Por: Eduardo Aulicino.

El Gobierno está tomado por la negociación con el FMI, que según distintas fuentes avanza aunque con dificultades y su traducción en costos. Son momentos graves, decisivos. Sin embargo, lo que expone Olivos termina siendo una mezcla de optimismo y dureza, una especie de fórmula discursiva que decore de antemano el posible acuerdo. En ese juego, por supuesto, se anotan los mensajes al kircherismo duro y más directo, a Cristina Fernández de Kirchner. El problema es que la cronología atada a las palabras puede ser una trampa: en pocas horas, las señales del Fondo pasaron de generar celebración a provocar cierta desazón.

Son cosas que ocurren cuando se busca forzar una realidad que, además, no maneja exclusivamente el Gobierno. Y que tiene como agregado episodios como las idas y vueltas con un posible bono de fin de año para jubilados, que habla de las tensiones domésticas diarias y, sobre todo en este caso, de un tema sensible en la mesa del ajuste. Esas cuestiones -las cuentas reales sobre el panorama 2022- son un rubro de evaluación especial en algunos ámbitos de análisis económico. En esos papeles se destaca otro tema que provoca contradicciones en las líneas del oficialismo: las tarifas.

La puesta en escena local sumó esta semana la presentación de Alberto Fernández en el encuentro de la UIA. Su asistencia también había sido víctima de desmanejos visibles. Funcionarios de peso habían asegurado que no asistiría -algo que en medios empresariales entendieron y difundieron como un destrato- y luego hubo rápidas gestiones para comunicar que iría. El Presidente estuvo y expuso un discurso elaborado, con reconocimiento al aporte del sector industrial y algunas advertencias sobre la persistente escalada de precios.

Con todo, el dato saliente estuvo referido al tema que domina la política y la economía: la negociación con el FMI. El Presidente insistió con el avance en ese terreno y, tal vez pensando en otra platea, planteó con tono de reclamo la necesidad de que el FMI haga una evaluación del “fallido” acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri, para allanar un nuevo trato con el país, es decir, un plan de facilidades extendidas.

El FMI confirmó ayer la fecha de algo que el Gobierno de ningún modo desconocía. Informó que el 20 de este mes la conducción del organismo analizará la evaluación ex post de aquel acuerdo. Fuentes del organismo explicaron que es algo habitual en programas considerados “excepcionales”, como sin dudas éste fue el caso por razones técnicas y políticas. Nadie imagina que las conclusiones sobre los motivos y efectos del crédito por más de 50 mil millones de dólares apunte con nombre y apellido a los responsables, técnicos y menos aún políticos, de aquella decisión.

Desde el círculo de Olivos se dejó trascender entusiasmo frente a ese anuncio del Fondo, casi como si fuera fruto de la “dureza” local. Se expuso así al inconveniente recurso de analizar todo con la lógica de causa y efecto en una línea de tiempo. Pero ese mismo ejercicio terminó después transformando cierto aire de celebración en un clima más escéptico.

Fernanda Raverta, titular de la Anses. Envió una señal sobre el delicado tema de los haberes mínimos para jubilados

Ayer mismo, Kristalina Georgieva habló sobre las negociaciones con las autoridades argentinas. Repitió que se trabaja de “manera constructiva”, pero aclaró que todavía “hay mucho por hacer”. Es mucho lo que pone en juego la directora gerente del Fondo. Las cartas estarán sobre la mesa en estas horas, en las reuniones que mantendrá en Washington la delegación integrada por funcionarios de Economía y del Banco Central.

Con todo, las consideraciones en el interior del oficialismo van bastante más allá que las declaraciones públicas. En el círculo presidencial consideran vital cerrar las tratativas por la deuda -con el plus de especulaciones sobre el vuelco dramático que podría producir a favor del Presidente en la interna-, pero al mismo tiempo la atención está puesta en cada movimiento o mínimo gesto atribuible al kirchnerismo duro. Por supuesto, la última carta de la ex presidente estuvo lejos de despejar incertidumbres.

Existe como siempre algunas movidas que pueden ser atribuidas a las márgenes del frente oficialista, una frontera que expresa versiones extremas del kirchnerismo. No pasó inadvertido ayer una declaración de la agrupación que integran Amado Boudou, Alicia Castro, Gabriel Mariotto y Fernanda Vallejos, entre otros. Piden que el Gobierno lleve a la Corte Internacional el caso del acuerdo firmado por el FMI y la gestión macrista. No importa tanto la letra, sino el momento.

Más serio, en cambio, fue otro desmanejo del Gobierno. Esta vez, por la posibilidad de un bono de fin de año para jubilados. Lo negó la vocera oficial y lo dejó abierto la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Una lectura enfocada un poco más allá del espectáculo de las idas y vueltas expone distintos puntos de vista sobre un rubro sensible. Se trata de un sector social afectado por un visible ajuste en estos años. Como respuesta, se buscó amortiguarlo en parte con sumas destinadas a las escalas más bajas, algo que, de todos modos, no esconde el efecto global sobre el sistema previsional.

La desinteligencia entre Gabriela Cerruti y Raverta sería algo más que una anécdota sobre otro traspié comunicacional. Tal vez, según una posible interpretación, una advertencia del kirchnerismo en días especialmente delicados.

En el Congreso, entre tanto, el proyecto de Presupuesto pasó a ser historia sin dar un paso. Con todo, está claro que el “programa plurianual” no podría desconocer la necesaria traducción presupuestaria y es allí donde están centradas las dudas sobre la reacción del conjunto del oficialismo.

Un punto especialmente destacado, en términos políticos y a la vista de especialistas en la materia, está constituido por las tarifas. El subsidio al sector energético en el año que termina habría superado los 10 mil millones de dólares. Y el dilema vuelve a ser cuál sería el recorte de subsidios, si lo hay, y en ese caso, cuál sería el incremento de tarifas con una inflación que se proyecta por encima del 50%.

Eso es parte central de los debates y negociaciones que vienen en el paño político. Según los planes oficiales, el memorándum de entendimiento con el FMI debería estar listo antes de Navidad, como base del plan plurianual que rápidamente sería enviado al Congreso. Será un fin de año intenso, para cerrar trato con el Fondo, asimilarlo en la interna y discutirlo con la oposición.