Algo más medido en palabras que sus vecinos de la región, e incluso que algunos miembros de su coalición, Mauricio Macri llamó este jueves a “recomponer el orden democrático en Venezuela y manifestó su preocupación por la disolución de la Asamblea Nacional” que decidió el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Macri eligió expresarse a través de un comunicado cuyo foco estaba puesto en la visita que le hizo a la Casa Rosada Lilian Tintori, la esposa del preso político venezolano Leopoldo López.

Acompañada por la madre de López, Tintori hizo ayer un raid por Buenos Aires, donde también fue recibida por los parlamentarios de Cambiemos. Tras su encuentro con Macri, la Presidencia argentina informó que el mandatario “insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral en Venezuela y pidió por la liberación de los presos políticos”, entre los que se encuentra López.

En el Congreso, Tintori volvió a describir la alarmante situación de su país. Entre los diputados estaban el líder de la bancada Mario Negri, y Eduardo Amadeo, del PRO- . Poco después Negri fue incluso más duro que el comunicado de la Presidencia al señalar que en Venezuela se estaba “consumando un autogolpe”.

Pero más allá del caso López, por el que Macri pide desde que fue encarcelado, la reacción del Gobierno argentino guarda algunas singularidades propias que ayer volvieron a verse si las comparada por ejemplo con el comunicado de Itamaraty que repudió lo que llamó “ruptura del orden constitucional”. Otros retiraron embajador y la mayoría apuntó directamente que es un autogolpe. Para entenderlo, hay que remontarse a la relación de Macri y su canciller Susana Malcorra con Venezuela, y a la propia situación argentina.

Hasta anoche la Cancillería no se había pronunciado aunque Malcorra mantuvo conversaciones telefónicas con sus pares de la región. Supo también Clarín que el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, se encargó de las comunicaciones con algunos dirigentes venezolanos. Y de viaje en Buenos Aires, el encargado de negocios de Argentina en Caracas Eduardo Porretti -Macri mantiene intencionalmente vacante el puesto de embajador- tuvo el reporte telefónico desde la capital venezolana de Julio Borges, el presidente de la “destituida” Asamblea Popular.

En una suerte de pacto con el ex presidente Barack Obama -Argentina se ocupa de los derechos humanos en Venezuela y Washington del narcotráfico de los dirigentes chavistas- Macri fue el presidente que quebró la línea pro chavista del Mercosur, de los anteriores gobiernos. En la cumbre de Asunción, de diciembre de 2015, se levantó en público para pedir por primera vez a Venezuela, socio pleno del bloque aunque desde fines de 2016 con derechos suspendidos, que libere a los presos políticos y respete los derechos humanos.

Sin embargo ya tras asumir la presidencia, Macri había dejado de lado los reclamos para que se la suspendiera a Venezuela de la OEA, unan de las máximas instancias del largo proceso de aplicación de la Carta Democrática del organismo. Entonces Malcorra buscaba la candidatura de la secretaría general del organismo. Hoy, Argentina no sólo es el país en la presidencia pro témpore del Mercosur, sino que está por asumir la presidencia de la Unasur. Macri quiere poner en la secretaria general del organismo sudamericano a José “Pilo” Octavio Bordón, hoy embajador en Chile. Se necesita el voto de Venezuela. Pero además, la posición de Malcorra y de los diplomáticos de la región es que cualquier voto que se exponga en la OEA para sancionar a Venezuela con la máxima dureza como pide el secretario general Luis Almagro, es un voto perdido. La teoría de Buenos Aires hoy, en la que Macri acepta lo que dice su canciller es que los venezolanos deben resolver los problemas por sí mismos, la suspensión es último recurso, dicen en sintonía con la postura de otros 13 países de la OEA que la semana pasada se pronunciaron a través de un comunicado conjunto.