servicios.

Denuncias cruzadas en una campaña que será de alto voltaje

Al caerá la semana, la concejal kirchnerista Victoria Tolosa Paz, una de las precandidatas a intendente por el espacio PJ – Unidad Ciudadana, tiró una bomba en donde mostró un video en el que se veía a una empleada municipal y a un allegado a la intendencia en un supuesto armado de operación política, y si bien esa acción es el tema del momento, fuentes comunales aseguran que hay una cuestión al borde de estallar que podría involucrar a la edil en un caso de presuntas irregularidades y estafas en adjudicaciones de terrenos en Arturo Seguí.

El tema promete abrir nuevos capítulos, y la mirada sobre la operación de los terrenos comenzó a ser más precisa sobre todo por supuestas documentaciones que podrían ser comprometedoras, según es lo que se anticipa desde Cambiemos y alguna parte del periodismo local.

Sin embargo, Tolosa Paz sostuvo en entrevistas con medios nacionales que el tema de los terrenos la tiene a ella como inocente y que no está involucrada como se la pretende hacer ver, y acusó a sectores de la prensa platense de estar instrumentando una supuesta campaña en su contra, con información falsa o segmentada. El viernes por la noche, en un programa de Crónica, apuntó directamente contra un portal colega dedicado a temáticas políticas.

Pero hubo demasiado ruido también en los dichos de la concejal, porque en una entrevista radial en la emisora 221 (103.1) sostuvo que ella no piensa dar notas a medios que consideran que actúan bajo determinado “mandato”, y esa situación roza con el criterio antirrepublicano, sobre todo para el caso de una mujer política que si los platenses lo deciden puede ser la alcaldesa de la Ciudad.

Demás están probados los constantes rechazos de esta columna, y de ImpulsoBaires.com.ar , en todo lo que tiene que ver con prácticas periodísticas tendientes a amedrentar a políticos y periodistas, a indagar sobre sus vidas privadas, a extorsionarlos, cuestiones de las cuales incluso el autor de este registro también ha sido víctima en más de una oportunidad; pero sostenemos una vez más el criterio republicano que indica que los funcionarios públicos no pueden negarse a dar explicaciones de sus actos públicos presentes o pasados a los medios de prensa.

Es entendible parte del reclamo de Tolosa Paz sobre la propagación de noticias falsas, y debe ser una llamada de atención también para casi todo el sistema político local que tiene cierta tendencia a fomentar esas prácticas que empañan una labor periodística verdadera. Los opositores de hoy (oficialistas ayer) que muchas veces claudicaron ante la guadaña de una prensa extorsiva, tienen mucho que decir, tanto como los oficialistas actuales (opositores ayer).

En definitiva, es cierto que hay una deuda pendiente tanto del financiamiento de la política en la Ciudad como también de muchos medios de comunicación, y es un tema para abordar que entusiasma cuando se pone en agenda, lo que pasa es que después la misma política se encarga de retirarlo, y termina en negociaciones por lo que todo lo que se dice resulta convertido en abstracto.

En honor al republicanismo al cual suscribimos en su totalidad desde nuestro portal haciendo una religión, y ya que estamos en el tema, también sería bueno que los políticos en función pública dejen de bloquear a usuarios en las redes sociales que utilizan para comunicar sus acciones.

En Estados Unidos hubo un caso fascinante hace pocos meses cuando la Corte le impidió al presidente Donald Trump bloquear a determinados usuarios, justamente porque se viola el principio básico de no discriminación, y ese aplicativo además lo extendió a toda la administración.

En La Plata hay varios funcionarios, -opositores y oficialistas-, que tienen como práctica bloquear a periodistas y medios de comunicación desde las cuentas que habitualmente utilizan para comunicar sus actos. Eso es claramente inconstitucional porque discriminan y privan del acceso a la información pública.

Es decir, todo este incidente generado, es una buena oportunidad para debatir seriamente el presente, pero también el pasado de la relación entre políticos, dineros públicos y medios de comunicación.

Saintout y la asociación que hizo de Cambiemos con robos de bebés

El sábado por la tarde la semana cerraba con un potente condimento explosivo cuando la diputada Florencia Saintout, otra de las precandidatas a intendente por Unidad Ciudadana PJ, disparó en un acto en el Club Platense frente a una multitud de jóvenes: “este gobierno de (Julio) Garro que reivindica a los asesinos de nuestros compañeros, que forma parte de la oligarquía que robó bebés, le dice a los viejos que no sirven para nada y a los jóvenes que todavía son demasiado chicos y no pueden”. 

La contundente afirmación de la legisladora que milita en la agrupación La Cámpora hasta el momento no tuvo ninguna reacción por parte del oficialismo, pero se supone que si desde Cambiemos la cruzaron por algunas pintadas en la Ciudad, con este tema tan sensible alguien tendría que decir algo.

Escudero: “Cambiemos usa a la policía para cuidar funcionarios y no a vecinos”

Más moderado pero intenso en sus críticas se manifestó el diputado Guillermo Escudero, quien también busca defender los colores del PJ como precandidato a intendente, y este sábado desde un encuentro con vecinos de Hernández, dijo que “el gobierno de Julio Garro, de Cambiemos, utiliza a la policía para cuidar funcionarios y no para servicio de los vecinos”.

“Hay problemas serios de inseguridad, y el Estado mira para otro lado”, sostuvo.

Por su parte, en estos días Escudero espera un informe del gobierno nacional y otro del provincial, con respecto a la situación de la obra de 1 y 32. Se trata de un pedido de informes presentado hace tiempo que al no tener respuesta el legislador lo judicializó y consiguió que la Justicia intime al gobierno para que brinde detalles, en un plazo que se vence esta semana, sobre todo lo preguntado.

Arias: “A mi no me corren con el dedazo”, dijo

Ante la información difundida el lunes por ImpulsoBaires.com.ar sobre un acuerdo entre el PJ y Unidad Ciudadana para habilitar dos listas en las PASO que marcarán la competencia en la Ciudad, situación que fue ponderada por Tolosa Paz en una entrevista radial, el ex juez Luis Arias dijo en una nota exclusiva con este portal que “sería un error eso, y yo no estoy de acuerdo con los dedazos que benefician a los que se sienten perdidosos”.

“No podemos cometer el mismo error del pasado en donde perdimos porque no se permitió competencia”, dijo Arias, quien se presentó originalmente por el Frente Patria Grande, pero en los últimos tiempos amplió su espacio también a sectores del peronismo como por ejemplo el sector representado por el ex senador Emilio “Taka” López Muntaner, el Partido Comunista, y otros más.

Hasta el momento, y según conoce este portal, las dos listas que estarían habilitadas para la carrera será una de PJ puro, representada por Escudero, y aún falta la definición de Unidad Ciudadana entre Tolosa Paz y Saintout.

Vientos de cambios radicales

En la UCR hubo una presentación el viernes por la noche que puede complicar a Cambiemos, aunque pasó desapercibida por el alto voltaje de los enredos descriptos anteriormente.

Resulta que como viene informando esta columna en ese partido no estarían dadas las condiciones para que exista una sola voz a la hora de negociar espacios con el intendente Julio Garro.

El viernes por la noche, en el Comité de 7 entre 61 y 62, se produjo una cena bendecida por el “salvadorismo” de paladar negro, en donde se informó que los presentes son leales al vicegobernador Daniel Salvador pero no atienden la decisión de lo que llaman “acuerdo chico” que conduce la UCR local por medio del presidente el partido, concejal Claudio Frangul, en alianza con los diputados Miguel Bazze y Diego Rovella.

En la reunión estuvieron presentes dos allegados inmediatos al vicegobernador como son el senador Emiliano Reparaz y el secretario legislativo del Senado, Mariano Mugnolo, y la mesa se componía con los siguientes actores locales: Pablo Nicoletti, presidente de la UCR Sección Primera, y director general de Asuntos Legales del Senado bonaerense; Francisco Molteni, presidente de la UCR Sección Novena; Julia Marcó, directora de Querellas en la Secretaria de DDHH; Ignacio Gando presidente de la Juventud Radical de La Plata; Agustín González, secretario de Políticas Sociales de la JR Buenos Aires; Claudio Canosa, prosecretario de Finanzas y Administración de la UNLP; José Andiarena, subsecretario administrativo de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, representantes de la JR En Lucha; Patricio Hiriarte, director del Área Salud Municipal; Matías Duarte, vicepresidente de la JR Nacional; y Hernán Sagastume.

El sector, que se presentó como un cambio generacional en el centenario partido, desafía directamente a la conducción local y dicen que buscan “una participación real en el armado de las listas de este año”, subrayando que “es de vital importancia para la continuidad y equilibrio de una segunda gestión de Cambiemos en la ciudad”.

La potencia de la enunciación, y los actores que la manifestaron, pone en riesgo directo a la conducción partidaria radical dentro de Cambiemos para encarar una negociación.

Al día de hoy, se menciona al concejal Frangul buscando una salida elegante ante semejante fragmentación, y algunos destacan que sería el tercer postulante al Senado de la Provincia.

Por su parte, no se descarta ante la atomización de la interna radical, que haya nuevos interlocutores ante la jefatura del Palacio de Calle 12, en donde hay quienes miran con agrado a los diputados Bazze y Rovella: “son los más prolijos de lo que tenemos acá adentro”, razonan.

El “lavagnismo” con una reunión que no resolvieron nada

Se realizó un pequeño cónclave de la “elite” del lavagnismo platense, y se encontraron en una fundación liderada por el ex legislador Juan Amondarain, una decena de referente entre los que estaban el concejal Luciano Sanguinetti, la concejal radical díscola, Florencia Rollié, el ex concejal Javier Quinterno, entre otros. Según trascendió en el espacio se miraron las caras y plantearon un nuevo encuentro para más cerca del cierre de listas.

Los lavagnistas no encuentran postulante a la intendencia que les agrade, y algunos hablan del ex diputado radical Sergio Panella, quien sería acompañado en la lista de ediles por Sanguinetti y Rollié.

En tanto, quien sigue con su campaña por la intendencia es la duhaldista María José Scottini, y por eso se la suele ver en diferentes barrios de la ciudad.

En silencio 

Por el momento ese es el estado del ex concejal José Arteaga, principal figura del massismo local. Si bien se expresa sobre temas de economía y producción, aun no da señales sobre las acciones que realizará su grupo en el plano local, sobre todo después del acuerdo que sellará Sergio Massa con Alberto Fernández.

Hasta el próximo domingo.