La reforma de la Ley de Inteligencia se aprobó con 131 votos a favor y 71 en contra. A las 4 de la mañana y tras casi siete horas de debate en la Cámara de Diputados, se sancionó la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, en reemplazo de la Secretaría de Inteligencia. La mayoría de la oposición expresó su rechazo a la iniciativa y se quedó hasta el final, a pesar de las especulaciones que circularon durante buena parte de la noche sobre la posibilidad de levantarse a la hora de votar. El massismo y un sector del PRO, en cambio, sí se retiraron del recinto. “Hoy estamos ante una encrucijada en el proceso de adecuación democrática de las instituciones del Estado, demoliendo reductos oscuros y resistentes a ser conducidos por quienes gozan de legitimidad democrática”, aseguró María del Carmen Bianchi, del Frente para la Victoria.

Cuando pasada la medianoche de ayer el debate sobre la reforma de la Ley de Inteligencia amagaba con durar hasta las 7 de la mañana, los diputados acordaron reducir buena parte de las intervenciones e incluso suspender los cierres de los presidentes de bloque. El comienzo ya había sido tenso, con los discursos de la kirchnerista Diana Conti y de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Conti reivindicó que la nueva AFI quedará “subordinada totalmente al poder político y al Poder Judicial, cuando corresponda”, mientras que el rol de “auxiliar de la Justicia” será eliminado. Al mismo tiempo, defendió el traspaso de la oficina encargada de las escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración General. Además, señaló que podrán realizarse “distintos tipos de purgas” sobre los agentes que se transferirán al nuevo organismo.

Según Carrió, la reforma se trata de un “camaleón” para “mantener el peor de los negocios”. La chaqueña repartió acusaciones que fueron desde el jefe del Ejército, César Milani, hasta el ex presidente Néstor Kirchner, u opositores como Sergio Massa. Para el macrista Pablo Tonelli, “la iniciativa no aborda ni mucho menos soluciona los principales problemas en la materia”. Buena parte de la oposición evitó hacer críticas puntuales al texto y denunció la intención del oficialismo de desviar la atención con este tema de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“No convalidamos esta reforma ni sus contenidos ni el mecanismo de deliberación, porque esto deja en evidencia una enorme hipocresía que consiste en tapar, a través de esta fantochada de debate, algo que se dice que va a cambiar para que en definitiva no cambie nada, poniendo simplemente una mano de maquillaje”, aseguró la líder del GEN, Margarita Stolbizer. Para Julio Cobos, la iniciativa se trató de una “reacción casi por emoción violenta, producto de la denuncia del fiscal Nisman y de su crimen, que produjo una gran conmoción pública”.

A la hora de votar, el oficialismo puso nuevamente en evidencia la capacidad para llevar adelante sus iniciativas en el Congreso. Contó con 116 votos propios y 15 de aliados, como Nuevo Encuentro, el Frente Cívico santiagueño, el Movimiento Popular Neuquino, entre otros. Quien volvió a votar con el kirchnerismo fue el moyanista Omar Plaini, quien apoya la candidatura presidencial de Daniel Scioli.

“No tenemos dudas de que la sanción de esta ley va a fortalecer la democracia argentina”, afirmó Edgardo Depetri, uno de los últimos oficialistas en hacer uso de la palabra. En la misma línea, el socialista kirchnerista Jorge Rivas afirmó que el proyecto responde a “una asignatura pendiente de estos más de treinta años de democracia y atraviesa a todos los gobiernos, desde 1983 hasta la fecha”.

Tras los cambios sufridos en comisión en el Senado, el proyecto se aprobó sin modificaciones en la Cámara baja. La nueva AFI deberá quedar constituida en 120 días; su director y subdirector serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y la oficina de escuchas pasará a la Procuración. Se aumentan las penas para los agentes que incumplan sus funciones y se los obligará a presentar declaraciones juradas. Además, se transparenta el uso de fondos y se facilita el acceso a los archivos clasificados para aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten un interés legítimo.